Educación quiere aprobar ya las carreras universitarias de tres años

El ministerio ignora las críticas del Consejo de Estado a su reforma

Alumnos en un examen en la Universidad Complutense. EL PAÍS

El Ministerio de Educación quiere dar vía libre ya a la implantación de los grados universitarios de tres años. El real decreto que permitirá a las universidades implantar carreras más cortas (el sistema actual es de cuatro años más uno de máster) pasará la semana que viene por el Consejo de Ministros con escasas modificaciones, según fuentes del ministerio, pese al varapalo que el Consejo de Estado dio a la modificación en un dictamen del 15 de enero. 

El órgano consultivo señalaba, entre otras cuestiones, que el real decreto prevé “un plazo muy breve” para la puesta en marcha del nuevo sistema, previsto a partir de septiembre de 2015. El departamento que dirige José Ignacio Wert ha decidido eliminar la fecha del borrador, según fuentes del ministerio, para que las universidades que elijan optar por las titulaciones de tres años, de implantación libre, empiecen el proceso de acreditaciones en cuanto se apruebe el real decreto.

El Gobierno defiende que esta modificación hará que los universitarios españoles tengan un sistema más “homogéneo” con el grueso de los campus europeos. El Consejo de Estado, como ya habían alertado la conferencia de rectores (CRUE), consideró en su dictamen que convendría fijar la misma duración de los títulos en todos los campus españoles. “Parece difícil alcanzar tal homogeneización cuando dentro de nuestro propio país podría darse el caso, con la redacción del proyecto, de que un mismo título tuviera una duración diferente en una universidad y otra”, señalaba el informe del órgano consultivo.

El ministerio cree que no tiene competencias para fijar un plan igual en todo el sistema universitario excepto en el caso de profesiones reguladas —sobre las que el Consejo de Estado también considera que quedan poco definidas en el decreto—, así que tampoco incluirá modificaciones en ese punto.

En las universidades españolas conviven todavía los grados de cuatro años que se implantaron de forma generalizada a partir de 2010 en el Plan Bolonia con el modelo previo de licenciaturas, diplomaturas e ingenierías. El consejo pedía que se tuviera en cuenta este aspecto y recordaba que aún no se ha evaluado cómo están funcionando las titulaciones de Bolonia, cuyos primeros graduados promocionaron el curso pasado. La coexistencia de tres planes de estudios no preocupa al ministerio, que alega que a partir del próximo septiembre quedarán extinguidas todas las carreras del sistema antiguo.

Tampoco buscará “un acuerdo general de las fuerzas políticas y sociales” antes de aprobar el cambio, como le pedía el órgano consultivo. El decreto ha sido rechazado por la CRUE y distintos sindicatos y partidos. “El Gobierno de Rajoy no puede proseguir en su senda de reformas, en este caso la universitaria, que carecen del rigor necesario y un mínimo de seriedad en el diagnóstico y en las propuestas”, señaló ayer José Miguel Pérez, secretario de Educación de la Comisión ejecutiva federal del PSOE.

Los socialistas piden la retirada del decreto, igual que el sindicato mayoritario en universidades. CC OO ve este cambio como parte de una “reforma encubierta” del sistema universitario, tras el incremento de las tasas que pagan los universitarios, el cambio en la acreditación del profesorado o la modificación de la normativa de creación de centros, aún pendiente.

 

“Los campus nos coordinaremos para la aplicación”

Los rectores creen que el ministerio “debería considerar seriamente una ampliación de los plazos”, reclama el presidente de la conferencia que los aglutina (CRUE), Manuel López. Este pide una moratoria “de al menos dos años” para la puesta en marcha de un sistema que incluya grados de tres años. Aplazar los cambios hasta 2017 “permitiría explicar bien las modificaciones sin que se produzca una situación de sorpresa y alarma en la ciudadanía y facilitaría a las universidades y las comunidades autónomas arbitrar medidas razonables para su aplicación”, añade.

La conferencia que aglutina todos los campus de España presentó un informe muy duro contra el plan de Educación para las universidades. El Consejo de Estado asumió en el dictamen algunas de sus críticas, aunque no son unánimes. Parte de las universidades catalanas ven con buenos ojos esta modificación. Así se lo hicieron saber la Pompeu Fabra o la de Barcelona al órgano consultivo, por ejemplo.

En cualquier caso, López asegura que si el decreto sale adelante “en los términos actuales”, los rectores convocarán una asamblea de la CRUE “para poder planificar razonablemente y de forma coordinada en todas las universidades la aplicación del decreto”.