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España triplica en dos años el gasto en cooperación policial con Marruecos

El Gobierno refuerza la inversión destinada al control conjunto de la frontera sur

J. Jiménez Gálvez
Fernández Díaz y su entonces homólogo marroquí, en un encuentro de 2012.
Fernández Díaz y su entonces homólogo marroquí, en un encuentro de 2012.

Desde el principio de la legislatura, con el objetivo de incrementar el control de la frontera sur, el Ministerio del Interior se fijó un objetivo prioritario: reforzar la cooperación policial con Marruecos. Una declaración de intenciones que se ha traducido, entre otras medidas, en la puesta en marcha de comisarías conjuntas, patrullas mixtas y el intercambio de agentes de enlace. Y también, como consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno, en un incremento del gasto destinado a tal fin. En apenas dos años, el importe invertido se ha triplicado.

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Según el escrito remitido por el Ejecutivo, la Secretaria de Estado de Seguridad destinaba 33.637 euros en 2012 a las actuaciones de cooperación policial para la vigilancia fronteriza. Esta cifra se elevó hasta los 69.260 euros en 2013; y se aumentó hasta los 108.733,85 euros en 2014, cuando se registró la crisis de las vallas de Ceuta y Melilla. "Este alza refleja una tendencia clara y evidencia cuáles son las intenciones del Ejecutivo", explica Jon Iñarritu, diputado de Amaiur y autor de la pregunta remitida al Congreso. Su partido, al igual que diversas ONG, han denunciado la colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos países para ejecutar las devoluciones en caliente, que consideran ilegales; y, a su vez, permitir la entrada en algunas ocasiones de agentes africanos en suelo español para retornar a Marruecos a subsaharianos que habían superado la valla de Melilla.

El Gobierno, por su parte, se defiende. "Las actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado en la línea fronteriza con Marruecos contemplan como principio básico el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente", subraya el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria a Amaiur, donde sentencia que todas las medidas policiales adoptadas se desarrollan "en consonancia con el pleno respeto de los derechos fundamentales".

Sobre las devoluciones en caliente, "a día de hoy" son legales

En otro escrito remitido a Iñarritu y en relación con las devoluciones en caliente, Interior insiste en que "a día de hoy" no existe ningún pronunciamiento judicial que las considere ilegales. Es más, el Ministerio —que las denomina "rechazo en frontera"— considera que "cumplen escrupulosamente con nuestro ordenamiento jurídico, con la máximas garantías de protección y respecto a los derechos fundamentales de los inmigrantes". De esta forma, pese a las críticas, el Ejecutivo mantiene su estrategia y continúa defendiendo que esta práctica se ajusta a la legislación española y no viola los tratados internacionales firmados por España. Una postura que contrasta radicalmente con la del Consejo de Europa. De hecho, el comisario de Derechos Humanos de dicho organismo, afirmó la pasada semana que las devoluciones en caliente contravienen la Convención Europea y, de legalizarse, supondrían "el inicio del fin de la política de asilo".

Aunque no especifica qué importes se destinaron a cada programa, Interior sí enumera las áreas que abarcaron las actividades de cooperación policial y formación: control de la inmigración irregular; investigación del tráfico y trata de personas, así como de las tramas de falsificación de documentos; y la Operación Paso del Estrecho (OPE). Y, además, el Gobierno desvela en esa respuesta parlamentaria que casi se triplicó, también, el gasto en actividades policiales conjuntas destinadas exclusivamente al control migratorio. Pasó de invertir 7.737,57 euros en 2012, a 19.485,5 euros en 2014.

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Precisamente, en línea con la estrategia de Interior de "cooperar con los países de origen y de tránsito para combatir la inmigración irregular", Jorge Fernández Díaz ha iniciado este lunes un viaje por Senegal y Mauritania para "afianzar" la cooperación con sus Gobiernos en esta materia, así como en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. "Es firme el compromiso de España con Senegal para luchar juntos", ha aseverado el ministro en su primera parada en al país africano.

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Sobre la firma

J. Jiménez Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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