Cuatro autonomías rechazan el examen de primaria de la ‘ley Wert’

Cataluña, Euskadi, Andalucía y Canarias buscan alternativas a la pueba de tercero

Alumnos del colegio Estudio de Madrid. EL PAÍS

La próxima primavera, los alumnos de 3º de primaria (ocho y nueve años) se enfrentarán al primer examen general de la era LOMCE sobre Lengua y Matemáticas. El Ministerio de Educación ha hecho ya público un marco general para esta primera prueba que inicia el camino de las evaluaciones externas recogido en la reforma educativa que dibuja la ley Werty que en secundaria y bachillerato serán una reválida, es decir, quienes no aprueben ese examen no obtendrán el título. De momento, este primer control de evaluación ha generado rechazo en parte de las comunidades autónomas encargadas de aplicarlo.

El marco general de actuación, que incluye ejemplos de exámenes para profesores y alumnos y distintas directrices, fue elaborado con la colaboración de las comunidades. Además de los expertos del ministerio, participaron 10 regiones gobernadas por el PP, además de Navarra (con Ejecutivo de UPN), Canarias (Coalición Canaria-PSOE) y País Vasco (PNV). Este documento es uno de los asuntos que debatirán el ministro, José Ignacio Wert, y los consejeros autonómicos en la conferencia sectorial que se celebra esta tarde. Al menos cuatro comunidades plantean alternativas a este control. Son Andalucía (en manos del PSOE), Canarias, País Vasco y Cataluña (CiU).

Fuentes de la Generalitat catalana sostienen que la prueba del Ministerio de Educación no es obligatoria y que aplicarán su propio modelo, informa Camilo S. Baquero. En Andalucía, la Junta considera también que la ley Wert no fija estos contenidos —el artículo 20 que regula dicho control alude a una “evaluación individualizada” y no a una prueba externa— y rechazan hacer este examen a todos los estudiantes, según fuentes del Gobierno andaluz.

Reunión oficial

El Ministerio de Educación convoca hoy a las comunidades autónomas a una conferencia sectorial para debatir varias medidas relacionadas con la LOMCE.

El asunto más polémico es el real decreto que fija los currículos de secundaria y bachillerato, aprobado el 3 de enero, y para el que cuatro comunidades —Canarias, Andalucía, Asturias y Cataluña— han pedido una moratoria.

El orden del día incluye el decreto de especialidades docentes, el examen de primaria y la situación de la plataforma digital de libros de texto del ministerio.

El Ejecutivo vasco estudia la opción de aplicarlo de forma muestral —solo a un grupo reducido de alumnos—, aunque aún no han tomado una decisión concreta, indica un portavoz del Departamento de Educación. Y Canarias ya ha decidido que lo aplicará en un grupo de centros a modo de proyecto piloto. Fuentes del Gobierno insular defienden que los alumnos acaban de empezar con el nuevo currículo, en vigor desde septiembre y que los centros deben hacer un rodaje previo.

El ministerio defiende este tipo de exámenes globales desde el inicio de la tramitación de la reforma porque considera que incentiva el “esfuerzo de los estudiantes” y otorga “transparencia” al sistema. Sus detractores recelan de que los resultados de estas pruebas, que estarán disponibles para los centros y las familias, sirvan para establecer las polémicas clasificaciones de colegios en función de los resultados obtenidos.

El marco general de la evaluación de 3º de primaria, disponible en la web del ministerio, recoge que los resultados se enviarán al Congreso y a la comunidad educativa “en su conjunto”. Ello incluye a alumnos, profesores, padres, centros, inspección y administraciones educativas, por lo que es previsible que estos datos acaben siendo públicos y permitan establecer clasificaciones.

Esta hoja de ruta fija un plazo de siete semanas, tras la realización de la prueba, para que los centros realicen un informe individualizado de cada alumno “permitiendo detectar de manera precoz dificultades en el aprendizaje”. Además, recomienda que la prueba se distribuya en dos días de examen: uno para la competencia matemática (cálculo y resolución de problemas) y otro para la comunicación lingüística (comprensión oral y escrita y expresión escrita).

Los contenidos se adaptarán a los niños con necesidades educativas especiales, a los que se examinará de materias “correspondientes a dos o más niveles educativos inferiores respecto al que está escolarizado” y cuyos resultados no se usarán para hacer la nota media de su centro. La prueba será corregida por profesores de primaria que no den clase a los estudiantes evaluados.

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