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Sanidad exigirá a familias africanas que renuncien por escrito a la ablación

Los médicos registrarán los casos de mutilación y la población de riesgo en España

Los médicos españoles pedirán a las familias extranjeras procedentes de países en los que se practica la ablación, principalmente de África subsahariana, que se comprometan por escrito a no someter a sus hijas a esta mutilación cuando viajen a sus lugares de origen. Si los padres no firman, podrán comunicarlo a los servicios de protección de menores y a la fiscalía para que estudien actuaciones cautelares. Esta es una de las principales medidas incluidas en el protocolo que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobarán este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, que deberán aplicar los profesionales sanitarios de toda España para detectar, tratar y prevenir la mutilación genital femenina.

El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recoge tanto medidas terapéuticas como preventivas. Por un lado, explica todas las secuelas físicas que puede causar la ablación y cómo actuar ante ellas (por ejemplo, durante un parto) y, por otro, qué debe hacerse cuando aparece un caso de riesgo. “Es el primer protocolo común contra la ablación que se aprueba en España, y lo hemos considerado necesario porque la inmigración ha hecho que este problema ya no sea exclusivo de África. Aquí, también existe y estamos obligados, como manda la ONU, a visibilizar y actuar contra cualquier forma de violencia contra la mujer”, destaca Blanca Hernández, delegada del Gobierno para la Violencia de Género. En España, la mutilación femenina se considera un delito de lesiones desde 2003.

Unas 17.000 niñas de 0 a 14 años residentes en España están en riesgo de ser sometidas a la ablación, sobre todo cuando visitan sus países de origen, según el documento. Es el dato más aproximado que puede hacerse sobre la incidencia de esta práctica. “Es un tema tabú, las mujeres no quieren hablar de ello, por eso solo un profesional sanitario puede constatar si hay mutilación con una exploración. Pero no hay ningún registro médico en el mundo que recoja el dato real de mujeres mutiladas, por lo que solo podemos cifrar la población de riesgo”, señala Julia Pérez, directora de la Unión de Asociaciones Familiares (Unaf), una organización que ha colaborado en la elaboración del documento. “Por eso es importante este protocolo. Sobre todo, porque se centra en el ámbito sanitario, que es donde se puede hacer un registro de cada caso y trabajar directamente en la prevención”, añade Pérez.

Amplia costumbre

  • La fundación Wassu-UAB calcula que más de 57.000 mujeres mutiladas viven en España y alrededor de 17.000 niñas residentes en España están en riesgo de ser sometidas a una ablación.
  • El Parlamento Europeo calcula que en Europa están en riesgo medio millón de niñas. En todo el mundo, según UNICEF, más de 125 millones de mujeres han sido mutiladas y otros 30 millones pueden serlo en la próxima década.
  • La población en riesgo procede principalmente de África subsahariana. También se practica en algunos países de Oriente Próximo, como Omán, Yemen y Emiratos Árabes, y en algunas comunidades de Asia: India, Indonesia, Malasia, Pakistán y Sri Lanka. Se conocen casos en América Latina (Brasil, Colombia, México y Perú).
  • Un tercio de la población de riesgo residente en España vive Cataluña.

Cuando un médico o pediatra atienda a una niña en riesgo, el protocolo establece que deberá realizar una exploración de los genitales (incluida en las revisiones pediátricas obligatorias). Si detecta que hay mutilación, tendrá que registrarlo en su historia clínica e intentar averiguar si se realizó antes de que la menor llegara a España, y comunicarlo a los servicios de protección de menores. Si no la hay, deberá registrarlo igualmente y realizar revisiones de seguimiento. Además, tendrá que activar el programa de prevención, que empieza con la creación de una relación de confianza con la familia para poder desarrollar una concienciación paulatina. “Es un trabajo que lleva mucho tiempo. La ablación es una tradición muy arraigada y la presión de la familia que se queda en el país de origen es muy fuerte, no es fácil convencerles de que es perjudicial para sus hijas”, advierte la presidenta de Unaf.

El momento crítico en este trabajo de prevención es, precisamente, la realización de un viaje a sus países de origen, pues son escasas las intervenciones que se realizan dentro de España. Por eso, el protocolo recomienda a los médicos estar alerta ante estos viajes e intensificar la actividad preventiva con los padres. “Se ofrecerá información a la familia, consecuencias para la salud, legales, etcétera. A continuación, se ofrecerá a la familia la firma de un compromiso preventivo para que los progenitores puedan utilizarlo en el viaje a su país como elemento de apoyo en su decisión de que su hija no sea mutilada”, explica el documento. Esto puede ayudarles a justificar ante sus familias su negativa, y podría evitar casos como el de un matrimonio de Gambia, residente en Lloret de Mar (Girona), cuyas dos hijas, de siete y tres años, fueron mutiladas durante unas vacaciones en 2006. La Audiencia Nacional absolvió a los padres al considerar que el delito se cometió sin el consentimiento de los progenitores, pues fue su abuela quien lo hizo.

Si los padres no firman, “el personal sanitario lo puede comunicar a la entidad pública de protección de menores y al ministerio fiscal, que podrán poner en marcha el proceso para la adopción de medidas cautelares que lo eviten”, prosigue el texto.

El compromiso preventivo es voluntario y no garantiza que, una vez en el país de origen, la niña no vaya a ser mutilada, pero es un instrumento que los expertos consideran muy útil, como ya se ha demostrado en Cataluña, Aragón y Navarra, las tres únicas comunidades que tienen un protocolo médico contra la ablación.

Cataluña, que fue la pionera al aprobar su protocolo en 2007, es precisamente la comunidad con mayor población de riesgo. Con más de 70.000 extranjeros de países en los que se practica la ablación, allí se concentran un tercio de las mujeres en riesgo. Le siguen Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Aragón.

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