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Israel pide que España explique un congreso que considera antisemita

El Centro Simon Wiesenthal mantiene, en un informe, que Exteriores financió indirectamente un congreso que considera condenatorio del pueblo judío

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José Manuel García-Margallo.

El Centro Simon Wiesenthal, una organización judía que persigue el antisemitismo y que tiene sede en Estados Unidos, ha denunciado en un reciente informe que el Gobierno de España financia, de forma indirecta, a grupos y personas que realizan actividades y eventos antiisraelíes y antisemitas. “¿Es política española promover la aniquilación del Estado Judío de Israel para que lo sustituya el Estado de Palestina?”, se pregunta la organización.

El Centro denunció el 5 de enero en ese informe, coordinado por su director de Relaciones Internacionales, Shimon Samuels, que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un órgano que depende de Exteriores, financió un congreso de ponencias que llamó supuestamente a un boicot internacional genérico contra todo el Estado de Israel, a la demonización de dirigentes israelíes y a actos de violencia contra los judíos.

Samuels, en una entrevista con EL PAÍS, acusó este martes al Gobierno de Mariano Rajoy de haber contribuido de forma importante a la financiación de este evento que tuvo lugar en Málaga y Sevilla entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre de 2014, “de acuerdo con el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS) en contra de Israel”.

Los actos polémicos

  • El congreso denunciado por Israel es la Conferencia Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil en apoyo de Palestina, coordinada por FAMSI (Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional), la división de la ONU para los Derechos de los Palestinos y la Asociación Al Quds.
  • El evento se celebró en Málaga del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2014, y en Sevilla los días 2 y 3 de diciembre.
  • El 3 de diciembre se inauguró en la Universidad Autónoma de Madrid una exposición que Israel considera antisemita.

El Gobierno de Israel, por su parte, ha dado validez a estas acusaciones y pide explicaciones al ministerio de Exteriores español. “Israel expresa su profunda consternación frente a las revelaciones del Centro Simon Wiesenthal relacionadas con la subvención económica del Gobierno español a personas y organizaciones que propagan una ideología extremista antiisraelí y antisemita”, afirmó a este periódico el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Emmanuel Nahshon. “Estamos seguros de que el ministro García Margallo, que llegará al país en los próximos días, no tiene conciencia del uso abusivo y criminal que se ha hecho con el dinero pagado por los contribuyentes españoles y estamos seguros de que actuará con celeridad para revisar esta situación”.

La llamada Conferencia Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil en Apoyo de Los Derechos de los Palestinos comenzó el 29 de noviembre bajo el lema “El año internacional de solidaridad con el pueblo palestino” y contó con el auspicio de varios cuerpos oficiales españoles, entre los que se encuentran el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (subvencionado por la AECID), la Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la División de los Derechos de los Palestinos de las Naciones Unidas.

La rueda de eventos culminó en una exposición inaugurada el 3 de diciembre en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid, en la que se exhibió una imagen similar a una esvástica sobre el mapa de Israel y una imagen del ex primer ministro, Ariel Sharon, a quien le atribuyen una cita falsa: “No conozco algo llamado principios internacionales. Juro que quemaré a cada niño palestino que pueda nacer en esta zona”.

El Centro Wiesenthal asegura que al subvencionar, aunque sea indirectamente, esta muestra, el Gobierno español está en infracción con sus obligaciones como signatario de Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y de la Declaración de Berlín, que establecen que equiparar a Israel con el nazismo es un acto de antisemitismo.

Farhan Haq, portavoz de la Naciones Unidas, aseguró en un correo electrónico enviado a EL PAÍS que “la ONU no llama al boicot del Estado de Israel y no apoya tales peticiones. Los institutos involucrados deberían explicar esta exposición”. La misión Permanente de la República de Senegal, que encabeza al Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino en las Naciones Unidas no respondió a las repetidas llamadas por parte de esta redacción.

Una visita poco grata

Miguel González, Madrid

La denuncia del Centro Wiesenthal, con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, anticipa el ambiente hostil que el jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, puede encontrarse en su segunda visita a Israel, la próxima semana.

El momento no puede ser más delicado: Israel está inmerso en la campaña de las elecciones convocadas para el 17 de marzo y su relación con la Autoridad Nacional Palestina en plena escalada de tensión, después de que ésta decidiera adherirse a la Corte Penal Internacional (CPI) y Netanyahu le retuviera en represalia la entrega de más de 100 millones en impuestos.

Margallo no es el primer ministro español que visita Israel después de que el Congreso aprobara en noviembre el reconocimiento del Estado palestino; ya lo hizo el titular de Defensa, Pedro Morenés, pero es al canciller a quien las autoridades israelíes culpan de una iniciativa que consideran profundamente equivocada.

Con todo, Margallo ha decidido viajar a Israel en el marco de una gira que le llevó a finales de año a Egipto y proseguirá a partir del sábado en Jordania y Palestina. Aunque no sea bien recibido, al menos por una parte del Gobierno israelí, España se sienta desde el 1 de enero en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que implica una responsabilidad añadida. Y aunque Palestina presentó el 30 de diciembre su propuesta de poner fin a la ocupación israelí en 2017, por lo que España no tuvo que votarla, el conflicto volverá a la ONU. Más pronto que tarde.