Agentes secretos marroquíes combaten a la yihad en España

La amenaza terrorista obliga a reforzar la colaboración con Marruecos. La mayoría de los islamistas detenidos y condenados son residentes del vecino país

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Mustafá Maya, reclutador de yihadistas durante su detención en Melilla.

Agentes de la Dirección General de la Vigilancia del Territorio marroquí (DGST), el servicio secreto interior del Reino de Marruecos, participan en territorio español en la lucha contra el terrorismo yihadista en España, según reconocen por primera vez fuentes oficiales españolas. Lo hacen en tareas de información y asisten a las redadas— aunque sin armas— en las que los objetivos son islamistas marroquíes residentes en España.

La mayoría de los terroristas yihadistas detenidos y condenados en España son de nacionalidad marroquí. Siete de los trece islamistas procedentes de España que han muerto en Siria en acciones suicidas o luchando bajo la bandera del Estado Islámico (EI) o del Frente al Nusra, filial de Al Qaeda, eran marroquíes residentes aquí, según la información oficial de la Policía.

La discreta presencia de estos agentes en las últimas operaciones antiterroristas de la Policía española en Melilla y Ceuta donde se han desarticulado células que captaban a muyahidines para enviarlos a Siria supone un hito en las relaciones de los servicios de información españoles con sus homólogos marroquíes. “Esto era impensable hace solo dos años . Es una prueba de confianza y resulta eficaz“, asegura un responsable policial de la Comisaría General de Información de la Policía.

La presencia de los miembros de la DGST marroquí en territorio español va más allá de la mera observación ya que comparten la información de la que disponen y facilitan la coordinación necesaria en los golpes contra células yihadistas que operan en los dos países. La última operación conjunta tuvo lugar el pasado 16 de diciembre. De manera coordinada se detuvo a dos hombres en Castillejos, localidad próxima a Ceuta, y a otras cuatro personas en Melilla y Barcelona que captaban por WhatsApp y otras redes sociales a jóvenes para enviarlas a luchar a Siria e Irak bajo la bandera del Estado Islámico.

Siete de los trece muyahidines procedentes de España muertos en Siria eran marroquíes

La estrecha colaboración de los dos países ante la amenaza islamista y las operaciones conjuntas han quedado patentes el el pasado año. En marzo, mayo y septiembre policías de los dos países desarticularon varias redes que desde Nador, Fez y Tetuán (Marruecos) y Melilla enviaban a combatientes de distintos países hacia la muerte. En todas ellas agentes de la DGST estuvieron presentes y trabajaron codo a codo con sus homólogos españoles.

Un comisario de policía español ha estado, también presente, en Marruecos en las operaciones antiterroristas que se han desarrollado en ese país y que tenían vinculos con células establecidas en España. “La colaboración es total. Hemos avanzado hasta posiciones que nunca habríamos imaginado. Ellos están igual de interesados que nosotros. Tenemos muy claro que estamos amenazados y que hay que trabajar unidos”, asegura un responsable operativo de la policía.

En el plano judicial la colaboración entre Marruecos y España se estrecha cada día más. La creciente amenaza terrorista y el Grupo Cuatripartito dc fiscales que agrupa a Francia, Bélgica, España y Marruecos contribuyen a una relación más fluida y rápida. “La cooperación policial y judicial entre España y Marruecos vive uno de sus mejores momentos, particularmente en la investigación del terrorismo de naturaleza yihadista”, afirma Javier Zaragoza, fiscal jefe de la Audiencia Nacional.

Zaragoza destaca la amenaza que representa el terrorismo yihadista para los dos países “focalizada muy singularmente en Ceuta, Melilla y localidades marroquíes próximas que se han convertido en un auténtico vivero de adoctrinamiento y reclutamiento para las organizaciones terroristas yihadistas, y en especial para el Estado Islámico”.

 Fiscal Javier Zaragoza: "estamos ante una situación de una gravedad extrema"

El fiscal jefe no oculta su preocupación: “Necesitamos cortar este flujo de combatientes hacia Siria e Irak que se está ampliando ultimamente a menores de edad, lo cual nos coloca ante una situación de una gravedad extrema no solo por el constante crecimiento del Estado Islámico, que está generando un incontrolable efecto de llamada en nuestros países, sino también por el elevado riesgo para nuestra seguridad y por la importancia de los bienes jurídicos en juego cuando los afectados son menores”.

En un reciente encuentro en Rabat las fiscalías de los dos países han acordado emplear el mecanismo de denuncia oficial para el traslado de evidencias y pruebas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con la detención de Mohamed Said Mohamed, actualmente en prisión, como presunto responsable de una célula terrorista dedicada al adoctrinamiento y traslado de militantes a las zonas de conflicto musulmán, cuyos miembros fueron detenidos en Marruecos en el marco de la operación Firewell.

Zaragoza y Hassan Daki, fiscal general de la Corte del Tribunal de Apelación de Rabat, comparten, también, la necesidad de reformar los convenios bilaterales “ya un tanto obsoletos” para mejorar la eficacia contra el terrorismo yihadista. “Queremos incluir nuevos instrumentos y técnicas de investigación como la formación de equipos conjuntos de investigación o el uso de agentes encubiertos permitiendo la entrega de nacionales y agilizando al máximo los canales de traslado e intercambio de información”.

Durante los últimos años los magistrados de enlace de España y Marruecos en Rabat y Madrid han contribuido a mejorar el flujo de la información entre ambos países, pero el aumento de la amenaza yihadista obliga a reforzar aún más las vías de comunicación. El pasado mes de octubre el Ministerio del Interior condecoró a Abdelatif Hammouchi, el responsable de la DGST marroquí, y a otros dos mandos policiales vinculados a la lucha contra el terrorismo internacional. Hammouchi está reclamado por un juez francés por su presunta complicidad en tres casos de tortura. La decisión del Gobierno español fue criticada en Francia por la Asociación Cristiana por la Abolición de la Tortura (ACAT), que presentó dos de las denuncias, y por sectores políticos marroquíes. El Gobierno de Marruecos se ha querellado contra los denunciantes.

 investigacion@elpais.es