El Poder Judicial respalda a Madrigal como fiscal general del Estado

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial respaldó ayer por unanimidad el nombramiento de Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado. Según informó el órgano de gobierno de los jueces, el acuerdo fue adoptado por unanimidad de los vocales en un pleno extraordinario en el que el único punto en el orden del día era informar sobre la propuesta del Gobierno de nombrar a Madrigal al frente del Ministerio Fiscal.

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite de audiencia establecido en el artículo 124.4 de la Constitución y su informe, que es preceptivo pero no vinculante, se remitirá al Consejo de Ministros. El Ejecutivo eligió a Madrigal, hasta ahora fiscal coordinadora de Menores, para sustituir a Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado tras su dimisión el pasado jueves, y se convertirá en la primera mujer que ocupará ese cargo.

Tras el visto bueno del Poder Judicial, el Gobierno remitirá al Congreso de los Diputados su propuesta mediante un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros y en caso de que el examen ante la Comisión de Justicia, previsto para el próximo 8 de enero, sea también positivo, el Ejecutivo publicará el nombramiento en un real decreto. Cuando sea definitivamente nombrada, la fiscal general prestará ante el rey su juramento o promesa y, previsiblemente el 10 de enero, tomará posesión del cargo ante el Supremo.

Madrigal, nacida en Segovia hace 58 años se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978. Ingresó en la carrera fiscal en 1980 con el número tres de su promoción y lleva 34 años de fiscal, los últimos siete de ellos como fiscal de sala, que es la máxima categoría. Antes, entre 1996 y 2008, fue fiscal del Supremo, donde se encargó de la causa de los papeles de Sokoa, sobre documentación hallada en un arsenal de ETA, por estar implicado José Antonio Urrutikoetxea Begoetxea, Josu Ternera, que estaba entonces aforado ante el alto tribunal. También intervino en el caso Otegi, el caso Intelhorce y las escuchas del Cesid.