El silo nuclear de Cuenca avanza pese a las dudas sobre el terreno

"Enresa no se ha planteado paralizar las adjudicaciones", ha sido la respuesta que ha ofrecido esta empresa pública sobre las obras que está licitando para la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, que está previsto que se construya en Villar de Cañas (Cuenca). El Consejo de Administración de Enresa aprobó el 4 de septiembre sacar a concurso la "obra civil principal" de esta instalación, con un coste de adjudicación máximo de 217 millones de euros, sin contar el IVA. El plazo para presentar las ofertas terminó el 27 de octubre y, según dijo la sociedad estatal entonces, la firma está "prevista para el 1 de febrero de 2015".

Esos plazos no han variado —según la contestación que ha dado este miércoles Enresa a EL PAÍS— a pesar de las dudas que han surgido en los últimos meses sobre la idoneidad de los suelos de la parcela elegida. Enresa tampoco ha recibido aún el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuyo pronunciamiento es preceptivo y vinculante. La empresa pública ha asegurado este miércoles que las obras solo se acometerán cuando "disponga de las autorizaciones preceptivas para ello".

El CSN emitió el 15 de septiembre un informe —firmado por Antonio Munuera, director técnico de Seguridad Nuclear— en el que planteaba un largo listado de peticiones de información adicional a Enresa. Entre otras cosas, se solicitaban más datos para asegurar que el diseño de las cimentaciones es el correcto, información sobre sismicidad en la zona, inundabilidad del terreno y composición geológica.

Este informe, donde se reclaman muchos más datos, es posterior al concurso abierto por Enresa para adjudicar la obra. En el pliego se detallan las características técnicas de las tres primeras fases de construcción del silo. Y esas características podrían variar. El 24 de octubre —tres días antes de que se cerrara el plazo para que las empresas se presentaran al concurso abierto por Enresa— la sociedad de ingeniería estadounidense URS, subcontratada por el CSN para supervisar el proyecto, emitió otro informe importante. En el documento se alerta de que, partiendo de la información suministrada por el promotor del almacén, "el emplazamiento previsto es inadecuado". URS apuntaba a la "excepcionalidad de las condiciones de expansividad potencial que presenta el terreno de cimentación" que complicarían asegurar la estabilidad de las edificaciones previstas.

Enresa ha contratado en las últimas semanas al menos dos nuevos estudios geológicos. Uno de ellos, sobre "geotecnia, sismicidad y geofísica", se adjudicó por 110.960 euros en un procedimiento negociado sin publicidad. El segundo, por 57.920 euros y también sin publicidad, se ocupa de "geotecnia, estabilidad del terreno y sistemas constructivos". Fuentes conocedoras de estos estudios afirman que al menos uno de ellos aún no ha concluido y que forman parte de "la caracterización de los materiales del terreno", es decir, que aún se está estudiando su composición exacta.

El PSOE ha llevado este miércoles estas dudas a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Antonio Hernando, ha preguntado al Ejecutivo "por qué no ha paralizado el proceso ATC". "¿Lo va a paralizar inmediatamente?", ha insistido Hernando.

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, ha recordado a los socialistas que el anterior Ejecutivo fue el que incluyó a Villar de Cañas en la terna de candidatos a albergar el ATC. "El Gobierno anterior dejó elegidos ocho emplazamientos para el ATC, de los cuales cuatro eran los más idóneos", ha dicho. Entre esos cuatro figuraba Villar de Cañas. Pero fue el actual Ejecutivo el que decidió, nada más ganar las últimas elecciones, que el silo iría al municipio conquense.

Sáenz de Santamaría no ha entrado en la posible paralización del proceso de adjudicación. Pero ha recordado que ahora mismo se está en la fase de "otorgar las concesiones para el emplazamiento y para la construcción". El CSN, ha afirmado, debe emitir un "informe preceptivo", que será "vinculante" en el caso de que sea "negativo". "Se están pidiendo todos los informes pertinentes y eso a mí me tranquiliza", ha sostenido la vicepresidenta.