Petición de diez años de cárcel para dos excargos del PP balear

Dos antiguos gerentes con el PP del Instituto balear del Turismo (Ibatur), entidad pública del Gobierno de Baleares que manejó presupuestos de más de 20 millones anuales, se enfrentan a peticiones de diez años de cárcel por supuesta corrupción. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Juan Carlos Alía y a Raimundo Alabern por el supuesto cobro de comisiones de hasta el 15 % y exigir regalos y la realización de trabajos particulares a las empresas suministradoras de servicios con las que se concertaban.

Los supuestos delitos investigados son los de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude a la administración, prevaricación, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. Alabern, según el escrito judicial de final de la instrucción del juez Pedro Barceló, llegó a reclamar a una suministradora la impresión de folletos para la bodega de su familia, Son Puig.

Alía, tras salir del cargo de gerente, por un escándalo público de gastos de fondos públicos en un club erótico de Moscú, quedó bajo la protección política del PP y fue compensado económicamente: facturó mensualmente a Ibatur por la realización de supuestos trabajos.

En total se han detectado el cobro de dádivas por 128.400 euros en el período de 2004-2007. La acusación, ejercida por el fiscal Juan Carrau, indica que los imputados aprovecharon sus cargos para contratar de manera ilegal y arbitraria y favorecer con fondos públicos a empresarios de los que obtenían beneficios, un porcentaje sobre las adjudicaciones. A los acusados se les reclama una responsabilidad civil de unos 321.000 euros.

Con los dos ex altos cargos estará en el banquillo el tercer peón de la trama, el jefe de la asesoría jurídica de Ibatur, Miguel Ángel Bonet, con una petición de cinco años de cárcel. Bonet tiene una condena por malversación y figura imputado en el ‘caso Nóos’.

Tres empresarios (Kamal Dorai, Tolo Morey y Francisca Jaume) que se concertaron con los cargos públicos se enfrentan a posibles condenas de entre tres años; uno de ellos, el editor Morey que ayudó a destapar la trama y confesó los delitos al ser detenido, merece atenuantes de colaboración con la justicia y pactó una posible pena de un año y medio de prisión. Los miembros del clan corrupto evitaron que otros empresarios pudieran concurrir a las adjudicaciones y fragmentaban los importes y traficaban con facturas.