La Audiencia confirma la prisión de Granados por la ‘Operación Púnica’

La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión a Francisco Granados, ex secretario general del PP madrileño, por su implicación en la Operación Púnica, la red corrupta en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La Sección Cuarta de lo Penal ha desestimado el recurso de Granados contra su ingreso en la cárcel, el pasado 31 de octubre al entender que persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo recuerda que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. También considera la sala que la detención de Granados, que pasó más de 72 horas en dependencias policiales desde que fue detenido por la policía hasta que compareció en el despacho del magistrado instructor de la Operación Púnica fue legal.

Granados está considerado, junto a su amigo el constructor David Marjaliza, como eje de la red de amaño de contratos a cambio de mordidas. Velasco imputa al exalcalde de Valdemoro y exconsejero de los gobiernos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid beneficiar a su amigo Marjaliza y a otros empresarios en materia de contratos públicos y urbanismo. El político no reservó su influencia para favorecer a otros sino que también trabajó para sí mismo: por sus gestiones, los empresarios supuestamente le pagaron con “diversas operaciones inmobiliarias”. Granados abandonó la política en febrero de 2014 tras publicarse que tenía una cuenta de 1,6 millones de euros en Suiza.

La Sección Cuarta mantiene a Granados en la prisión de Estremera, que él mismo inauguró cuando era consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, al entender que la organización criminal a la que supuestamente pertenecía “dota a sus componentes de cuantiosos medios económicos”. Estas ayudas pueden servir a Granados, considera la sala, para “la planificación de una eventual huida”. También ve “muy probable” que el ex político intentara “destruir, alterar u ocultar fuentes de prueba” debido a su “capacidad de interferencia e influencia sobre otros imputados, testigos o peritos”.

El juez Eloy Velasco, por otro lado, ha puesto una fianza de 25.000 euros al exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga, que permanecía en prisión desde el 30 de octubre. Boza, que dimitió el pasado 6 de noviembre como regidor aunque mantiene el acta de concejal, ha declarado ante el magistrado instructor durante tres horas. Según el juez Velasco, el exalcalde “favoreció de manera continuada a empresas vinculadas a David Marjaliza y otros empresarios” mediante “adjudicaciones irregulares, revelación de información y otras conductas que han subordinado el interés público y la objetividad e imparcialidad de la Administración a los intereses particulares”.

Asimismo, el magistrado ha rebajado de 60.000 a 25.000 euros la fianza impuesta al exalcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez, que trató de sacar documentos del Ayuntamiento tras iniciarse la operación policial.