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Una colección de pintura, en manos de directivos investigados por fraude

La Guardia Civil requisa 40 cuadros, algunos de reconocidas firmas, a tres imputados

Plumas o relojes de firma a granel y hasta 40 cuadros entre los que hay pintores reconocidos, todavía pendientes de ser catalogados. El registro a los domicilios de tres directivos de una promotora inmobiliaria catalana a los que se atribuye el desvío de seis millones de euros terminó con este balance. La Guardia Civil, encargada de la investigación, acudió a las viviendas a principios de diciembre equipada con perros especializados en detectar dinero en efectivo. En el balance policial, no se especifica el metálico que se intervino, pero sí se da cuenta del nivel de vida de los principales implicados de la operación CAPSA, que sigue abierta.

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Los directivos arrestados son el presidente, el director general y el subdirector de la empresa promotora. Según la investigación de la Guardia Civil solicitaban créditos a cajas de ahorros con la intención de adquirir solares y realizar promociones inmobiliarias, pero estos proyectos nunca veían la luz. Una vez que tenían el dinero utilizaban sociedades pantalla para realizar operaciones fraudulentas como emitir facturas infladas o servicios que no se prestaban.

Los directivos, de 55, 46 y 70 años, residen en Sant Felliu de Codines, Esplugues de Llobregat y Terrassa y se les imputan delitos de apropiación indebida, falsedad documental, administración desleal y contra la Hacienda Pública.

Durante la investigación han sido detenidas otras 15 personas, que hacían de administradores de sociedades de las que se servía la promotora, y se ha intervenido abundante documentación y ordenadores.

Los principales implicados constituyeron sociedades participadas al 50% con varias cajas de ahorros entre 2004 al 2007, de tal manera que las entidades financieras aportaban la financiación para comprar los terrenos en toda la Comunidad Autónoma de Cataluña.

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Según los investigadores del grupo de delitos económicos y tecnológicos de la Guardia Civil de Cataluña, las cajas de ahorros cedían el control de las cuentas a la promotra, algo que facilitó que pudieran supuestamente, expedir facturas faltas por servicios no prestados, inflar facturas o refacturar.

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