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Papeles del PP de Salamanca apuntan a financiación ilegal en las municipales

El jefe de la campaña de 1999 anotó donativos en b de contratistas del Ayuntamiento

Fernando Rodríguez Alonso, en segundo término, tras el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en 2011.

Un documento del presupuesto de la campaña electoral del PP de Salamanca de 1999 apunta donativos de empresas beneficiadas por el Ayuntamiento, algo prohibido por ley. Se trata de un manuscrito realizado por Fernando Rodríguez Alonso, coordinador de esa campaña y actualmente tercer teniente de alcalde de la ciudad. Rodríguez Alonso apunta ingresos, algunos de ellos en b, de compañías como Seragua (hoy de FCC), Eulen, Gecocsa, Curto y otras ilegibles. Las firmas niegan que donaran dinero aunque el autor de las anotaciones admite: "Pueden referirse a donativos al partido".

En 1999 el PP aspiraba a renovar la mayoría absoluta obtenida en Salamanca cuatro años antes. Su candidato era Julián Lanzarote. El jefe de campaña fue Rodríguez Alonso, que lleva años entre bastidores en el partido.

El documento clave consta de tres páginas con membrete del PP. Su autor lo define como "un esbozo" del presupuesto. Según los papeles, el PP nacional le transfirió seis millones de pesetas (36.000 euros) para gastos. Sin embargo, anota a mano diferentes donaciones, con lo que el presupuesto asciende a 27,4 millones (165.000 euros). El presupuesto real multiplica por 4,5 el oficial.

Comunicado del PP de Salamanca

El PP ha hecho público un comunicado oficial sobre esta información en el que dice textualmente:

"Los documentos a los que hace referencia no reflejan en absoluto las cuentas de la campaña realizada por el PP con motivo de las elecciones municipales y autonómicas de 1999. La única contabilidad del Partido Popular de Salamanca está, elección tras elección, auditada y controlada por el Tribunal de Cuentas. Contabilidad que, ni en los ingresos ni en los gastos, coincide con la información hoy publicada.

La financiación de las campañas electorales del Partido Popular de Salamanca ha respetado siempre de forma escrupulosa la normativa vigente en la materia".

Entre las empresas que aparentemente donan dinero está Seragua. El coordinador de campaña le anota 2,55 millones de pesetas (unos 15.000 euros). Sus notas le apuntan a Seragua el pago de los PIP, los llamados Puntos de Información Popular, donde el partido repartía propaganda.

Se trata de la firma que junto a FCC ganó año y medio antes la privatización del agua de Salamanca durante 25 años. "Pagó 18 millones de euros más un canon anual y le permitían subir el recibo un 10% anual durante cinco años. Fue mal negocio para la ciudad", opina Fernando Pablos, entonces concejal y hoy secretario provincial del PSOE, que se opuso a esa privatización. Seragua, hoy llamada Aqualia y propiedad de FCC, niega a través de un portavoz cualquier pago.

El esquema recuerda al de otras cajas b que han aparecido durante la investigación de la trama Gürtel en el PP nacional, en Galicia o Valencia en esos años.

Rodríguez Alonso mira los papeles con su letra en la sede del partido en Salamanca. A la pregunta de por qué en algunos pagos anota A y en otros B, responde: "No puedo señalar a qué puede obedecer. Creo que en aquel momento la normativa de financiación de partidos políticos permitía a las empresas hacer donaciones en metálico a los partidos. No soy experto en eso. Yo no llevaba las cuentas del partido y creo entender que a lo mejor pueden referirse a donativos al partido que en aquel momento estaban permitidos por la legislación. Ahora ya la legislación se ha puesto evidentemente mucho más estricta, pero por aquel entonces eran mucho más flexibles las cantidades que las empresas podían donar a los partidos en campañas".

Eulen, FCC y las constructoras Curto y Gecocsa figuran en el manuscrito

Desde 1987, la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe a estos recibir donativos de "empresas públicas ni de empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras o suministros para alguna Administración Pública". La ley fue endurecida en 2007 para prohibir los donativos anónimos.

Rodríguez Alonso admite que había otros acuerdos: "Hay empresas contratistas del Ayuntamiento que no hacían aportaciones a la campaña monetariamente, sino que lo que hacían era en muchos casos colaborar, cerrar acuerdos de colaboración informativos o publicitarios con medios de comunicación locales".

Otra de las compañías que aparece es el grupo de servicios Eulen. En las anotaciones de Rodríguez Alonso figura como donante de dos millones y como suministrador de azafatas. La firma llevaba años con la concesión de mantenimiento de jardines de la ciudad. El 31 de agosto de 1999, mes y medio después de esas elecciones, Eulen ganó el concurso para gestionar cuatro piscinas municipales, contrato que acabó este año. El coste anual para el Ayuntamiento ha sido de 654.633 euros, según un informe municipal.

"Eulen venía trabajando con el Ayuntamiento muchos años. No hay absolutamente ninguna vinculación entre las contratas que pueda hacer el Ayuntamiento y las posibles colaboraciones, en los términos en los que hayan sido, de empresas con campañas electorales del PP", añade el autor de las notas. Una portavoz de Eulen lo niega: "No nos consta el pago que nos comenta ni ningún otro de este tipo ya que no es una práctica que se realice en la empresa".

Rodríguez Alonso sostiene que él no era el responsable de las cuentas: "El presupuesto provincial se lleva desde la gerencia provincial, no lo llevo yo". En esas elecciones, el secretario provincial del PP era Alfonso Fernández Mañueco, que iba de número dos en la lista. Hoy es alcalde y mantiene a su lado a Rodríguez Alonso. Mañueco, una figura emergente, es secretario regional del PP en Castilla y León, candidato a suceder a Juan Vicente Herrera y presidente del comité de Derechos y Garantías del PP nacional, el que tramita los expedientes en casos de corrupción.

También figura en los papeles la empresa Curto, junto a la cifra de 4,65 millones de pesetas y una B. El Grupo Curto es una conocida promotora de Salamanca. Esta adquirió en 2000 el edificio que albergaba el Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación del Ayuntamiento. El 30 de enero de 2001, el entonces alcalde y hoy senador, Julián Lanzarote, firmó con Mario Curto un nuevo alquiler por el que el coste para el Ayuntamiento subía un 60%: pasaba de 39 millones de pesetas al año (234.000 euros) a 62,64 (376.000 euros). El interventor municipal puso reparos: "No consta ningún informe técnico municipal que acredite que el precio es el adecuado al mercado".

El actual alcalde era
entonces secretario
provincial del partido

Mario Curto defiende el contrato de alquiler y niega que donara dinero al PP ni que tuviera relación con el Ayuntamiento. Alega que entonces estaba centrado en construir en Málaga. "En la legislatura 1999-2003 no tuvimos ninguna relación con el Ayuntamiento", añade por correo: "No consentiremos que se nos relacione con ningún grupo político, y menos con los supuestos actos de financiación del PP".

La última empresa reconocible es Gecocsa, otra constructora local. Su gerente, Miguel Hernández, admite que viven en un 99% de la obra pública, y que un 25% de su facturación procede del Ayuntamiento de Salamanca. Esgrime que precisamente por eso es imposible que financiase con dinero negro la campaña: "Contratamos con la Administración y por eso no generamos dinero b".

Hay otras anotaciones que las fuentes consultadas no han identificado al 100%: V.H., Limpiezas dipu, Diputación y ETT. Rodríguez Alonso afirma que no recuerda a qué corresponden.

investigacion@elpais.es

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