La Unesco pide explicaciones sobre el almacén de gas en Doñana

El director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Kishore Rao, ha pedido explicaciones al Gobierno español y a la Junta de Andalucía sobre el proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo del espacio protegido de Doñana. La compañía Gas Natural está tramitando ante estas Administraciones las autorizaciones para construir unos 20 kilómetros de nuevos gasoductos y 16 sondeos más en el entorno del parque nacional. La empresa extrae gas de la zona desde 1988 y su idea es emplear en el futuro las cavidades subterráneas como almacén.

El Ministerio de Medio Ambiente ha otorgado los permisos a la multinacional, pero la Junta se niega a conceder las autorizaciones por las dudas sobre el impacto en Doñana, que está catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. El veto de la Consejería de Medio Ambiente ha motivado que la compañía haya presentado una reclamación patrimonial ante la Junta por 358 millones de euros. Gas Natural también ha llevado esta petición de indemnización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

"Impacto potencial"

Kishore Rao, en una carta fechada el 24 de noviembre y remitida al embajador español ante la Unesco, ha pedido explicaciones a las dos Administraciones sobre el proyecto. Además, ha reclamado un pronunciamiento “a la mayor brevedad” sobre “el impacto potencial” en Doñana. Rao recuerda en su escrito que la Unesco ya mostró su “preocupación” por las consecuencias de esta actuación.

El escrito de la Unesco llega después de que la organización ecologista WWF enviara, el 19 de noviembre, un informe al Centro del Patrimonio Mundial en el que alertaba de la reclamación de 358 millones presentada por Gas Natural. WWF mostraba el temor a que la Junta acabe cediendo por la “elevada presión en un momento de dificultad económica para España”.

La solicitud de indemnización ha provocado que la Consejería de Medio Ambiente se haya dirigido a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre este asunto. El argumento principal del Gobierno andaluz es que la tramitación del proyecto se ha dividido en cuatro partes, algo que la consejería considera inadecuado. Andalucía quiere que la Comisión Europea respalde el veto al almacén y así ganar argumentos para evitar el pago de esos 358 millones.