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Rajoy le niega a Sánchez la posibilidad de abrir el debate constitucional

El líder socialista impulsa la creación de una comisión de estudio sobre la reforma de la Ley Fundamental para abordar “la grave crisis institucional”

Cuando a las once y cuarto de la mañana de ayer el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, registró en el Congreso una petición sobre la reforma constitucional sabía que Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, utilizaría su mayoría parlamentaria para rechazarla. Queda claro así que no se va a abrir el debate de la reforma de la Constitución de 1978 en esta legislatura.

A pesar de esta certidumbre, el líder del PSOE no va a cejar en su intento y promoverá el debate como pueda y donde pueda dentro de los márgenes que tiene como partido de la oposición. La iniciativa de Sánchez trata de crear una subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de la reforma de la ley fundamental. No ha presentado deliberadamente un texto articulado pero sí siete folios, consensuados con todos los barones territoriales del PSOE y con el PSC en la llamada Declaración de Zaragoza, del pasado octubre.

El Grupo Popular, a través de su secretario general, José Antonio Bermúdez de Castro, ofició el no a la propuesta y reprochó al PSOE su iniciativa “unilateral”. El argumento que ofrecen los socialistas para no presentar un texto concreto es que quieren discutir la iniciativa parlamentaria entre todos los partidos políticos. Esa es la razón por la que los socialistas no solicitan la formación de la ponencia constitucional, sino que una comisión de estudio en la que participarían expertos y miembros de órganos consultivos para que dieran su opinión sobre los aspectos de la Constitución que pretenden reformar.

El diálogo PP-PSOE es imposible, como comprobó ayer Pedro Sánchez tras conversar con el presidente Rajoy, al que llamó para informarle de que se dirigía al Congreso para registrar esta propuesta para abordar la remodelación de la Constitución.

El Gobierno y la dirección del Grupo Popular se preguntan sobre qué materias y con qué respuestas se planteará la propuesta socialista. No hay respuesta detallada porque esta será el resultado de esa comisión de estudio. Sí quedan por escrito “los retos” que el PSOE quiere afrontar con la “actualización de la Constitución” y que trata de responder “a la mayor crisis institucional que vive España desde la instauración de la democracia”.

Uno de los retos sería la revisión del modelo de Estado, desde “una perspectiva federal”, para resolver, entre otros, el problema del conflicto de Cataluña con el resto de España. El PSOE pretende delimitar la atribución de competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas; redefinir las funciones y la composición del Senado y “reconocer las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas”.

El blindaje del Estado de bienestar es otro de sus objetivos, por lo que deberían reconocerse en la Constitución nuevos derechos y, por último, “ampliar los espacios de participación ciudadana en la toma de decisiones”. En tono vehemente Pedro Sánchez expresó ayer en las puertas del Congreso su intención: “Solo pedimos al PP abrir el debate, solo eso. Si el PP utiliza el cerrojo de su mayoría absoluta, tendremos un problema con un Gobierno que se niega a hablar para buscar soluciones a varias crisis, entre ellas, la de convivencia”, auguró el secretario general socialista.

El PSOE quiere “actualizarla” para garantizar su permanencia

La convivencia preocupa también al PP y por eso rechaza la reforma, según dijo José Antonio Bermúdez de Castro apenas una hora y media después de que Sánchez hubiera presentado su iniciativa. “Es una propuesta innecesaria e inoportuna, y lanzada de forma unilateral”, replicó Bermúdez de Castro tras elogiar la Constitución vigente en torno a la cual España ha vivido el mejor período de su historia.

La Mesa del Congreso deberá decidir el próximo martes, si es que hay tiempo a que este asunto se trate esa semana, si, al menos, admite la propuesta para trasladarla a continuación a la Comisión Constitucional. Pero probablemente la iniciativa no llegará más lejos.

Quedarán por escrito las características que debería tener la subcomisión propuesta por el PSOE. Esta se compondría de 10 miembros: tres del PP; dos del Grupo Socialista y uno de cada uno de los grupos parlamentarios de CiU, Izquierda Plural (IU, ICV, CHA); PNV, UPyD y Mixto). Los trabajos de esta subcomisión serían públicos. Su objetivo sería abordar una remodelación constitucional mediante el diálogo y la búsqueda de los acuerdos necesarios “para delimitar los aspectos de esa reforma”.

Tras la comparecencia de expertos y la petición de informes a los órganos constitucionales que se determinen y a las comunidades autónomas, se elaboraría un informe con las sugerencias de cambio recabadas. “No se puede abrir una puerta sin saber cómo se va a cerrar”, señaló Bermúdez de Castro para justificar el inminente rechazo formal a la iniciativa sobre cuya presentación Pedro Sánchez informó la noche anterior a los secretarios territoriales. “No la vamos a abandonar”, les dijo Sánchez a los suyos. “Por ahora”, señalan fuentes de la actual dirección socialista, igual que en su día lo hizo la anterior cúpula del PSOE.

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