Un nuevo informe cuestiona la idoneidad del almacén nuclear

Las dudas sobre la ubicación del llamado Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) crecen. La empresa de ingeniería URS, subcontratada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para supervisar el proyecto, emitió un informe el pasado 24 de octubre en el que se alerta de que partiendo de la información suministrada por el promotor del almacén "el emplazamiento previsto es inadecuado". Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radioactivos en España, es la que está encargada de la construcción de este silo, pensado para albergar los residuos de alta intensidad que generan las centrales nucleares del país. En su informe, URS apunta a la "excepcionalidad de las condiciones de expansividad potencial que presenta el terreno de cimentación" que haría imposible asegurar la estabilidad de las edificaciones previstas. Las conclusiones a las que llega esta auditora parten de la información facilitada por Enresa. URS le pidió más datos y aclaraciones a la sociedad pública, y la empresa no ha contestado.

Luis Carlos Sahuquillo, diputado por Cuenca del PSOE, recuerda que el propio CSN puso en duda a mediados de septiembre la información facilitada por Enresa sobre decenas de aspectos técnicos del proyecto. Sahuquillo también critica que la sociedad pública haya iniciado el proceso de adjudicación de la parte más importante del proyecto —que tiene un presupuesto global de 927 millones de euros— sin haber recibido aún las autorizaciones para acometer las obras. El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti Scharfhausen, ha reconocido este miércoles en el Congreso de los Diputados que no se podrán iniciar los trabajos hasta que no se cuente con el visto bueno de este organismo.

Pero Enresa aprobó a principios de septiembre sacar a concurso público la obra principal del ATC, con un presupuesto de más de 217 millones. Sahuquillo teme que pueda pasar algo parecido a lo ocurrido con Castor, el almacén subterráneo de gas cuya obra se ha paralizado tras más de 500 seísmos. El Estado ha tenido que indemnizar con más de 1.300 millones a los promotores del almacén. En el caso del ATC de Cuenca, este diputado socialista advierte de que la empresa que consiga hacerse con la adjudicación —que se prevé que esté cerrada el 1 de febrero— pueda reclamar "lucro cesante" si el CSN no autoriza la obra.

Enresa ha sostenido este miércoles que "actualmente se están analizando y valorando las ofertas presentadas" para esta obra. Respecto al informe de URS, la sociedad pública asegura que no lo conoce. Sin embargo, fuentes del CSN afirman que el documento ya se le ha trasladado a Enresa.