Regeneración interruptus

Como anunció este jueves Mariano Rajoy, a un año para finalizar la legislatura sólo van a ejecutarse, en el mejor de los casos, dos iniciativas legislativas del pomposo Plan de Regeneración Democrática aprobado por el Gobierno en septiembre de 2013: simplificando, la reforma de la financiación de los partidos y la llamada “puerta giratoria”.

No se comprende bien la renuncia a prohibir las donaciones, directas o indirectas, de personas jurídicas a las entidades instrumentales vinculadas a los partidos

Por un lado está el proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos, que se propone avanzar hacia un sistema en el que la financiación tenga su origen en la ciudadanía y los poderes públicos, en proporción a su representatividad, además de incrementar la transparencia contable. Pero persisten las zonas opacas: no se comprende bien la renuncia a prohibir las donaciones, directas o indirectas, de personas jurídicas a las entidades instrumentales vinculadas a los partidos (fundaciones o asociaciones), incluso en el caso de empresas privadas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones públicas. Porque, aunque se introduce un procedimiento para que los partidos puedan rechazar las donaciones ilegales o dudosas, no se establece responsabilidad alguna en caso de donaciones anónimas. Por lo demás, las reformas del Tribunal de Cuentas no aseguran su descolonización partidista.

Quedarán en el limbo otras medidas que afectan a la tipificación penal y a los aspectos procesales de los delitos de corrupción

Por otro lado, el proyecto sobre el ejercicio de alto cargo de la Administración, aunque prolijo, no precisa el órgano encargado de verificar la “idoneidad” de los candidatos. Además, como se ha visto estos días con centenares de altos cargos exonerados de publicar sus bienes, se echa en falta una mayor armonización de la declaración de estos prevista en la vigente ley de conflictos de intereses de 2006. Así mismo, en lo referente a la Oficina de Conflictos de Intereses, habría que consolidar determinados aspectos de su régimen y procedimiento sancionador con las previsiones de la ley de transparencia.

A lado de esto, claro está, quedarán en el limbo otras medidas que afectan a la tipificación penal y a los aspectos procesales de los delitos de corrupción, tendentes a endurecer las sanciones o a agilizar los procedimientos para perseguirlos. Y, en cuanto a los indultos, no puede hablarse siquiera de que exista alguna propuesta, pese a los muchos inconvenientes que suscita la intromisión del poder ejecutivo en el judicial y las incongruencias procesales que producen tales graciables decisiones del Ejecutivo. Por lo que se refiere a los innecesarios e indeseables aforamientos, huelga decir que al menos podría haberse avanzado allí donde no se requieren reformas constitucionales, en el caso de los miles de jueces y magistrados.

Joan Ridao es Profesor Titular Acreditado de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.