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Rajoy exculpa a Ana Mato y niega que haya corrupción generalizada

El presidente del Gobierno asegura en el Congreso que "España no está corrompida"

También advierte de que la acusación solo beneficia a los "salvapatrias de las escobas"

Para Rajoy la corrupción política no está generalizada Reuter-Live / Uly Martín

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegó al Pleno del Congreso con el objetivo de intentar disipar la impresión de corrupción generalizada, hacer frente a los escándalos que afectan directamente al PP, eludir la imagen de inacción y recomponer su credibilidad. “España no está corrompida”, proclamó, antes de añadir que la repetición de estos casos en la prensa “está creando un clima que, a ratos, se hace irrespirable, porque siembra una desconfianza generalizada hacia los instrumentos de la convivencia democrática. Entiendo la indignación de los españoles”, dijo.

Durante casi cinco horas de debate, la oposición acusó a Rajoy de carecer de credibilidad para afrontar la corrupción, exigiéndole responsabilidades y hasta con acusaciones tan enormes como la de Joan Coscubiela (ICV): “Usted es el capo de la familia”. Rajoy llegó al hemiciclo unas horas después de sacrificar a su ministra de Sanidad, Ana Mato, por ser señalada por el juez Pablo Ruz como beneficiada por la trama corrupta de Gürtel. Y con su partido acusado por el magistrado de mantener una cuenta b y de beneficiarse también de esos pagos. La bancada de la derecha transmitía la imagen compungida de quien tiene que afrontar un difícil trago con todo en contra.

Rajoy optó por eludir la confrontación y volvió a repetir medidas que, en su inmensa mayoría, ya enunció en febrero de 2013 y aún no han entrado en vigor. Prometió impulsar ahora todas esas reformas y solo en el turno de réplica hizo una defensa de Mato y una mención elíptica a Gürtel. Con el auto del juez Ruz “queda fuera de toda duda” que Mato “ignoraba la comisión de tales delitos”, aseguró. Echó mano del eufemismo para admitir que su partido ha sufrido “problemas serios”. “Ha habido corruptos en mi partido, personas que fueron merecedoras de mi confianza y he pedido perdón”, alegó como única referencia a la investigación de Ruz.

Ni palabra de Gürtel, más allá de esa referencia genérica de perdón

Solo en el último turno y en tono bajo, hizo frente al socialista Pedro Sánchez con una referencia al caso de los ERE de Andalucía. En su arranque minimizó el problema con la primera referencia implícita a Podemos que se le recuerda: “Se comienza generalizando la corrupción, se culpa a los políticos y se acaba señalando al sistema. A partir de ahí no queda espacio más que para los salvapatrias de las escobas, cuyo único programa político consiste en barrer, con las consecuencias de todos conocidos”. La metáfora de la escoba fue usada por Pablo Iglesias.

El bloque sustancial de su comparecencia lo dedicó Rajoy a refugiarse tras las medidas contra la corrupción, más de 20 meses después de que él las anunciara en el Congreso, sin que hayan entrado en vigor. De hecho, compareció este jueves con un inusual formato para presentar dos leyes que llegaron a las Cortes en febrero y que han permanecido atascadas por voluntad del PP, la de financiación de partidos y el estatuto de altos cargos. Se suma el Código Penal que llegó al Congreso en septiembre de 2013 y ha tenido 41 ampliaciones de plazo de enmiendas.

Rajoy reiteró el contenido de esas normas y solo anunció algunos retoques en forma de enmiendas, como modificaciones de los umbrales de donaciones de particulares a los partidos. Otras han caído en el olvido, como la supresión de aforamientos, que ni mencionó, y solo dijo que estudiará la propuesta de Rosa Díez (UPyD) para eliminarlos.

En 2013 prometió una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero este jueves, por falta de tiempo para tramitarla esta legislatura, anunció cambios para evitar macroprocesos que se eternizan en asuntos complejos “sin necesidad de concatenación de hechos”, limitación de tiempo de instrucción sin precisar y medidas para la recuperación de bienes. Ya había hablado de iniciativas para controlar los indultos y anunció que se cambiará la ley para que cada seis meses se informe en la Cámara de las medidas de gracia concedidas y denegadas.

Rajoy repitió la propuesta para que la financiación ilegal de los partidos sea delito

El proyecto de financiación de partidos obliga a la elección de sus órganos directivos y Rajoy precisó que será cada cuatro años. También habló de un “procedimiento de suspensión de militancia” para cuando se abra juicio oral por corrupción y un “procedimiento de expulsión de la militancia” para condenados.

Respecto al estatuto del alto cargo, el proyecto limita los gastos de representación y refuerza las incompatibilidades. El presidente incluyó la obligación de un certificado de estar al corriente con Hacienda, lo que ya se exige para contratar con la Administración.

Para el Código Penal, Rajoy repitió la propuesta para que la financiación ilegal de los partidos sea delito, agravar las penas por corrupción y ampliar los plazos de prescripción de 10 a 15 años. También propuso reformas en el reglamento del Congreso, que el PP ha retrasado durante la legislatura, y 100 nuevas plazas de jueces y fiscales. En las primeras reiteró que los parlamentarios deben dejar el cargo cuando están inmersos en casos de corrupción, pero sin especificar en qué momento, si al producirse la imputación o al abrirse el juicio oral. Omitió la regulación de los lobbies, que él prometió en 2013, que el PP propuso esta misma semana y que este jueves desapareció del documento distribuido por La Moncloa con las 70 medidas de regeneración. La ponencia de Reglamento solo se reúne una vez al mes y no ha abordado ni la cuarta parte de la norma, con un ritmo premioso impuesto por el PP.

Rajoy explicó que ya no esperará a pactos y que impulsará sus medidas, aunque sea en solitario, antes de final de año. Alguna, como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no llegará al Congreso hasta febrero porque antes debe pasar por el Consejo de Ministros, ser sometida a los informes preceptivos y volver al Gobierno para ser enviada a las Cortes.

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