Ana Mato y el PP se beneficiaron de los fondos delictivos de la red Gürtel

El fiscal general del estado comparte el criterio del juez sobre la ministra

El juez sobresee la investigación sobre el exministro Acebes en este bloque de la causa

 VÍDEO: ATLAS | FOTO: JAVIER LIZÓN (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cerró el miércoles la investigación de la primera parte del caso Gürtel con una resolución que sacudió de nuevo los cimientos del PP. El magistrado propuso que la ministra de Sanidad, Ana Mato, que dimitió el miércoles, sea juzgada por la trama de corrupción en calidad de “partícipe a título lucrativo”. Ruz entiende que Mato y sus hijos disfrutaron de viajes y regalos por valor de al menos 36.688 euros que la red pagó a su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda a cambio de contratos públicos entre los años 2000 y 2005. Sepúlveda recibió de la organización liderada por Francisco Correa como mínimo 732.640 euros —tanto en metálico, como en viajes, regalos y vehículos— por sus adjudicaciones irregulares.

La figura de “partícipe a título lucrativo”, prevista en el Código Penal, se aplica a aquellas personas que se benefician de los frutos de un delito sin tener conocimiento de que estos tienen origen ilícito. Al contrario que su exmarido, Mato no está imputada por ningún delito, pero su conducta será analizada en el juicio del caso Gürtel para determinar si encaja en la categoría que le atribuye Ruz. En su escrito, el magistrado ordena a la ministra de Sanidad que designe un abogado y un procurador que le representen en las actuaciones. En caso de que Sepúlveda fuera condenado por los delitos de cohecho, blanqueo, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude que le imputa el juez Ruz, Ana Mato debería devolver a las arcas del Ayuntamiento de Pozuelo la cantidad económica de la que se benefició.

En el caso de los partícipes a título lucrativo, lo habitual es que estén sentados en el banquillo. Recientemente, la Sección Cuarta de lo Penal celebró un juicio por información privilegiada en el que el partícipe a título lucrativo estuvo en el mismo estrado que los imputados, aunque como responsable civil. Lo mismo ocurrió el pasado mayo en el juicio sobre Caixa Penedés o en el caso Gescartera.

El beneficio de Ana Mato

El juez Ruz considera que la ministra de Sanidad es “partícipe a título lucrativo” en el caso Gürtel, según el artículo 122 del Código Penal. Este obliga a Ana Mato a devolver el dinero que pudo obtener de los negocios supuestamente delictivos de su exmarido y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda.

El artículo 122 del Código Penal se impone al cónyuge y a los herederos del condenado si han obtenido un beneficio económico del delito. La persona declarada “partícipe a título lucrativo” responde solidariamente junto con el condenado, aunque sólo hasta la cuantía de su participación.

Existen dos requisitos para que alguien sea considerado “partícipe a título lucrativo”. Por un lado, se tiene que probar la obtención de un beneficio económico, y por otro, ha de demostrarse que el sujeto sabía que se obtenía tal beneficio, pero no que provenía de una actividad delictiva.

La implicación de Ana Mato en el caso Gürtel a título de beneficiaria y los detalles de los gastos familiares de la ministra que sufragó la red de Correa apenas ocupan siete de las 205 páginas del auto por el que el juez Ruz da carpetazo a la investigación de la pieza troncal del caso Gürtel. La resolución de el miércoles pone fin a casi seis años de investigación y aboca al banquillo de los acusados a 43 personas, entre ellas a los líderes de la trama, Francisco Correa y su lugarteniente Pablo Crespo —ex secretario de Organización del PP gallego—; a los exalcaldes de Pozuelo y Majadahonda Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega; el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. También supone el procesamiento de tres extesoreros de la formación conservadora: Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Sin embargo, la carga de profundidad estaba en esas siete páginas. El magistrado expone que la ministra “habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar” de servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos y conceptos. Estos obsequios tenían un valor total de 36.668 euros. No obstante, el juez Ruz recuerda que será en el acto del juicio en el que se deberá concretar “la exacta cuantía de lo que la partícipe pudiera haberse beneficiado”. Además de viajes y billetes de avión, la trama corrupta supuestamente sufragó artículos de Louis Vuitton para la exministra y las fiestas de cumpleaños y de primera comunión de la hija de la pareja en los años 2001, 2002 y 2005.

Mato ha sido una presencia constante en el caso Gürtel durante años, aunque su participación en la trama nunca fue objeto de imputación. Los regalos de la trama de Correa podrían ser considerados un cohecho impropio —como el de los trajes del expresidente valenciano Francisco Camps—. Sin embargo, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, anterior instructor de la causa, decidió no imputar a Mato por los hechos conocidos porque estos se produjeron en 2002 y 2003 y cuando se descubrieron, en 2009, ya estaban prescritos. El fiscal lo escribió así: “El delito que en todo caso en este momento procesal podría imputársele sería el de cohecho impropio (...) sancionado con una pena de tres a seis meses. Pena esta cuya prescripción es de tres años”.

El juez Ruz extiende la condición de partícipe a título lucrativo en este bloque del caso al Partido Popular en su conjunto. En concreto, según el magistrado, la formación conservadora obtuvo un beneficio de 236.864 euros “al ahorrarse la financiación de las campañas electorales en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda” en las elecciones municipales de 2003. Los candidatos Sepúlveda y Guillermo Ortega obtuvieron de la trama corrupta 111.864 y 125.000 euros que utilizaron para abonar los gastos para los comicios.

El juez ha dado por concluida la parte troncal de caso Gürtely entiende que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a 43 personas. A partir de ahora, la Fiscalía y las acusaciones populares tienen 30 días para solicitar la apertura del juicio oral o, en su caso, el sobreseimiento de la causa. Entre otros aspectos, Ruz sostiene en su auto que el extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde junio de 2013 ganó 1,2 millones de euros en concepto de comisiones por mediar en la adjudicación de contratos públicos y se apoderó de casi otros 300.000 que formaban parte de la caja b de la formación que él mismo gestionaba.

El magistrado describe a lo largo de una treintena de folios la operativa que permitió a Bárcenas ocultar 48,2 millones de euros en distintos bancos suizos. Estos fondos opacos al fisco supusieron un fraude fiscal de 11,7 millones de euros entre los años 2000 y 2011, tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como el de Sociedades.

También hace referencia el auto del miércoles a las contrataciones de las empresas del grupo de Correa para actos de propaganda de la Comunidad de Madrid. El magistrado recuerda que la red corrupta organizó 348 de estos eventos y que Alberto López Viejo, exconsejero de la Presidencia y antiguo hombre de confianza de Esperanza Aguirre, obtuvo comisiones por valor de 850.000 euros. Estos sobrecostes se incorporaron al valor de los contratos, por lo que finalmente fueron abonados por el propio Gobierno regional.

La primera época de Gürtel abarca hechos cometidos por la trama liderada por Francisco Correa en Castilla y León, Madrid y Estepona (Málaga). La red de Correa, creada en los años noventa, se especializó en organizar eventos, actos políticos y viajes para el Partido Popular. Al mismo tiempo, el cerebro de la trama aprovechaba sus contactos en el partido del Gobierno para conseguir adjudicaciones públicas. Según Ruz, el entorno de Correa entregaba regalos a los funcionarios y autoridades que favorecían sus negocios.

De forma paralela, Correa y sus colaboradores crearon una estructura societaria en el exterior para transformar en fondos legales el patrimonio que iban amasando con sus actividades ilícitas.

La ya exministra de Sanidad y Gema Matamoros, esposa de Guillermo Ortega, estarán sentadas en el banquillo durante la vista oral, no como procesadas sino como responsables civiles de estos supuestos delitos, y esta es la conducta que se va a estudiar en el juicio, según han confirmado fuentes jurídicas. Para defender sus intereses, el magistrado les ordena que designen abogado y procurador. El Partido Popular permanece en su condición de partícipe a título lucrativo. Esta figura, también llamada "receptación civil", se aplica a las personas que se benefician del fruto de un delito del que no tenían conocimiento. Al tratarse de una responsabilidad civil, no se aplica el aforamiento de la ministra, que no está imputada por ningún delito.

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