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El Congreso español insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino

Varios embajadores árabes asisten a la histórica votación en la tribuna de invitados

El Congreso insta al gobierno a reconocer el Estado Palestino Atlas / Uly Martín

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes (322 emitidos, 319 síes, una abstención y dos noes) una proposición no de ley en favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente, lo que convierte al Parlamento español en el tercero de Europa que se pronuncia en este sentido en las últimas semanas tras las votaciones de las cámaras legislativas de Reino Unido e Irlanda. A finales de octubre, Suecia se convirtió en el primer país miembro de la UE en reconocer a Palestina y entablar relaciones diplomáticas. Según el texto final de la resolución, la Cámara baja “insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado”. Han votado en contra los diputados del PP Agustín Conde y Celinda Sánchez. La abstención ha sido de Ricardo Tarno (PP).

Aunque se trata de votaciones no vinculantes, todas ellas tienen una gran significación política que ha motivado la asistencia en calidad de invitados de embajadores de países árabes y del representante la Autoridad Palestina, Musa Amer Odeh. Mientras, la Embajada israelí ha alertado de los riesgos de un pronunciamiento como este.

En una sesión en la que se han recordado las recientes votaciones a favor de los parlamentos británico e irlandés, los diferentes grupos políticos han comenzado sus intervenciones condenando el atentado de esta mañana en una sinagoga de Jerusalén en el que cuatro israelíes han sido asesinados y dos palestinos han muerto abatidos a tiros por la policía hebrea. También han coincidido en la importancia de este reconocimiento como herramienta necesaria para impulsar la reconciliación en el conflicto palestino-israelí.

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El embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh (c), asiste desde la tribuna del público al pleno del Congreso de los Diputados.

El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha tomado la palabra poco antes de la votación para agradecer el consenso de los grupos y ha expresado la “esperanza del Gobierno en que la histórica sesión de hoy sirva para “desatascar un proceso de negociación que lleva muchos años atascado”. Margallo también se ha comprometido a que España, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsará “un diálogo para la paz, seguridad y el desarrollo de una región que lleva sufriendo mucho tiempo”.

La ministra de Exteriores durante el Gobierno de Zapatero (PSOE), Trinidad Jiménez, la primera portavoz en intervenir, ha destacado que “el reconocimiento del Estado palestino es la mejor resolución para promover la paz”, a través de una resolución que “no va con nadie ni contra nadie”. Precisamente, ha sido ella la encargada de negociar con representantes del Gobierno el texto final de la resolución promovida por el grupo socialista.

Las claves de la negociación

Jiménez ha logrado que el Gobierno acepte cambiar el inicio del texto, pasando de “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el reconocimiento de Palestina como Estado” a “el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado”. “Impulsar el reconocimiento” es algo que el Congreso ya había aprobado, con diferentes palabras, en varias ocasiones, la última con motivo del debate del Estado de la Nación de 2011.

A cambio de esta modificación, Jiménez aceptó el resto de la enmienda transaccional del PP y rechazó la planteada por La Izquierda Plural y el Grupo Mixto, que proponían fijar un plazo para el reconocimiento del Estado palestino (“antes de finalizar la presente legislatura”; es decir, en un año como máximo) e instar a las autoridades israelíes “a retomar las negociaciones” con los palestinos y llegar a un acuerdo que incluya la retirada de los territorios ocupados en 1967 y una “solución justa” para el problema de los refugiados y los presos. Jiménez intentó convencer a los grupos de izquierda de que valía más un mal acuerdo que un buen pleito, una resolución en favor del Estado palestino, aunque fuese aguada, que una propuesta de máximos derrotada por la mayoría absoluta del PP y el previsible descuelgue de otros grupos, como CiU, tradicionalmente sensibles a las tesis de Israel.

La Moncloa hizo que se suprimiera el párrafo que más irritaba a Israel

Pero el mayor cambio en la resolución final no fue fruto de las negociaciones entre los grupos sino de las diferencias en el seno del Gobierno. El punto tercero del texto que el Gobierno remitió al PSOE el pasado viernes incluía un párrafo que no gustaba nada a Israel: “Si esa negociación se revela imposible o se demora indefinidamente, reconocer a Palestina será la manera de avanzar la causa de la paz en un proceso igualmente concertado con nuestros socios de la Unión Europea, que tenga plenamente en cuenta las legítimas preocupaciones, intereses y aspiraciones del Estado de Israel”.

Se trataba de una advertencia clara a Israel, que perdía el derecho a vetar el reconocimiento del Estado palestino. Este ya no sería necesariamente el fruto de un acuerdo de paz entre las dos partes, condicionado por tanto al mismo, sino un instrumento de presión para impulsar o desbloquear las negociaciones. Según las fuentes consultadas, la orden vino de Moncloa: fue el propio presidente Mariano Rajoy –a través de su jefe de Gabinete, Jorge Moragas—quien decidió que se suprimiera el párrafo que más molestaba a Israel.

Lo cierto es que en el texto que el Grupo Popular presentó en el registro del Congreso en la madrugada del martes el párrafo tercero había sido sustancialmente alterado. Margallo asumió la enmienda de la enmienda; es decir, el cambio del texto elaborado por su departamento, y la justificó como una consecuencia de la discusión mantenida el lunes con sus homólogos de la UE en Bruselas: si el objetivo es concertar con los socios el reconocimiento del Estado palestino, no tiene sentido que un país ponga sus propias condiciones, como tampoco que España decida por sí misma cuando la negociación “se revela imposible o se demora injustificadamente”.

La posibilidad de que se alcance un consenso en el seno de la UE parece remota, por lo que España buscará la coordinación con otros socios, como Francia, cuya Asamblea Nacional votará el próximo día 28 una resolución muy similar a la española.

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