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Arrancan las prospecciones en Canarias con oposición política y social

Repsol tiene previsto iniciar el martes los sondeos en el subsuelo marino

Todo listo para que comiencen las prospecciones en CanariasFoto: atlas | Vídeo: Atlas

Trece años después de la primera autorización concedida por el Gobierno de España a Repsol, llegó la hora del inicio de los sondeos en el subsuelo marino de Canarias para saber si hay hidrocarburos. La multinacional ha comunicado al Ejecutivo que este martes, 18 de noviembre, iniciará los trabajos exploratorios. Mientras, desde el Gobierno regional se mantiene la oposición radical.

El ministro del petróleo —en referencia al canario José Manuel Soria (PP)— no quiere escuchar a su propio pueblo”, dijo Paulino Rivero, presidente regional de Coalición Canaria (CC), este domingo. La coordinadora antiprospecciones mantuvo una cumbre el fin de semana en la isla de Fuerteventura para reformular el calendario de protestas: “Vienen tiempos de acciones directas”, vaticinaba un portavoz.

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Un equipo de trabajadores de Repsol desplazado a Canarias a finales de la pasada semana ultimaba este domingo, desde una oficina alquilada, todo lo necesario para iniciar el trabajo exploratorio que comenzará en 24 horas. Una vez posicionado el Rowan Reinassance, buque que utilizará Repsol para realizar las prospecciones en el punto conocido en el proyecto como Sandía, se procedió a la rotación de las 120 personas que viajaban en él. Anoche durmieron en el barco de Repsol cerca de 200 personas.

El primer sondeo tiene dos objetivos. Realizar una primera perforación a casi 2.000 metros de profundidad y, “tras un descenso por los estratos”, llegar hasta los 3.100 metros. La compañía calcula que la probabilidad de éxito oscila entre un 15% y un 20%. Está previsto que los trabajos en esta zona continúen durante 60 días. Si el resultado es satisfactorio se trasladarán al punto identificado como Chirimoya.

El movimiento civil en contra acusa el desgaste, pero prepara acciones
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Sobre el fuerte rechazo de las administraciones canarias —el Parlamento, seis de los siete cabildos y todos los municipios de Fuerteventura y Lanzarote se han opuesto— y las populosas manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas, la multinacional considera que se trata de “una campaña organizada con dinero público con la voluntad de generar miedo en la población”.

La compañía habla de“una campaña para generar miedo en la población”

La coordinadora social contra las prospecciones petrolíferas celebró una reunión este fin de semana en la isla de Fuerteventura. De allí salieron “más cohesionados que nunca”, pero también con la constancia del “desgaste” que tienen después de varios años de lucha contra las decisiones del Estado.

“Como en toda lucha, cuando se deja el pellejo y no se ven resultados, hay desgaste”, sostiene Fernando Nagore, uno de sus portavoces. A esa erosión hay que sumar las cuantiosas multas que acumulan y que ven “imposibles de pagar”.

Posible denuncia contra Greenpeace

Miguel González

El Ministerio de Defensa entregará a Fomento el atestado sobre el incidente que se produjo el sábado por la mañana en aguas de Canarias, cuando embarcaciones de la Armada embistieron contra las lanchas de Greenpeace que se aproximaban al buque Rowan Renaissance, fletado por Repsol para realizar prospecciones petrolíferas. Será Fomento quien decida si abre expediente administrativo o denuncia ante la Fiscalía a la organización ecologista por desobedecer la prohibición de acercarse al Rowan Renaissance, según fuentes de Defensa.

Las mismas fuentes indicaron que se había dictado un aviso a navegantes que fijaba una zona de exclusión a la navegación de una milla en torno al buque de Repsol, lo que fue incumplido por el comandante del Artic Sunrise, pese a las repetidas advertencias.

Fue el comandante del Buque de Acción Marítima (BAM) Relámpago quien decidió intervenir cuando vio como varias lanchas de Greenpeace, con escalas y cuerdas, se acercaban al barco de Repsol con intención de abordarlo.

En el movimiento civil tienen la percepción de que la población canaria sigue siendo contraria a la actividad de Repsol en alta mar, aunque se haya alejado de las calles al ver que las acciones realizadas no suponían un freno a la decisión tomada desde Madrid. La mayor manifestación de los últimos años en Canarias se produjo el pasado 7 de junio, una semana después de que se emitiera la Declaración de Impacto Ambiental que permitía las prospecciones de forma definitiva. A partir de ahí, el seguimiento ha descendido y saltaron sus alarmas. Ahora han pactado un nuevo calendario de protestas.

Durante el último fin de semana ha habido varias concentraciones en diferentes ciudades de las Islas, algunas espontáneas, sin comunicar a las autoridades administrativas. Por ejemplo, el viernes lo que comenzó como una concentración continuó como una marcha que cortó varias calles en Las Palmas de Gran Canaria y terminó ante la sede del Partido Popular, que estaba blindada por la Policía Nacional. El sábado, tras el abordaje de la Armada a dos lanchas de Greenpeace, la Comandancia de la Marina fue el objetivo y allí corearon “estos son los soldados de Repsol”.

En Lanzarote se prepara la Flota Sandía, que prevé salir en unos días con destino hacia la zona en la que se estarán realizando ya las prospecciones petrolíferas. La coordinadora iniciará esta misma semana “acciones directas” y para el 23 de noviembre, día en el que estaba prevista la consulta propuesta por Canarias y anulada, provisionalmente, por el Constitucional, se preparan concentraciones en todas las islas.

“La macroencuesta encargada por el Gobierno no sustituye a la consulta, sino que la complementa”, ha dicho Paulino Rivero en las últimas horas, después de renunciar a seguir adelante con ella tras la admisión a trámite del Constitucional de un recurso interpuesto por el Gobierno de España.

El único partido político que defiende las prospecciones en aguas cercanas a Canarias es el Partido Popular, mientras que la patronal se encuentra dividida. Coalición Canaria, PSOE, Nueva Canarias, Izquierda Unida y Podemos, entre otros, se han posicionado en contra, así como todos los sindicatos representativos.

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