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De Granada a Zaragoza, unidas por el hilo de la reforma constitucional

El PSOE busca el reconocimiento “ de la singularidad de algunas comunidades autónomas”

Anabel Díez
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a los integrantes del del Consejo de Política Federal del partido.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, junto a los integrantes del del Consejo de Política Federal del partido.JAVIER CEBOLLADA (EFE)

La Declaración de Zaragoza, de 16 de noviembre de 2014, sustituye a la de Granada de 7 de julio de 2013, aunque la primera se nutre de los postulados del acuerdo que promovió el anterior secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba y su dirección, como ha reconocido su sucesor, Pedro Sánchez. El hilo que une a las reuniones de los Consejos federales de Granada y Zaragoza es la reforma constitucional por la que los socialistas abogan para conseguir “un nuevo acuerdo con la ciudadanía”. No quiere el PSOE ir en solitario a tan trascendente reforma por lo que, a pesar de la críticas, no propondrá un texto articulado sino que insta a poner las bases para que como en 1978 la reforma tenga el mayor consenso posible.

El procedimiento es muy relevante porque entraña toda una estrategia política. El PSOE no propone directamente, a través de una iniciativa parlamentaria, que se abra la ponencia constitucional para empezar a trabajar. En breve trasladará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo que ha aprobado su Consejo Federal por unanimidad de los líderes territoriales socialistas.

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“Iniciar de inmediato en el marco de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y como trabajo previo a la creación de la ponencia correspondiente, un proceso que permita delimitar los aspectos de la reforma y las diferentes soluciones a adoptar mediante la comparecencia de expertos y la petición de informes a los órganos constitucionales implicados, a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades con Estatuto de Autonomía”. Así figura en el texto aprobado que puede traducirse como la petición de que se convoque una subcomisión, dentro de la comisión constitucional, con funciones de estudio para delimilitar la reforma. Por tanto, se trataría de actuar en una primera fase como una comisión de estudio en la que hubiera expertos constitucionalistas y polítologos, además de solicitar informes sobre la reforma al Consejo de Estado y al Centro de Estudios Constitucionales, entre otros.

Al presidente del Gobierno también le pedirá el PSOE “convocar de manera urgente la Conferencia de Presidentes con el fin de concluir un pacto de acción conjunta para reactivar la economía y el empleo”; renovar el sistema de financiación autonómica para hacer frente al mantenimiento de los servicios derivados del Estado de Bienestar e impulsar medidas de regeneración democrática”. Estos tres puntos a discutir entre los presidentes autonómicos y el jefe de Gobierno.

De este texto no se desprende que la reforma que estiman imprescindible no se hace para hacer frente al conflicto con Cataluña sino que debe hacerse para “blindar el sistema de derechos, libertades y la igualdad de los españoles”; modernizar la democracia con medidas de regeneración, transformar “la España autonómica en la España federal”. El reconocimiento “ de las singularidades y hechos diferenciales de algunas comunidades autónomas” sería uno de los objetivos. Además, delimitar las competencias del Estado y de las autonomías; instrumentos de cooperación y lealtad institucional; reforma del Senado y un sistema de financiación nuevo para las corporaciones locales.

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El PSOE deja para el final de la declaración su objetivo esencial: “Renovar para recuperar y defender la fortaleza de nuestro sistema constitucional, de derechos sociales, libertades e instituciones democráticas”. Y se dirige a los ciudadanos: “Mantenemos vigente nuestra vocación de mayoría y de gobernar España”,. Para ello quieren propiciar un diálogo “que incorpore a la ciudadanía, ofrezca respuestas reales a sus problemas”.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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