El Supremo desestima la querella de UPyD contra Mas por desobediencia

El Tribunal Supremo ha desestimado por falta de competencia la querella planteada por UPyD contra Artur Mas y varios miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, a los que el partido de Rosa Díez acusa de desobediencia y prevaricación por impulsar y organizar la consulta soberanista del 9-N. El alto tribunal señala que las conductas objeto de la querella se han desarrollado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña y que el hecho de que repercutan en el resto de España no alteran esa realidad.

La Sala de lo Penal hace suya la tesis del fiscal, que pidió el archivo de la querella al advertir de que el artículo 70.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que “corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidir sobre la inculpación, el procesamiento y el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la Generalitat y de los consejeros. Fuera del territorio de Cataluña la responsabilidad penal es exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, recuerda el auto, del que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral.

El alto tribunal insiste en que "de forma indudable" las conductas se han producido en el territorio de la comunidad autónoma catalana. "Ha de precisarse a estos fines que un delito de desobediencia se ha de considerar cometido en el lugar donde se desenvuelve la actividad prohibida o impedida; o donde debiera haberse llevado a cabo la conducta omitida (si es una desobediencia pasiva), con independencia del lugar donde pudo ser emitida la orden o de la sede del órgano del que emane el mandato”, sostienen los magistrados.

En su denuncia, UPyD atribuía a Más los delitos de desobediencia, prevaricación, usurpación de atribuciones, malversación de caudales públicos y delitos electorales. La querella se dirigía también contra otros cinco miembros de su Gobierno, a los que el partido de Díez acusaba de desobediencia por promover y organizar la consulta del 9-N a pesar de estar suspendida por el Constitucional.