Los fiscales de Cataluña trataron de tener un protocolo ante el 9-N

El pasado 15 de septiembre el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reunió en Madrid a todos los fiscales jefes de Cataluña. La iniciativa fue de la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Barcelona, Ana María Magaldi Paternostro, que pretendía tener un protocolo de actuación ante lo que ya se avecinaba para el 9 de noviembre. Ya entonces se daba por hecho que el Gobierno forzaría la suspensión de la consulta al recurrirla ante el Tribunal Constitucional. A la reunión asistieron el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Romero de Tejada, y los cuatro jefes de las fiscalías provinciales: Ana María Magaldi Paternostro (Barcelona), Juan Francisco Bone Pina (Lleida), José María Casadevall Barneda (Girona) y Javier Jou Mirabent (Tarragona).

Sin embargo, finalmente y, a pesar de la trascendencia de los hechos que se acercaban, el encuentro careció de contenido concreto y, según la propia versión que dio ese día la Fiscalía General del Estado, no hubo análisis de escenarios para el 9-N, ni directrices de actuación.

Los fiscales que trabajan en Cataluña son los que el pasado domingo tuvieron que gestionar la situación y son los que formalmente tendrán que presentar la querella contra los responsables del sucedáneo de consulta. El domingo, en respuesta a la denuncia de UPyD en Cataluña, la posición de la Fiscalía fue oponerse a que se adoptaran medidas ese mismo día. Los jueces estimaron esa posición que se basa en la idea de que el daño que se podía provocar sería mayor al que se evitara. Ese mismo día por la noche, la Fiscalía General del Estado hizo público un comunicado en el que anunciaba que estudiaba si se habían producido hechos constitutivos de delito. Desde ese día, la Secretaría Técnica de la Fiscalía trabaja en la querella.

Esa noche, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, fue el único miembro del Gobierno en comparecer públicamente y lo hizo para descalificar la consulta alternativa y para dejar en el aire la posibilidad de actuaciones judiciales, sin más precisión. En ningún momento el Gobierno ha apuntado a la posibilidad de actuar judicialmente a través de la Abogacía del Estado, sino que el vacío del silencio público del Ejecutivo lo ha ocupado la Fiscalía con la precisión de querella contra responsables de la Generalitat.

Torres-Dulce ha mantenido desde después del verano reuniones habituales con los ministros de Justicia -Alberto Ruiz-Gallardón y Rafael Catalá- para coordinar su actuación, a pesar de que su relación con los dos no ha sido excesivamente buena. Desde el domingo, además, Torres-Dulce ha estado en contacto permanente con el ministro de Justicia para coordinar la actuación que se concretará en esa querella. Previsiblemente se presentará hoy al mismo tiempo en que Rajoy romperá su silencio.