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Malestar en la fiscalía por la presión del Gobierno para actuar contra Mas

Camacho anuncia una querella inminente y Torres-Dulce pide paciencia

Rajoy sobre la actuación de la fiscalía Albert García Reuters-Live

Miembros de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Cataluña han mostrado su malestar por las supuestas presiones del Gobierno de Mariano Rajoy para que la institución acelerara la presentación de una querella contra Artur Mas y varios miembros del Ejecutivo catalán por supuestos delitos cometidos durante la organización de la consulta alternativa del 9-N. Los fiscales consultados han lamentado “la injerencia” del Gobierno, que “ni siquiera ha respetado las formas” y ha dejado a la institución “en muy mala posición”. Los funcionarios lamentan que el Ejecutivo haya pretendido teledirigir sus pasos, marcar su agenda e inmiscuirse en su trabajo, avanzando incluso la presentación de la querella de manera oficiosa o mediante significados miembros del PP en Cataluña. Los fiscales subrayan que se han sentido “utilizados” y que su reivindicada autonomía ha quedado en entredicho.

La sensación de que el Gobierno va un paso por delante de los fiscales se acrecentó con las declaraciones, de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quien aseguró que la fiscalía iba a formalizar la querella durante la mañana. “La querella contra el presidente Artur Mas y varios consejeros de su Gobierno por los supuestos delitos que habrían cometido durante el 9-N está prácticamente ultimada y tiene bases muy sólidas. (...) Se puede estar hablando de tres delitos: cohecho por parte de posibles miembros o no del Gobierno, malversación de fondos públicos y desobediencia”. La líder popular se equivoca al hablar de soborno, según fuentes judiciales, porque ese delito no tiene cabida en el caso del 9-N. “¿Ahora resulta que la señora Sánchez Camacho es la portavoz de la Fiscalía?”, se preguntaba un fiscal a propósito del anuncio de la dirigente popular, efectuado en un programa de televisión.

Las declaraciones llevaron al propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce a salir del paso. Este afirmó que la fiscalía iba a pronunciarse sobre la consulta alternativa “sin ninguna precipitación, pero siempre con el horizonte del cumplimiento de la legalidad”. “La fiscalía va a trabajar primero en si los hechos son delictivos; después determinará de qué delitos se trata y finalmente las personas responsables. Pero hasta el momento no hay nada", dijo de forma tajante en Logroño. Poco después, sin embargo, fuentes de la Fiscalía de Cataluña aseguraban que ya se estaba ultimando la querella y que iba a presentarse hoy. Anoche, sin embargo, otras fuentes de la institución negaron que fuera a formalizarse este miércoles.

Hasta el momento no hay nada”, dijo por la mañana el jefe del ministerio público

Los anuncios extraoficiales por parte de fuentes gubernamentales de que la fiscalía iba a proceder de manera inminente contra Mas y algunos de sus consejeros han corrido en paralelo a las presiones y críticas recibidas por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desde el ala derecha de su partido. El jefe del Ejecutivo ha recibido en los últimos días críticas internas desde el sector más conservador del PP —y también desde UPyD y Vox—, que le han cuestionado por no adoptar medidas el mismo domingo para impedir la consulta alternativa del 9-N, en la que acabaron participando más de 2,2 millones de personas.

El domingo la fiscalía se opuso a adoptar las medidas cautelares que solicitaron partidos políticos que acudieron a los tribunales, como UPyD, para reclamar la paralización de las votaciones, la retirada de urnas e incluso la detención de Artur Mas.

La Fiscalía pidió a los Mossos un listado de los locales públicos donde se votó y de las personas responsables. Como norma general, la institución dispone de un máximo de seis meses para investigar antes de decidir si archiva la causa o si, por el contrario, ve indicios de delito y presenta una querella en los tribunales. Esa última idea fue la que cuajó el lunes por la noche, cuando desde fuentes del Gobierno anunciaron que la presentación de la querella era inminente. El anuncio causó estupefacción entre los fiscales. Nadie en la Fiscalía Superior de Cataluña —el órgano que, supuestamente, iba a presentar el escrito en las próximas horas— sabía nada de ello según comentaron varios miembros de este estamento.

El Gobierno no da instrucciones a la fiscalía”, asegura el ministro de Justicia

Al malestar con el Gobierno se suman las discrepancias con la manera de proceder de cara al 9-N dentro de la propia fiscalía. Los fiscales catalanes están molestos porque, más allá de llamamientos a cierta prudencia y al sentido común, no recibieron ninguna indicación concreta sobre cómo proceder ante las previsibles denuncias que iban a acumularse durante la jornada de participación. El fiscal de Barcelona que ese día se encontraba de guardia fue el que dio la pauta al pedir que se rechazara, por desproporcionada, la petición de retirar las urnas o enviar a la policía a los colegios e institutos. El borrador del fiscal fue confirmado (previa modificación) por la Fiscalía General, que remitió el escrito al resto de los fiscales de guardia.

Un dispositivo bajo sospecha

La fiscalía investiga todo el proceso de preparación y logística del 9-N para sustentar sus acusaciones de prevaricación y desobediencia contra Artur Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega. Además de la utilización de funcionarios para el conjunto del dispositivo se investiga si se vulneró la suspensión del Tribunal Constitucional.

La campaña institucional del 9-N impulsada por la Generalitat continuó hasta el último día, pese a la suspensión del Constitucional. El formato de la misma era idéntico al de la campaña que la Generalitat ya impulsó para la primera consulta suspendida.

La inserción de anuncios publicitarios en medios públicos y privados fue una constante hasta el día anterior a la votación. La Generalitat también exigió a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas televisivas con sede en esa comunidad que emitieran gratuitamente sus anuncios.

La Generalitat no ha hecho público el coste total de la preparación y la campaña del 9—N. En los Presupuestos de 2014 había una partida de 5 millones para la votación, pero el Gobierno de CiU asegura que la consulta alternativa ha sido “mucho más barata” que la inicialmente prevista.

Los locales de votación también provocaron polémica. En su mayoría eran institutos de secundaria de la Generalitat, pero también ofrecieron locales tanto escuelas concertadas como ayuntamientos. El departamento de Educación aseguró que los encargados de abrir los centros educativos era voluntarios, pero muchos de ellos eran al mismo tiempo funcionarios.

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