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Las claves de la Operación Madeja

La investigación que ha conducido a la macrorredada arrancó de otro caso de corrupción

Castaño, sale en julio de 2013 de uno de los registros en sus casas. Ampliar foto
Castaño, sale en julio de 2013 de uno de los registros en sus casas.

La macrorredada contra la corrupción que dirige la juez Mercedes Alaya afecta a técnicos, altos funcionarios locales y políticos de instituciones públicas en 13 provincias -repartidas por Andalucía, Canarias, Extremadura o Madrid. La Operación Madeja, bautizada en sus primeros compases con ese nombre por el símbolo de la capital hispalense, deriva de otra investigación contra la corrupción, el caso Mercasevilla, del que, a su vez, surgió el asunto de los ERE de Andalucía. Estas son las claves de la nueva actuación policial, que recibe en su tercera fase el nombre de Operación Enredadera.

El origen de la Operación Madeja. La investigación arranca del sumario del caso Mercasevilla, una trama de venta de suelos con un concurso amañado. De esas pesquisas se derivó otra investigación por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras que desembocó en julio de 2013 en la detención del abogado Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín. La Guardia Civil también arrestó entonces a la esposa de Castaño, Ana Vaquero, y a dos empresarios de las compañías Fitonovo y Fiverde, supuestamente beneficiadas por Castaño cuando era director de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla entre 2003 y 2007.

La magistrada declaró la Operación Madeja secreta y envió a prisión a Castaño por supuesto cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. El exasesor fue puesto en libertad en agosto de 2013 tras pagar 60.000 euros de fianza.

El hilo de una trama de corrupción. El empresario de Fitonovo Rafael González, detenido en la operación, declaró que había entregado un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, el ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla. Además, admitió ante la juez la entrega de regalos a políticos y funcionarios de diversos Ayuntamientos, diputaciones provinciales y empresas estatales en Andalucía a cambio de contratos de obra. Citó también casos en municipio de Canarias.

Su testimonio mostraba así hilos de corrupción y sobornos en al menos cuatro provincias andaluzas y Canarias. El relato fue apoyado por uno de sus subordinados en la empresa filial Fitoverde. La entrega de cantidades en metálico, viajes y regalos como equipos informáticos, según su declaración, afectaba a funcionarios del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, así como a técnicos de Consistorios y diputaciones provinciales de Málaga, Jaén y Cádiz.

Ampliación de la operación. La Guardia Civil amplió en diciembre de 2013 la operación con la detención de dos personas vinculadas al área de Medio Ambiente de Sevilla, a un empresario, y al hijo del dueño de la empresa Fitonovo y otro empleado de esta firma, de la que presuntamente partieron las comisiones y regalos para altos cargos municipales.

La investigación se extendía así al equipo del alcalde y entonces presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido. La Guardia Civil acusó al exconcejal y actual director del área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, de supuesta participación en la trama.

Levantamiento parcial del secreto de sumario. El pasado mayo, la juez Mercedes Alaya aceptó levantar en parte el secreto sobre la investigación de la Operación Madeja a petición de los abogados de varios imputados en la supuesta trama.

El levantamiento afectó a la parte en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Domingo Enrique Castaño. Según la juez, este recibió regalos, dádivas y comisiones por la adjudicación de dos concursos públicos a las empresas Fitonovo y Fiverde por valor de 5,4 millones de euros. Esas dádivas se habrían traducido en un incremento injustificado de su patrimonio de 303.458 euros.

Tercera fase de la operación anticorrupción. La Guardia Civil practica registros en la sede de la Diputación Provincial de Sevilla y otras instituciones públicas. La actuación forma parte de la tercera fase de la Operación Madeja, que cambia de denominación. Ahora se llama Operación Enredadera, ya que se investigan trabajos y adjudicaciones relacionadas con la jardinería.

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