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32 detenidos en una operación anticorrupción en siete comunidades

La Guardia Civil desactiva un “entramado criminal” en el ‘caso Madeja’

 ATLAS

La Guardia Civil ha desplegado a las órdenes de la juez Mercedes Alaya una nueva operación contra la corrupción en instituciones públicas de siete comunidades autónomas, en la que detuvo a 32 personas por sobornos vinculados a la adjudicación de contratos públicos. Entre los detenidos figuran políticos (de PP, IU y Coalición Canaria), funcionarios de alto nivel y técnicos de Ayuntamientos, Diputaciones y el Ministerio de Fomento. Los investigadores llevaban 15 meses detrás de este “entramado criminal”, al que achacan haber amañado contratos públicos y la comisión de delitos como blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil o delitos contra la Hacienda pública y organización criminal.

“Estos funcionarios amañaban los procedimientos de adjudicación de contratas y no ejecutaban las prestaciones a las que se comprometían las adjudicatarias”, detallas fuentes cercanas a la investigación. La Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo la treinta de detenciones y 10 registros en 13 provincias como Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Badajoz y Lanzarote. El origen de la Operación Enredadera está en la supuesta contabilidad b de la empresa sevillana Fitonovo, un archivo hallado en el verano de 2013 por los investigadores durante un registro de la Operación Madeja, surgida del caso Mercasevilla. Para conseguir contratos de mantenimiento y jardinería para vías férreas con Adif, de carreteras con la Junta de Andalucía, y de parques y jardines con Ayuntamientos como el de Sevilla, los pagos en metálico y los regalos fueron supuestamente norma en Fitonovo. “Las comisiones se cargaban a los sobrecostes de las obras”, detallan fuentes del caso.

El hilo del que tiró la Guardia Civil fue el incremento patrimonial supuestamente injustificado del exasesor socialista en el Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño, encarcelado por Alaya tras recabar pruebas en su contra. A partir de ahí, los indicios fueron acumulándose hasta dibujar una red de contactos en Administraciones de todo el país, que a diferentes niveles habían beneficiado a Fitonovo y Fiverde para que lograran contratos a cambio de dinero y regalos.

Mientras, los agentes han detenido en La Carolina (Jaén) al teniente de alcalde Cristóbal Pérez (PP) así como dos técnicos de la Diputación de Jaén y del Ministerio de Fomento, informa Ginés Donaire. En la Diputación de Sevilla los investigadores detuvieron a Carlos Podio, responsable del área de Cohesión Territorial. En Canarias fue arrestado el jefe de área de Seguridad del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín (Coalición Canaria). En Huelva, los agentes detuvieron a dos técnicos de Fomento y un tercero de la Dirección General de Carreteras de la Junta.

El cuarderno de los sobornos

J. H.

La meticulosidad de Rafael González, el dueño de Fitonovo, indicó a los investigadores de la Operación Enredadera el camino a seguir. El empresario había mantenido durante años una contabilidad con los presuntos pagos realizados para obtener obras en diferentes Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas y canarias y cuyos responsables se beneficiaron supuestamente de estos abonos en dinero B. Muchos de esos apuntes han salido a flote esta mañana. Los investigadores, con pinchazos telefónicos, han tirado de la manta y han llegado ahora hasta una treintena de detenciones.

La juez ha ampliado la imputación de los responsables de Fitonovo y Fiverde, Rafael y José Antonio González (padre e hijo) y Ángel Manuel Macedo, así como del exdirector de Parques y Jardines del Ayuntamiento sevillano (PP), Joaquín Peña. Todos se negaron a declarar y quedaron en libertad con fianzas civiles de entre dos millones y 200.000 euros. De momento, Alaya mantiene el secreto de sumario de las actuaciones.

La operación policial se ha desplegado tras casi un año y medio de pesquisas no exentas de sobresaltos. Y es que Alaya precipitó la anterior tanda de detenciones tras filtrarse desde su juzgado los pinchazos telefónicos que llevaba a cabo la Guardia Civil, por un error en un auto judicial. Ahora los agentes tomarán declaración a los detenidos y analizarán el material incautado.

Un pago de 155.000 euros

Los investigadores apuntan a que los empresarios de Fitonovo gastaron supuestamente 700.000 euros en mordidas para políticos y funcionarios que les allanaron el camino en Ayuntamientos y Diputaciones de 13 provincias y ante el Ministerio de Fomento, entre 2003 y 2012. En esa época los abonos en efectivo se combinaron con regalos como teléfonos, viajes y coches, según los indicios recabados por los agentes.

Entre estos abonos, Alaya destacó ayer uno en efectivo de 155.000 euros al vocal de la empresa pública Lipasam de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz (IU), detenido ayer en la capital andaluza. Durante el anterior mandato en el Consistorio (PSOE-IU), Fitonovo logró contratos municipales para construir 11 campos de fútbol de césped artificial, y según los investigadores la mordida para Ruiz, entonces asesor de la Tenencia de Alcaldía, estaría vinculado a estos contratos.

En las 13 provincias fueron detenidos representantes de Fitonovo por una parte, y por otra los supuestos beneficiados con dádivas, varios de ellos funcionarios adscritos a Adif, del Ministerio de Fomento.

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