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La salida de la UE dispara el coste económico de la independencia

La deuda pública de Cataluña subiría hasta situarse entre el 80% y el 105% del PIB

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Para Mariano Rajoy, la independencia catalana traería “pobreza y recesión”. Para Artur Mas, “colocaría a Cataluña entre los países punteros de la UE”. La disparidad reina en los análisis sobre el impacto económico de la independencia: el último, de Societat Civil Catalana, anticipa que el PIB catalán caería hasta un 23%. Otros, fuera y dentro de la Generalitat, concluyen que el favorable saldo fiscal compensaría el coste inicial de separarse.

La única coincidencia en estos análisis es que la salida automática de la UE dispara el impacto económico. Los expertos que atribuyen un saldo favorable a la independencia confían en que un procedimiento de separación pactado con el Ejecutivo español limitaría esos costes. O que, en caso contrario, los Gobiernos europeos intervendrían para evitar un daño generalizado. Pero son alternativas que ahora no están encima de la mesa política.

La factura silenciosa de dos años de conflicto

La incertidumbre se filtra en la economía, aunque no es fácil de rastrear. “Se nota ligeramente”, ha admitido el presidente de la patrona catalana, Joaquim Gay de Montellà. Como otros Gobiernos autónomos, y ante el cierre de los mercados, la Generalitat recibe la asistencia del Ejecutivo central; de hecho es la comunidad que más depende de préstamos estatales, más de 30.000 millones en tres años. La falta de emisión de deuda autonómica dificulta calibrar la percepción de los inversores. Pero hay indicios: como señala Antonio García-Pascual, analista de Barclays, “los diferenciales de crédito” de Caixabank y Banco Sabadell (con sede en Cataluña) empeoraron en los mercados “cuando la Generalitat anunció su voluntad de seguir con la consulta”. Y, según las cuentas del Ministerio de Economía, la entrada de inversión extranjera en Cataluña en el primer semestre fue la más baja en 17 años.

Para Germà Bel, miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional que aconseja a la Generalitat, lo que “genera inestabilidad” es “alargar” el conflicto. Bel, de la Universidad de Barcelona, recuerda que referentes financieros (Bloomberg, Wall Street Journal o Financial Times) han instado a Rajoy a “mover ficha”. Más difícil es apreciar impacto macroeconómico. “No tenemos indicios de que se esté castigando más a Cataluña, crece por encima del conjunto de España”, señala Joan Ramon Rovira, de la Cámara de Comercio de Barcelona.

Caída del comercio contra saldo fiscal

El principal aval a la independencia es el saldo fiscal favorable a Cataluña, que aporta más recursos al conjunto del Estado de los que recibe. Marta Espasa y Núria Bosch, de la Universidad de Barcelona, calculan que esa ganancia sería de 12.000 millones (un 6% del PIB), una vez descontados los gastos por las competencias que asumiría el nuevo Estado catalán.

Espasa cree además que la capacidad de la Generalitat de “diseñar políticas propias, más adecuadas al mundo empresarial” permitiría “un salto cualitativo”. “En la experiencia internacional, nada indica que vaya a haber una mejora significativa y rápida en la gestión de políticas públicas”, contrapone Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo.

“Las cuentas del dividendo fiscal se hacen con un método [flujo monetario] que no es correcto”, añade Ángel de la Fuente, director del último estudio sobre balanzas fiscales del Ministerio de Hacienda. Y sostiene que “en los nuevos gastos a asumir, se olvida que a Cataluña les costaría más que a España, porque hay economías de escala que dejan de actuar”.

La tercera vía limita el impacto

Los expertos creen que un nuevo pacto fiscal con más competencias en respuesta a la demanda de autogobierno —la llamada tercera vía es la elección del 46% de catalanes, según Metroscopia—, es la opción que pasa menos factura. Los costes asociados a la independencia desaparecen, aunque el saldo fiscal favorable también sería menor. En suma, Cataluña disminuiría su aportación a la financiación autonómica y disfrutaría de un régimen competencial más amplio y exclusivo, un cóctel difícil de digerir para el Gobierno y otras comunidades.

“Un pacto fiscal, lingüístico, cultural y más autogobierno debería ser el escenario de más probabilidades de ocurrencia”, dice el catedrático Oriol Amat. “Si se va a ese pacto fiscal, siempre que sea creíble, los catalanes se lo deberían pensar mucho. Pero ahora no está encima de la mesa”, opina el catedrático Pol Antràs.

El profesor Germà Bel cree que es un debate estéril, que lo peor para Cataluña es “quedarse dentro” porque no cree que el Gobierno central realice “una propuesta que resuelva los problemas planteados”.

El pacto fiscal supone una redistribución de los recursos autonómicos para mejorar la situación de Cataluña. En su estudio de cuentas territorializadas, De la Fuente estimaba en un 0,7% del PIB catalán, el déficit fiscal achacable a un mal reparto del gasto territorializable y del sistema de financiación. Si se opta por ligar la aportación de cada comunidad a su capacidad (PIB) y los recursos que recibiría a sus necesidades (población), el déficit catalán a compensar estaría entre el 1,5% y el 3% del PIB catalán, según el método que se use.

La Generalitat apuesta por un sistema como el concierto vasco, que permite a Euskadi disfrutar del doble de recursos públicos por habitante que las comunidades del régimen común. “Sería francamente difícil que el resto aceptara una propuesta así”, asume el catedrático Santiago Lago, quien aboga por una negociación amplia: “Si comunidades como Castilla-La Mancha creen que es suficiente con parlamentarios a media jornada y Cataluña quiere más atribuciones, debe ser posible, la Constitución permite un federalismo asimétrico”.

Al menor saldo fiscal, De la Fuente añade el impacto (negativo) en el comercio. Una investigación de José Vicente Rodríguez Mora, de la Universidad de Edimburgo, advierte de que el resultado del comercio es sensiblemente menor entre países, como ocurriría tras la independencia, que entre regiones de un mismo país. Según Rodríguez Mora, ese nuevo efecto frontera implicaría una disminución cercana al 80% en las ventas catalanas a España, apenas compensada por un aumento de las exportaciones al resto del mundo.

“En un escenario de mínimos, sin aranceles por salir de la UE y sin boicot por una reacción hostil, el precio de la independencia sería equivalente al de la Gran Recesión”, concluye De la Fuente. En este escenario, la caída del PIB catalán sería cercana al 4%, mientras que la economía española retrocedería un 3%. Otros estudios incorporan diversas estimaciones sobre el efecto de un supuesto boicot, de la deslocalización de empresas o de que la UE ponga aranceles, que elevan el impacto en el PIB catalán hasta el 20%.

“No creo que se pueda aplicar el efecto frontera, que refleja tendencias históricas”, rebate Pol Antràs, catedrático de la Universidad de Harvard, quien cree que en, todo caso, sería un proceso muy progresivo, con lo que no debería compararse con la ganancia fiscal tras la independencia. “El Gobierno británico cuantificó, que en caso de independencia, la renta escocesa bajaría un 4% por reducción del comercio, pero en 30 años”, apunta Oriol Amat, catedrático de la Pompeu Fabra.

Sobre la posibilidad de un boicot a productos catalanes tras la independencia, Antràs cree que tendría un efecto limitado y temporal. “Dos tercios de lo que Cataluña vende al resto del Estado son bienes intermedios, y muchos productos están elaborados por multinacionales”, explica el catedrático de Harvard, quien estima que la caída de PIB por un boicot “llegaría como máximo al 2%”.

La Cámara de Comercio de Barcelona considera que, “en un escenario casi imposible, de máximos”, el PIB catalán bajaría hasta un 5,7% por la reducción del comercio, mientras que el español se dejaría un 1,4%. Rovira añade que el Gobierno catalán tendría pronto disponible un margen fiscal equivalente al 7,2% del PIB para bajar impuestos o aumentar gastos y compensar así el efecto de la caída de ventas a España. Amat, por su parte, recuerda que en un estudio que coordinó por encargo del Colegio de Economistas de Cataluña se concluía que la economía catalana crecería hasta el 4%, una vez comparada la caída comercial con la ganancia fiscal.

La incógnita europea

La independencia llevaría a Cataluña a salir de la UE y de la unión monetaria, según ha confirmado Bruselas. A las repercusiones de dejar un espacio integrado, con libertad de circulación de mercancías, capitales y personas, se suma el hecho de que la principal vía de retorno está condicionada por el posible de veto de España.

“En términos económicos una salida no pactada de España no es viable”, dice el profesor Bel, quien cree que “antes o después” se produciría una “intervención de la UE”, ya que, sostiene, la salida de Cataluña del mercado común “perjudicaría a varios países”.

En el caso de la libertad de mercancías, la situación se podría salvar con un acuerdo bilateral. Aquí solo hace falta la mayoría cualificada del Consejo de la UE, aunque el catedrático Amat cree que a España también le conviene: “El 70% de las mercancías de empresas españolas que van a Europa pasan por Cataluña. No les interesan los aranceles”.

Cataluña podría también seguir usando el euro, como hacen Kosovo y Montenegro, sin acuerdo monetario con la UE, lo que implica que estaría muy expuesto a cualquier shock externo, que tendría que afrontar con reservas de su banco central. O intentar un acuerdo monetario como el que disfruta Andorra. Pero estas negociaciones, como la del acuerdo comercial bilateral, tardarían años en forjarse.

“Si la independencia no es pactada, los costes de transición serían mucho más elevados”, plantea Antràs, que considera que una “salida pactada” con el Gobierno español con un periodo de “transición acordada hacia la UE”, rebajaría sensiblemente los costes. Pero no es esa la posición de partida de Rajoy. Y otros Ejecutivos europeos ven con poca simpatía los movimientos separatistas, por las implicaciones que tendrían dentro de sus fronteras. Un callejón sin salida para la independencia de Cataluña, que la amenaza de una crisis generalizada podría evitar, en opinión de Amat: “Si el conflicto llega a afectar a los mercados, la UE entonces intervendría para procurar que provoque el mínimo mal posible”.

La incertidumbre sobre el encaje con la unión monetaria pondría en una situación delicada a la banca con sede en Cataluña. Caixabank y Banco Sabadell dejarían de acceder a las facilidades de liquidez del BCE y tampoco serían fiscalizados por el supervisor único europeo, una situación que podría forzarles a mover su sede a otra comunidad. “Hay reglas de acceso a la liquidez a través de filiales o sucursales de los bancos en países de la zona euro. Otra cosa es la cantidad a la que puedan acceder”, concede Bel, quien recuerda que las dos entidades disponen “de grandes cantidades en deuda soberana española”, que facilitarían ese acceso. Además, las entidades conceden en Cataluña mucho más préstamos de los que pueden financiar con sus depósitos en la comunidad: buena parte de esa diferencia se compensa con depósitos captados en el resto de España, otro elemento de riesgo en caso de una separación poco amistosa.

La exclusión de la unión monetaria también supondría que la deuda soberana que emita Cataluña no podría descontarse en el BCE a cambio de financiación, lo que limitaría el apetito inversor por estos títulos. Además, es casi imposible predecir cómo reaccionarían los mercados ante el súbito aumento de la deuda autonómica. O ante la opción de que la Generalitat no asuma su parte de la deuda estatal mientras se negocia algún tipo de acceso a la UE, como plantea el líder de ERC, Oriol Junqueras. La deuda, ahora en el 32% del PIB catalán, pasaría a estar entre el 80% y el 105% del PIB catalán según el criterio de reparto que se eligiera.

“Cataluña se enfrentaría a un largo periodo de transición, en el que predominaría la incertidumbre. Votar a favor de la independencia es jugarse el futuro de Cataluña a la lotería”, afirmó Ángel Ubide, investigador del Peterson Institute for International Economics, en la presentación del estudio de Societat Civil Catalana.

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