Un juzgado investiga la formación de los sanitarios que tratan el ébola

Las denuncias sobre la falta de formación adecuada para atender casos de ébola en el complejo hospitalario La Paz-Carlos III de Madrid han llegado al juzgado y van a ser investigadas. La titular del juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha incoado diligencias previas por la posible existencia de una infracción penal tras admitir a trámite una denuncia presentada por 15 médicos del servicio de Medicina Intensiva del hospital de La Paz-Carlos III de Madrid.

La magistrada, en un auto fechado el 22 de octubre al que ha tenido acceso EL PAÍS, ha solicitado al centro documentación que acredite qué cursos de formación se realizaron, una relación del personal sanitario que asistió y de las personas que los impartieron, además de una lista completa con todos los médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería que hayan estado en contacto con el virus del ébola.

La titular del juzgado solicita también a la Inspección de Trabajo que le remita todas las actas o los informes instruidos “en relación con los hechos objeto de la denuncia”. Los 15 denunciantes señalan en su escrito como posibles delitos cometidos durante la preparación de los sanitarios uno contra la salud pública y otro contra la seguridad de los trabajadores.

En esta denuncia, tramitada por el sindicato de médicos Amyts, los facultativos aseguran que, desde que la dirección del hospital comunicó el 25 de abril a su Servicio de Medicina Intensiva que el hospital había sido designado centro de referencia para detección, cribado y tratamiento del ébola, ellos empezaron a denunciar "la necesidad de una infraestructura, medios y formación" para "proteger al personal implicado y evitar riesgos de transmisión al resto de la población".

A los médicos, continúa el escrito, se les prometió una formación adecuada mediante talleres prácticos. "En su lugar", señalan, "el servicio de Protección de Riesgos Laborales del hospital ofreció en el mes de julio a los interesados una charla explicativa de unos 45 minutos de duración, a lo sumo, y la exhibición de unos trajes de protección que no reúnen las condiciones de seguridad requeridas".

El 6 de agosto, ante la inminente llegada del primer misionero repatriado por estar infectado de ébola, y "la ausencia de los medios solicitados", los médicos volvieron a remitir un escrito a la Consejería de Sanidad madrileña. Pedían implantar las medidas solicitadas en abril "con urgencia máxima". Entre otras cosas, afirmaban que el hospital de La Paz, centro con más de 1.000 camas de hospitalización, no era el adecuado para recibir a un paciente infeccioso de esas características. "De forma apresurada", aseguran, y gracias a su "presión", esta denuncia fue subsanada al "reasignarse el hospital Carlos III como centro de referencia" en lugar de La Paz.

Las quejas por escrito continuaron, al menos, hasta el 8 de octubre pasado. Los intensivistas exigieron los mismos niveles de bioseguridad que en las instalaciones europeas o estadounidenses que atienden a pacientes críticos infectados por el ébola.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid abrió diligencias hace unas semanas para determinar si existió infracción penal en las circunstancias del contagio de la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Al tener conocimiento de que un juzgado de Instrucción ha incoado diligencias por estos mismos hechos, ha detenido su investigación y ha remitido a este juzgado todas las actuaciones ya realizadas. Entre otras cosas, había pedido información a La Paz-Carlos III y al hospital de Alcorcón sobre los procedimientos empleados.