Hacienda exime a los partidos de tributar por su financiación ilegal

La Agencia Tributaria contradice al juez Ruz y defiende la exención fiscal aunque el PP pagara sobresueldos y las obras de la sede con donaciones ilegales

La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez Pablo Ruz, que investiga la financiación ilegal del PP en el caso Bárcenas, en el que concluye que las donaciones ilegales a los partidos políticos están exentas de pagar impuestos. Esta afirmación exculparía al PP del delito fiscal que investiga al magistrado.

Ruz ha sostenido en distintos autos que  "las cantidades donadas en exceso de los límites legales quedarían sujetas a tributación por el impuesto de sociedades, ostentando aquellos ingresos el tratamiento de rentas sujetas a tributación”, Con esa tesis, el PP habría incurrido en delito fiscal al no pagar la cuota correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2008, cuando la formación conservadora ingresó en donativos ilegales 1.055.000 euros, según las anotaciones de la caja b que controlaba Luis Bárcenas.

El magistrado pidió a la Agencia Tributaria aclaraciones sobre dos informes aparentemente contradictorios sobre esta cuestión y recibió la respuesta definitiva el pasado 17 de octubre. La Agencia Tributaria explica que la Ley de Financiación de Partidos Políticos establece que las donaciones están exentas de tributación, sin precisar nada respecto a si la exensión fiscal alcanza también a aquellos donativos que se realizan vulnerando la ley, o bien porque superan los 60.000 euros anuales o porque los donantes son contratistas de administraciones públicas. "En la definición de las donaciones exentas [de pagar impuestos] no se exige que se hayan obtenido de acuerdo a la Ley", señala la Agencia Tributaria. Aunque aclara que esto no significa que cualquier donación quede amparada por la exención, insiste en que no deberán pagar impuestos si esos ingresos extraordinarios se dedican a "financiar las actividades que constituyan el objeto o finalidad específica del partido político".

Los firmantes del informe sostienen que el PP sólo estaría obligado a tributar si no hubiera dedicado esos donativos ilegales a la actividad esencial de la formación política. "La finalidad de la norma fue que solo quedaran fuera de la exención las donaciones irrgulares que no se afectaran a la finalidad política, esto es, que se destinarán a otros fines -lícitos o no- desarrollados por el partido". Y concluye que "la realización de gastos electorales, de otros gastos de funcionamiento de carácter laboral -aún cuando sean de retribución a la alta dirección- e incluso la realización de inversiones en la sede de la entidad, se considera afectación amparada por la exención".

El PP, según los papeles de Bárcenas, dedicó una parte de los donativos ilegales a pagar sobresueldos a la cúpula del partido y a las obras de reforma de su sede nacional, en la calle de Génova 13.

Más información