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Una firma de la trama acaparó 160 millones en contratos amañados

El constructor amigo de Granados intermediaba a favor de una empresa francesa

Fachada de la sede de Cofely en Madrid.

La macrooperación contra la corrupción que ha impulsado el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco (51 detenidos, entre ellos seis alcaldes, y el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados), señala a la firma francesa Cofely y su filial en España como la gran beneficiaria de los 250 millones de euros adjudicados en obras y servicios públicos. Esta empresa francesa logró que la mayoría de los Ayuntamientos implicados en la llamada Operación Púnica le adjudicasen en los últimos años contratas para supuestos ahorros energéticos (iluminación) en sus ciudades por algo más de 160 millones de euros, del total de 250 millones en numerosos contratos que se investigan.

Cofely fue la adjudicataria de estas millonarias contratas gracias a la intermediación de David Marjaliza Villaseñor, uno de los detenidos en la operación de ayer, expresidente de la firma Dico y amigo íntimo del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados.

Para que esas contratas acabaran en manos de la trama, existió una connivencia entre Cofely, políticos y funcionarios, según recalcan fuentes de la investigación. Las bases de los contratos se manipulaban supuestamente en favor de las firmas beneficiarias.

Cofely es el nexo común, el más sólido, entre los Ayuntamientos madrileños salpicados por el escándalo: Valdemoro, Móstoles, Parla o Collado-Villalba.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron ayer estos Consistorios en busca de sus contratos con Cofely ante la sospecha de que estén amañados. También buscaron adjudicaciones de servicios de limpieza en instalaciones deportivas de estos municipios, que se hallan entre los más poblados de la Comunidad de Madrid. La investigación se ha extendido a otras comunidades porque Cofely, supuestamente con las mismas artes, también ha contratado con ellas. Es parte de la piedra angular de la operación.

Con el dinero obtenido por las contratas, Cofely pagaba supuestamente comisiones a Marjaliza que este, a su vez, luego repartía con los políticos y funcionarios municipales que favorecían esas adjudicaciones. Cofely fue una de las empresas registradas ayer por los agentes de la UCO de la Guardia Civil.

La investigación judicial, que se ha desarrollado con sumo sigilo desde el pasado junio tras hacerse cargo de ella el juez Velasco, la inició la Fiscalía Anticorrupción en enero pasado, cuando las autoridades suizas alertaron a las españolas de que Francisco Granados había dispuesto de una cuenta en el BNP Paribas con hasta 1,5 millones de euros.

Suiza supo que Granados era un cargo público español porque había leído su nombre en EL PAÍS en relación con la trama de supuesto espionaje político que sufrieron en torno a 2008 dirigentes políticos enfrentados a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras llegar esta información procedente de Suiza, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar la procedencia del dinero de Granados en el extranjero. Y pronto halló el nexo entre este, que fue alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003, y David Marjaliza. Valdemoro, por ejemplo, adjudicó a Cofely cerca de 60 millones de euros.

Granados vendió un chalé que tenía en Marbella (Málaga) a Marjaliza, uno de los constructores afincados en esa ciudad con los que mantenía una estrecha relación. Otro constructor, Ramiro Cid, que le vendió la casa en la que vive ahora Granados, levantó un chalé de dos millones de euros que supuestamente iba a comprar el ex secretario general del PP. El coche que utilizaba la mujer de Granados sufrió un incendio en 2006 que la investigación de la Guardia Civil consideró intencionado. El vehículo estaba a nombre del constructor Ramiro Cid.

Siguiendo la pista del empresario Marjaliza, el juez descubrió que sus relaciones van más allá de Francisco Granados y que actúa como una especie de conseguidor de contratas y servicios en municipios madrileños, básicamente para la empresa Cofely.

Al ver que los tentáculos de la trama se agigantaban, el juez ordenó seguimientos e intervenciones telefónicas y comenzó a estrechar el círculo. Fue cuando se decidió poner a la operación el nombre de Púnica Granatum, por el parecido con el apellido de Francisco Granados.

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