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Los presupuestos ignoran a 315.000 nuevos dependientes

El Gobierno da el mismo dinero que en 2014 sin prever la obligada entrada de discapacitados leves en el sistema

El Ejecutivo asegura que se ampliará la partida

Residencia de ancianos en la Comunidad de Madrid.

Los Presupuestos Generales del Estado no contemplan la ayuda a 315.000 dependientes moderados que, tras dos años excluidos de cualquier tipo de prestación, deberían entrar por fin en el sistema de la dependencia y comenzar a ser atendidos en 2015. El Gobierno ha consignado una partida de gasto mínimo de 1.087.179.000 euros, cantidad idéntica a la de 2014, que difícilmente puede dar de sí para atender a los actuales 723.000 beneficiarios de la ley, incorporar a los 172.978 que están en lista de espera y, además, responder por primera vez a las necesidades de un voluminoso colectivo que abarca desde ancianos con escasa movilidad a personas con alzhéimer en los primeros estadios de la enfermedad.

¿Significa esto que por tercer año consecutivo se les deja fuera de la dependencia? “No”, garantizan fuentes del Imserso. “La ley establece que en 2015 deben entrar todos los grados pendientes. Las comunidades que reconozcan a una persona con grado I (el dependiente moderado) generan el derecho y la obligación del Estado desde ese momento es transferir el crédito. Se tendrá que aumentar la partida”. Para apuntalar su argumento esas mismas fuentes señalan que, en 2012, el presupuesto se incrementó en 120 millones; 122 en 2013 y unos 60 este ejercicio. Cada persona con Grado I le cuesta al Gobierno 44,33 euros al mes. Medio año de atención exigiría desembolsar 83.783.700 euros más.

La denegación de asistencia a los dependientes moderados —hay severos y graves— trae cola desde largo. En una de sus primeras decisiones al llegar al poder en 2011, el actual Gobierno —previo debate con las autonomías que cofinancian la dependencia— acordó una moratoria de la aplicación de la ley. De esta forma, las personas con dependencia más leve que ya habían sido examinadas, habían logrado el derecho a ser asistidas con dinero público y debían empezar a disfrutar de las ayudas en 2012 iban a tener que esperar un año más. En julio de 2012 llegó la segunda sorpresa: el Ejecutivo de Rajoy anunciaba un nuevo parón para el colectivo.

El presidente de la Asociación de Servicios Sociales: "Podríamos decir que Rajoy es insumiso"

El calendario de aplicación de la ley solo puede cambiarse por real decreto. Así se hizo entonces. De ahí que los presupuestos de 2015 hayan generado suspicacias entre profesionales del sector. “¿Abandono, torpeza u olvido?”, se pregunta el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Un 20% de los dependientes que tienen derecho a prestación están desatendidos en un flagrante incumplimiento de la ley”, continúa. “Podríamos decir que Rajoy es insumiso”.

Traducida esta denuncia a cifras significa que en España hay 896.449 personas con derecho algún tipo de prestación —ayuda a domicilio, residencias de mayores, centros de día...—, de las que 723.471 la están recibiendo, según datos oficiales, de septiembre. El resto están en lista de espera. Entre ellos, David Colomer, un niño de cinco años con parálisis cerebral y una discapacidad reconocida del 86% que vive en Canals (Valencia). “No camina, no habla, se atraganta al comer, necesita supervisión las 24 horas del día”, relata su padre, Raúl. Pidieron las ayudas en 2010 y hace tres años le reconocieron el derecho a percibir una prestación por cuidados en el ámbito familiar. “Incluso nos fijaron la cantidad a abonar, que en principio era de 589 euros al mes. Con los recortes, pasó a 450”, apunta. Han reclamado la agilización de su expediente sin éxito. Hartos de esperar, se han puesto en manos de la abogada Sandra Casas, y han presentado una denuncia en los tribunales para reclamar la prestación que mantiene congelada la Administración valenciana.

En los últimos años, la bolsa de personas en lista de espera ha descendido —un 9% con respecto a diciembre de 2013 y un 40% menos que en diciembre de 2011— pero no es una caída paralela al incremento de beneficiarios: parte de los dependientes han muerto a la espera de recibir la prestación. “Y a esa lista se suman ahora los 315.000 que necesitan ayuda para levantarse de la cama, comer, lavarse...”, dice Ramírez. “La partida de gasto mínimo de los Presupuestos Generales del Estado es ampliable”, admite, pero “generaría una desviación que dice poco a favor de la responsabilidad de quien elabora un presupuesto”.

La decisión de no incluir en los presupuestos de 2015 las ayudas a los dependientes moderados refuerza la sensación de incertidumbre al enmarcarse en una tendencia de caída de beneficiarios. Son 31.118 menos que a principios de año.

Un 90% menos de cuidadores afiliados

La decisión de postergar hasta 2015 la atención a los dependientes moderados (ha habido varios aplazamientos) se tomó en 2012 dentro de un amplio paquete de recortes al sistema de Dependencia que, entre otros aspectos, también incluyó que el Gobierno dejara de cotizar a la Seguridad Social (SS) por las personas que cuidan de un familiar dependiente y reciben una ayuda por ello. Ello se ha traducido en una caída en picado de los cuidadores no profesionales afiliados: entre finales de 2011 y julio de 2014 su número se ha reducido un 91,5%.

Los datos los ofreció recientemente el secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia, a partir de una respuesta parlamentaria remitida por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. El número de cuidadores dados de alta ha pasado de 172.363 personas a tan solo 14.594 en la actualidad, que son los que han decidido cotizar con sus propios recursos, una vez extinguida la ayuda estatal.

Hasta 2012, el Gobierno contribuía con estas personas —siempre que no tuvieran un trabajo por el que ya cotizaran o fueran pensionistas— para permitirles poder tener acceso en el futuro a una pensión. Las beneficiarias eran (y son) fundamentalmente mujeres: familiares o conocidos de la persona de la que se hacen cargo.

La fórmula del cuidador personal es una más del repertorio de prestaciones que contempla la ley de Dependencia. Rápidamente, desde que echó a andar en 2007, se mostró como el recurso más solicitado frente a otros como las ayudas para asistir a centros de día, la teleasistencia o incluso el ingreso en las residencias para mayores. Su éxito ha sido —junto con el ahorro que supone al Estado— otro de los motivos por los que se ha tratado de combatir. Para sus detractores, esta es una prestación económica que proporciona ayuda no especializada, al ofrecerse por parte de personas no formadas.