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El juez destapa la trama del 3% madrileño

La trama adjudicó obras en los últimos dos años por valor de 250 millones

Francisco Granados, exhombre fuerte de Esperanza Aguirre, entre los detenidos

Agentes de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Valdemorro

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco destapó ayer la que, según fuentes jurídicas, es “la trama del 3% madrileño”, una gran red de cobro de comisiones ilegales que afecta al PP en esta comunidad y en otras zonas de España, pero que también salpica de manera notable a políticos del PSOE. Desde primera hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a las órdenes de Velasco y de la fiscal anticorrupción Carmen García pusieron en marcha la Operación Púnica, en la que se investiga el supuesto cobro de mordidas por la concesión de contratos públicos por valor de al menos 250 millones de euros desde el año 2012 hasta la actualidad.

El origen de las pesquisas —y uno de los detenidos— es el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, hasta 2011 número dos de Esperanza Aguirre. Granados dimitió el pasado febrero como senador y parlamentario autonómico tras descubrirse que atesoraba 1,5 millones en un banco suizo. Esta fortuna, procedente supuestamente de cohechos de empresarios, fue el primer paso de la operación policial, que ayer sumaba 51 detenidos.

La Operación Púnica se saldó con el arresto de al menos seis alcaldes de localidades madrileñas, entre ellas Valdemoro y Collado-Villalba (ambas de 70.000 habitantes, y gobernadas por el PP) y Parla (124.000 habitantes, con regidor del PSOE). También fueron detenidos, entre otros, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón (PP), y el exalcalde socialista de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso, así como empresarios de la construcción y de grandes empresas de servicios, entre ellas Cofely España, filial del gigante energético francés GDF Suez.

De momento, la Guardia Civil ha detenido a 51 personas dentro de un sumario que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. Según fuentes jurídicas, los políticos detenidos cobraban “entre un 2% y un 3% de comisión por cada contrato que adjudicaban” a las empresas implicadas en la trama. En total, según las mismas fuentes, las mordidas conocidas hasta ahora ascendieron a entre cinco y siete millones de euros. En la operación participaron 150 agentes de la UCO y cinco secretarios judiciales. Velasco realizó 400 mandamientos de bloqueo de cuentas a bancos y aseguradoras y 259 peticiones a registros de la propiedad de toda España para ordenar el embargo de bienes inmuebles. En la operación se intervinieron 30 vehículos de alta gama.

Los imputados, según fuentes de la investigación, no trabajaban para la financiación ilegal de sus partidos, sino que buscaban única y exclusivamente su lucro personal. Se trataba en muchos casos de políticos en el fin de su carrera que deseaban aprovechar su paso por la gestión pública para labrar una fortuna.

Granados en un homenaje a víctimas del terrorismo en 2010.

Las pesquisas se iniciaron en diciembre de 2013, cuando las autoridades suizas tuvieron conocimiento de que Francisco Granados estaba implicado en el presunto caso de espionaje sufrido en 2008 por políticos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Al cruzar su nombre con sus bases de datos, la justicia helvética descubrió que Granados disponía de una cuenta corriente con 1,5 millones de euros. Suiza avisó a la Fiscalía Anticorrupción, y los depósitos bancarios quedaron bloqueados. A partir de ahí arrancó la Operación Púnica, denominación que deriva de Punica Granatum, nombre científico del árbol de la granada.

Los investigadores comenzaron a tirar del hilo del dinero. Y el primer nombre que obtuvieron fue el de David Marjaliza. Este constructor, expresidente de Nuevas Generaciones en Valdemoro, municipio del que Granados fue alcalde entre 1999 y 2003, actuaba como conseguidor. Es decir, hacía de intermediario entre los empresarios con intereses en obtener contratos públicos y recalificaciones de terrenos y los políticos y los técnicos municipales encargados de las adjudicaciones.

Marjaliza, que hasta 1995 fue concejal de Valdemoro, recibió contratos en esta localidad y también en Parla. Sus sociedades tenían, según fuentes de la investigación, una doble finalidad. Por un lado servían para presentarse a los concursos públicos y por otro para blanquear el dinero negro que generaba su actividad.

Algunas de las adjudicaciones más sustanciosas en la Comunidad de Madrid, y en las que supuestamente medió Marjaliza, tuvieron como protagonista a la empresa Cofely, filial de Suez. Esta empresa, dedicada a la eficiencia energética, suscribió en julio de 2013 un contrato de 57,4 millones de euros con el Ayuntamiento de Parla mientras que en Collado-Villalba firmó un acuerdo por 15 años para gestionar el suministro de energía por valor de 47 millones. Cuatro ejecutivos de esta entidad, con el director general, Maurice Didier a la cabeza, fueron detenidos en la redada de ayer.

La relación de negocios comunes de Granados y Marjaliza, amigos desde los 20 años, es nutrida. En 2006, el político, entonces consejero de Presidencia de Madrid, vendió su chalé de Marbella (Málaga) a una sociedad del constructor. El 22 de octubre de ese año, un Mini Cooper ardió en el garaje de la vivienda de Granados. El vehículo figuraba a nombre de una empresa de Marjaliza.

Una segunda línea de investigación llevó al otro conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro Llorca. Este ingeniero informático de 42 años, con contactos en la Comunidad Valencia y en Murcia, ha trabajado para diferentes compañías tecnológicas. Por la tarde, la policía registraba la sede de su consultora EICO en Valencia.

La trama usaba influencias políticas para introducirse en la Administración pública con el fin de conseguir adjudicaciones de contratos y de servicios a cambio, supuestamente, de comisiones. Además, según la investigación, blanqueaban los beneficios a través de un complejo entramado societario con ayuda de empresas que, a su vez, también les servían para conseguir los servicios y los contratos contraviniendo el principio de libre concurrencia. Según las mismas fuentes, se constata que modificaban pliegos de contrato con los políticos y los técnicos municipales.

Aunque la operación afecta a políticos de los dos grandes partidos, y también a alguno de formaciones independientes, la noticia supuso un nuevo mazazo para el PP. En apenas dos semanas, el partido del Gobierno ha visto, en un estado de shock, cómo estallaba el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, con la imputación del exministro de Economía Rodrigo Rato y del expresidente de la caja Miguel Blesa. También ha asistido a la imputación en el caso Gürtel del exministro Ángel Acebes, y al descubrimiento por parte del juez Pablo Ruz de que el partido pagó 1,7 millones en dinero negro por las obras de reforma de su sede nacional de la calle Génova 13.

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