Canarias paraliza la consulta sobre las prospecciones petrolíferas

El Ejecutivo de Paulino Rivero esperará a conocer la decisión del Tribunal Constitucional

El Consejo de Ministros ha aprobado la presentación de los recursos y pedirá la suspensión

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

El Gobierno de Canarias ha decidido paralizar la consulta sobre las prospecciones petrolíferas convocada para el 23 de noviembre. La decisión ha sido adoptada por el Ejecutivo de Paulino Rivero después de que el Consejo de Ministros anunciara hoy su intención de de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta convocatoria.

El Gobierno de Canarias sigue creyendo que la consulta es constitucional y confía en que finalmente el tribunal la avalará. Sin embargo, quiere esperar a la resolución y, mientras tanto, paralizará todo el proceso, tal como ha asegurado un portavoz del Gobierno canario.

El Ejecutivo autonómico considera que"tanto el marco normativo de la consulta como la pregunta directa que se formula a la ciudadanía son plenamente constitucionales", asegura en un comunicado. "En esa dirección, entiende que se trata de un instrumento de democracia participativa que tiene amparo en la Ley canaria 5/2010 de Participación Ciudadana, plenamente válida y eficaz y que no ha sido cuestionada nunca por el Gobierno de España".

La consulta, continúa el Gobierno canario, "tampoco supone un referéndum encubierto porque no se llama al cuerpo electoral ni al censo, ni se gestiona por la Administración electoral ni está asegurado con garantías jurisdiccionales específicas". En cuanto a la pregunta, añade, "tampoco acusa visos de inconstitucionalidad porque no recaba la opinión de la ciudadanía en relación con las prospecciones autorizadas por el Estado, sino el modelo medioambiental y turístico del Archipiélago".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes recurrir al Tribunal Constitucional la consulta convocada por el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas en las costas de las islas, según ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa. El Gobierno pedirá al Constitucional también la suspensión de la consulta canaria, como hizo con la catalana del 9-N, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.

El Ejecutivo ha recibido ya los informes del Consejo de Estado preceptivos sobre el asunto, ha explicado la vicepresidenta, e impugnará ante el alto tribunal los dos decretos del Gobierno canario para la consulta: el que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana, así como el que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general competencia de la Comunidad Autónoma. Es decir, las dos normas aprobadas por el Ejecutivo canario para poder convocar la consulta.

"Estamos hablando de competencias [la convocatoria de una consulta] que no son de Canarias, son del Estado", ha afirmado Santamaría. "Sobre esas competencias no hay capacidad de negociación. Nosotros respetamos las competencias del Gobierno de Canarias como pedimos que el Gobierno de Canarias respete las del Gobierno", ha añadido.

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anunció el pasado 2 de octubre que la fecha para la consulta sería el próximo 23 de noviembre. La pregunta que quería someter a consulta era: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"

Poco antes del anuncio de la vicepresidenta en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente canario ya había expresado su opinión ante la previsible impugnación de la consulta. El Ejecutivo canario, ha dicho Rivero, está convencido de que los decretos aprobados se han elaborado "desde el cumplimiento estricto de la legalidad vigente". Según el presidente canario, son "razones de tipo político" las que tratan de frenar su iniciativa. 

Rivero ha recordado que el Gobierno autónomo, con la aprobación del Parlamento de Canarias, solicitó al Ejecutivo estatal la convocatoria de un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas cercanas a las islas y que, ocho meses después de esa petición, "no ha dado una sola respuesta". Por ello, ha señalado que el Gobierno de Canarias, a partir de la Ley de Participación Ciudadana, decidió formular una consulta a los ciudadanos de las islas, porque tiene competencia para ello.

En relación a la suspensión cautelar de esta consulta, convocada para 23 de noviembre, que previsiblemente se solicitará en el recurso, Rivero ha afirmado que "el Gobierno no acepta que por razones de tipo político se esté impidiendo que los canarios hablen", pero que será "respetuoso con el ordenamiento jurídico".

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