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El carril de los españoles

Portugal reclama a 300.000 conductores, principalmente de Huelva y Galicia, el pago de 80 millones en telepeajes

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Uno de los telepeajes de Portugal que comenzó a funcionar en 2011. efe

El 21 de agosto, Hilario abrió una carta aparentemente inocente, sin membretes bancarios, pero después del “Estimado señor” comprendió que aquello era malo. “Por la presente, Brisa Concessão Rodoviária informa de que su vehículo matrícula 3648FZJ lleva años circulando por las autopistas portuguesas sin pagar peajes”. Total: 1.510,63 euros. Hilario entendió que Vostok Car, su empresa de 40 coches de alquiler en Ayamonte (Huelva), estaba al borde de la ruina. Desde este verano, una oleada de cartas similares procedentes de Portugal ha llegado a particulares y empresas de transportes, principalmente de Galicia y Huelva. Hay impagos que se remontan a 2009. 

El problema arranca en 1991, cuando la concesionaria portuguesa Brisa inauguró el sistema de telepeaje Vía Verde, que permite pagar en algunos carriles sin necesidad de detener el vehículo gracias a un dispositivo electrónico que se coloca en el parabrisas. España estrenó en 2003 algo similar, el sistema Vía T. Pero hay una diferencia fundamental entre ambos: mientras el carril rápido español cuenta con una barrera que solo se levanta cuando la cámara lee el transmisor instalado en el coche, en el carril Vía Verde no hay barrera. Cualquiera puede pasar. “Lo que no está expresamente prohibido está permitido”, defiende Fernando Teijeiro, presidente de la asociación de transportistas Fetram. Es lo que han hecho muchos coches españoles durante años, algunos por picaresca y otros por desconocimiento. El abogado Óscar Hernández está al otro lado de la cadena. Hace año y medio, una pequeña concesionaria portuguesa, Ascendi, contactó con su despacho, ONBK, para intentar cobrar los peajes atrasados. La empresa de autopistas aportaba las matrículas infractoras y el despacho español debía encontrar el domicilio de sus propietarios. “Hicimos una prueba con 2.000 matrículas”, recuerda Hernández. “El 40% pagó sin más”. En vista del éxito, le llegó el encargo de Brisa, propietaria del sistema Vía Verde. “En estos momentos gestionamos el cobro de unas 300.000 matrículas de vehículos”, dice el abogado, que calcula el impago en unos 80 millones.

“El sistema de pago es, como mínimo, farragoso”, se queja Francisco Hernández, transportista español

“Los carriles Vía Verde están señalizados igual que los Vía T”, explica el portavoz de Brisa, “pero, a pesar de ello, muchos vehículos españoles optan repetidamente por este carril de forma incorrecta, en lugar de usar los carriles donde hay cabinas de pago con tarjeta o efectivo”. La mayoría de las infracciones se cometen en la A3 Porto/Valença y la A6 Marateca/Caia, que unen ambos países. Para que no haya excusas, Brisa recuerda que los dispositivos Vía T que se usan en España son compatibles en Portugal (y se puede alquilar un dispositivo temporal).

La Vía Verde es solo una parte del problema. Ante la necesidad de recaudar a raíz de la crisis, el Gobierno portugués decidió en 2011 cobrar en las autovías llamadas SCUT (sin coste para el utilizador). En vez de instalar cabinas de peaje convencionales, Portugal colocó en las ex-SCUT arcos con cámaras que leen las matrículas; es decir, peajes exclusivamente electrónicos. Los coches españoles que no lleven un dispositivo (Vía T, Vía Verde o Vía Verde alquilado) pueden asociar durante un mes su matrícula a su tarjeta de crédito o comprar tarjetas de prepago por días, importes o trayectos. Las tarjetas se pueden comprar en puestos fronterizos y en algunas oficinas de Correos y gasolineras. En ningún caso un vehículo extranjero puede pagar después de usar la vía. Y ninguna de estas formas de prepago sirve para pasar por una Vía Verde. “Hay una parte importante de desconocimiento”, admite Hernández. “A veces, los infractores creen realmente que han pagado, pero no es así”.

Por un lado, existen impagos de menos de 45 euros, pero de muchos usuarios, llamémosles, inocentes. Por otro, hay unas pocas matrículas con muchos peajes impagados. Son empresas de transportes, principalmente gallegas. “Tenemos un caso de 500.000 euros, varios de 150.000 y hemos llegado a acuerdos con asociaciones de transportistas que debían 40.000 euros”, dice Hernández.

La policía portuguesa tiene una lista negra de vehículos gallegos que como norma no pagan nunca. Si los detecta, los persigue antes de que crucen a España para ponerse a salvo —hasta que el programa informático de ONBK localice su domicilio social—. “A veces los transportistas gallegos son perseguidos como delincuentes por vehículos no identificados, que acorralan sus camiones para reclamar el impago de un peaje que en la mayoría de los casos se produce por la complejidad o fallo de los sistemas electrónicos”, ha denunciado la Federación Gallega de Transportes de Mercancías.
Teijeiro, de Fetram, es más comedido. “No justificaremos que no haya que pagar, pero habría que preguntarse si hay una carretera alternativa al peaje. Entrando por Zamora, por Galicia, por Chaves, por Badajoz o por Ayamonte no la hay, por lo que se vulnera el principio de libre circulación de la Comunidad Europea”.

En Huelva, el problema es más con las compañías de coches de alquiler y sus conductores ocasionales. “En la frontera la información está en portugués y en inglés”, explica Hilario. “El sistema es muy complicado: si pagas al cruzar, armas una cola kilométrica; si no lo haces, hay que ir a un pueblo a 10 kilómetros y pagar en Correos... Además, la matrícula queda asociada a tu tarjeta de crédito durante un mes; si no lo desactivas, te pueden cargar los peajes del siguiente que alquile el coche”.

Francisco Hernández, que trabaja en una de las principales flotas de camiones españolas, califica el sistema de “farragoso, como mínimo”. Su empresa, dice, está limpia, pero ser legal es incómodo: “Si pagas en una gasolinera, te venden peajes de 10 euros, aunque tu trayecto sea solo de 7,40”.

“Es igual que si un español se va sin pagar de un hotel en Francia”, defiende el abogado de ONBK, que ya está presentando demandas (calcula que al final habrá unas 700). Antes se puede llegar a un acuerdo, pagando el peaje y 25 euros por gastos de gestión. “Pese a la famosa picaresca española, me ha sorprendido el civismo”, reflexiona el abogado, “un gran porcentaje de gente paga sin llegar a la vía judicial”.