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El nuevo ministro Catalá revisará los grandes proyectos de Gallardón

El titular de Justicia deja en el aire la retirada de la prisión permanente revisable

Rafael Catalá, nuevo ministro de Justicia.
Rafael Catalá, nuevo ministro de Justicia.

El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, revisará los grandes proyectos pendientes de su predecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, según ha anunciado ante la Comisión de Justicia del Congreso. De esa revisión solo se librará la atribución de los registros civiles a los registradores de la propiedad, que aún está en marcha y que ha provocado notable polémica, porque desde distintos sectores se ha considerado como una privatización de este servicio público.

Revisará los grandes proyectos legislativos que quedarán en nada y dejó en el aire la posible retirada de la prisión permanente revisable, porque solo impulsará una parte del Código Penal que está empantanado en el Congreso.

La enmienda de totalidad a su predecesor empezará por la ley de tasas, que está pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional. Catalá ha admitido que "ha generado un cierto rechazo, de operadores judiciales y de los grupos políticos" y ha explicado que abrirá un proceso para tener "información de detalle y minuciosa" antes de abordar la reforma. Sin éxito todos los grupos salvo el PP le pidieron la derogación total de la ley de tasas.

En esta línea, cambiará el proyecto de Ley de Justicia Gratuita que ya está en el Congreso y sobre el que se comprometió a introducir enmiendas para que "nadie por razones económicas se quede sin tutela judicial y para eso habrá una ampliación en beneficiarios y estudiaremos con detalle los umbrales de renta". Para eso se compromete a "incrementar el presupuesto donde el Ministerio de Justicia tiene competencia, para eso habrá enmiendas de los presupuestos para una nueva partida que permita convenios de colaboración con comunidades autónomas y poder asumir costes".

La principal rectificación de Catalá a su predecesor se refiere a dos normas: la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sobre la primera Gallardón impulsó una nueva norma que pasó una vez por Consejo de Ministros, que recabó informes de órganos consultivos y que quedó pendiente de aprobación por el Gobierno para iniciar el trámite parlamentario. Ese proyecto suponía un cambio radical de la Justicia para que, por ejemplo, pudieran instruir tres jueces las causas especialmente complejas. Catalá enterró ese proyecto y anunció uno nuevo que empezará el trámite desde cero, es decir, volviendo a recabar informes.

La norma anunciada por Catalá ya no eliminará los partidos judiciales y se limitará a cambios organizativos. Según dijo "mantener la demarcación, confirmar los partidos judiciales con proximidad al ciudadano. Introducir mejoras necesarias para que la demarcación funcione de forma eficaz, racionalizar la organización ante las salas de Gobierno y retoques en la oficina judicial".

No ha mencionado la reducción drástica de aforamientos de la que habló este verano Gallardón.

Sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Gallardón elaboró un borrador de Código Penal Procesal sobre la base de un informe de expertos que, por ejemplo, preveía la instrucción por parte de los fiscales, y luego lo guardó en un cajón. Ahora Catalá lo entierra y anuncia una nueva Ley de Enjuiciamiento con cambios mínimos como la doble instancia penal, que estaba pendiente y sobre la que España había sido reiteradamente  condenada.

Incluirá medidas para agilizar los macroprocesos. "Ahora hay un mecanismo muy rígido para acumular todas las causas conexas,  de manera muy amplia para todo lo que tuviese analogía o relación entre sí. Eso da ventajas a los delincuentes", explicó el ministro para el que se buscará una fórmula para que no sea necesaria la "concatenación sucesiva de piezas y que puedan comparecer en tiempos razonables, acabando con sensación de retardo".

Propuso estudiar un plazo máximo para la instrucción y revisar la condición de los imputados.

En la nueva Ley de Enjuiciamiento se incluirá un nuevo proceso "que mejore la tramitación de delitos que podrían ser más sencillos y ahora ocupan tiempo de tramitación compleja, por ejemplo los de conducción en estado de embriaguez". Según Catalá, se trata de "generar un sistema de tramitación rápida y de conformidades". También afectará a la gestión de faltas sin autor conocido y la actualización de la intervención judicial de comunicaciones que ha quedado muy desfasada. Ese cambio en el proceso para conductas leves es obligado porque el Código Penal en trámite elimina las faltas y las convierte en delitos menos graves o las suprime.

Habrá un procedimiento para la ejecución de sentencias europeas, con una pequeña reforma al recurso de revisión.

No es seguro que ambas leyes puedan concluir su trámite parlamentario en un año de legislatura.

Catalá se ha mostrado dispuesto a estudiar restricciones a la potestad de indulto, según se negocia ya en el pacto para la regeneración democrática que debe estar concluido este mes.

Respecto al Código Penal, ha anunciado su interés en buscar acuerdos sobre el texto que está embarrancado en el Congreso con sucesivos plazos de enmiendas. El ministro ha dejado en el aire  la posibilidad de renunciar a  la prisión permanente revisable.

Otras normas que impulsará serán la de corresponsabilidad parental, la de jurisdicción voluntaria, la aceptación en el Código Civil de matrimonios de diferentes religiones, la de reconocimiento de los sefardíes, el Código Mercantil, la ley de arbitraje y el estatuto de la víctima.

La revisión de la gestión de su antecesor llegó hasta el registro civil. En este punto, Catalá no escuchó la críticas de los grupos y defendió la idea de su antecesor, negando que sea una privatización. Su tesis es que "los registradores pueden ser un cuerpo de funcionarios y no es una privatización". Anunció que creará una comisión con el Colegio de registradores, siempre con la tutela de Justicia.

En todo momento, Catalá ha hecho referencia a que solo queda un año de legislatura y, por tanto, no puede abordar normas excesivamente complejas por falta de tiempo para tramitarlas. "Hay que hacer pocas leyes, pero buenas", "hay que abordar proyectos de ley viables en el tiempo de resta", y "no me pienso complicar en proyectos sin sustrato material y realista en términos materiales y de calendario", ha asegurado.