El poder judicial rechaza suspender al juez de la ‘constitución catalana’

El Consejo General del Poder Judicial ha decidido no apartar de sus funciones a Santiago Vidal, el magistrado de la Audiencia de Barcelona que participó en la redacción de una Constitución para Cataluña. La comisión disciplinaria se ha reunido este mediodía y ha acordado, por cuatro votos a tres, nos suspender al juez al considerar que, en este caso, la adopción de la medida cautelar no atajaría la situación que se quiere evitar: las declaraciones públicas y su participación en la redacción de la Constitución catalana, según informan fuentes del Poder Judicial. A favor de la suspensión han votado tres de los cuatro miembros de la comisión propuestos por el PP: Ángeles Carmona, Wenceslao Olea y Carmen Llombart (Olea ha anunciado voto particular). Vicente Guilarte, también propuesto por el PP, ha votado en contra de la suspensión, al igual que los dos miembros propuestos por el PSOE (Roser Bach y María Victoria Cinto) y el del PNV (Enrique Lucas).

La decisión de la comisión disciplinaria no termina con el expediente abierto por el promotor de la acción disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que en abril incoó una información previa para analizar la actuación de Vidal y la semana pasada propuso a la comisión disciplinaria su suspensión cautelar. Lo que hoy se estudiaba era apartar al juez mientras se tramita el expediente con el que se resolverá si el Poder Judicial sanciona o no al juez. Fonseca-Herrero, que en mayo tomó declaración al magistrado, considera que Vidal ha apoyado públicamente “como legítimo” el incumplimiento de las leyes y de la Constitución española. El promotor recordaba, además, que Vidal ha reconocido su participación en un grupo de trabajo “de composición heterogénea e indeterminada” cuyo objetivo es elaborar una Constitución para una Cataluña independiente.

Estos hechos, según el promotor, pueden constituir dos infracciones disciplinarias que la Ley Orgánica del Poder Judicial tipifica como muy graves. La primera, una “ignorancia inexcusable” en el cumplimiento de los deberes judiciales de fidelidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico. La segunda, la vulneración del régimen de incompatibilidades al que están sometidos los funcionarios. Fonseca-Herrero propuso a la suspensión cautelar de Santiago Vidal “dada la extrema relevancia de los hechos descritos, con evidente proyección pública y social”.

La Fiscalía, que el pasado jueves envió al CGPJ un oficio denunciando los hechos, había remitido alegaciones a la Disciplinaria en las que no se oponía a la suspensión solicitada por el Promotor de la Acción Disciplinaria. En su escrito, la Fiscalía consideraba que los ciudadanos difícilmente pueden albergar confianza en la imparcialidad en la aplicación del Derecho por parte de quien notoria y públicamente cuestiona la legalidad vigente y el mandato constitucional de sujeción a ella. También recordaba que la Constitución en su artículo 117 impone a los jueces una estricta sujeción a la legalidad y a la imparcialidad.

El juez Vidal defendió en mayo ante el promotor la “legitimidad”, que, aseguró, no fue contratado ni auspiciado por ningún partido ni institución. Además, defendió su libertad de pensamiento, de expresión y de opinión. Hoy, horas antes de conocer la decisión del Poder Judicial, el magistrado volvía a defenderse en términos parecidos. "Tengo derecho a la libertad de expresión y a la creación jurídica y, digan lo que digan, lo seguiré haciendo", ha dicho, informa Alfonso Congostrina. Vidal debía participar esta mañana en un acto de la Asamblea Nacional Catalana titulado "Construcción de un Estado Nuevo". El magistrado no ha podido pronunciar la conferencia ya que en el mismo momento el CGPJ se reunía para decidir si suspendía al juez.

Lejos de amedrentarse, Vidal sólo ha querido dejar muy claro cual será su actitud independientemente de la decisión del consejo."Nunca, desde 1978 se ha adoptado la suspensión cautelar de un juez" ha resaltado. Y previendo la decisión ha sentenciado: "Espero seguir confiando en el derecho, pero si no es así, quiero dejar claro que mis opiniones no han influido en mis decisiones jurídicas". Vidal aclaró que él juzga causas penales lejanas a conflictos de naturaleza política. Además remarcó que durante su tiempo libre es un ciudadano y tiene derecho a "debatir como construir legalmente un nuevo Estado" . Vidal ha concluido el actocelebrado en la Facultad de Económicas de la UB con la lectura de un cuento. Un pequeño relato que concluía: "Nunca obedeceremos a aquellos que no hacían otra cosa que oprimir".

En el texto por el que se ha expedientado a Vidal participan, desde el pasado mes de abril, una decena de jueces, catedráticos de Derecho Constitucional y letrados especialistas, que están redactando un borrador de una hipotética Constitución catalana. El texto fue supuestamente el producto de la iniciativa de un grupo de diputados independentistas de CiU, ERC y otros, que les pidieron el texto. El trabajo, en fase de borrador cuando el Consejo General del Poder Judicial abrió expediente al magistrado, se resume en nueve títulos, 17 capítulos y un centenar de artículos donde desarrollan la idea de una república de Catalunya que se define como una nación. Esa nación tendría un presidente representativo y un primer ministro con todos los poderes con un límite de dos mandatos, además de una Agencia Catalana de Tributos que recaudaría todos los impuestos. El primer artículo de ese documento dice: “Cataluña es una nación. Esta nación se configura desde el punto de vista jurídico-político como una república”.

Cuando el juez Vidal declaró ante el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial explicó que se trataba de una iniciativa particular de un grupo de amigos expertos en Derecho Constitución que elaboraron un borrador de “una hipotética y futura República de Cataluña en la hipótesis de que finalmente se lleva a cabo la consulta del próximo 9 de noviembre y en la hipótesis de que de la misma surgiera el inicio de un proceso de transición nacional hacia un Estado diferente del español”.