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Las plataformas de ‘crowdfunding’ pagarán 2.400 euros al año al Estado

Según el proyecto de ley de Financiación empresarial que prepara el Gobierno

La vicepresidenta del Gobierno con el ministro de Economía durante la presentación del anteproyecto sobre 'crowdfunding', en febrero

El Gobierno está decidido a regular el crowdfunding, la financiación colectiva a través de internet. Si a principios de año anunció que iba a poner límites a este método de conseguir fondos, y más tarde dejó fuera de estas limitaciones a los profesionales, este domingo se ha conocido cuánto van a tener que pagar por operar las plataformas que permiten esta forma de pago. El coste administrativo de las plataformas de financiación participativa será de unos 830 euros iniciales para conseguir la autorización y unos 2.400 euros al año, según el proyecto de ley de financiación empresarial que prepara el Ejecutivo. 

En la actualidad hay unas 17 de estas plataformas operativas en España, pero el Gobierno estima que el "aumento de la seguridad jurídica" incentivará a la creación de nuevas, aunque también es posible que otras desaparezcan por el aumento de la competencia. Según los cálculos gubernamentales, con esta reforma se podría aumentar el número de portales de crowdfunding hasta las 25.

Teniendo en cuenta el régimen de autorizaciones previsto en el proyecto de ley, se calcula un coste de 80 euros por la presentación de la solicitud, 500 euros por la presentación de un informe o memoria y otra documentación para que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) valore si se cumplen los requisitos, 150 euros por la presentación de los documentos y 100 euros por la publicación de la información en la web.

A esos 830 euros de cargas iniciales se suman 2.400 euros anuales por la llevanza de libros y registros electrónicos de las operaciones (unos 300 euros), la publicación de información en la web (100 euros), la auditoría anual de cuentas (1.500 euros) y la presentación de la memoria a la CNMV (500 euros).

En total, 3.230 euros que, multiplicado por las 25 plataformas previstas, suponen un coste global para el sector de 80.750 euros el primer año y 60.000 euros los ejercicios siguientes. No obstante, el Gobierno recuerda que este cómputo no incluye ni los requisitos financieros de capital social (60.000 euros) y recursos propios (al menos 120.000 euros), ni el coste del asesoramiento legal, las tasas de supervisión de la CNMV o la obligación de aportar más documentación.

En cuanto al impacto global del crowdfunding, el Ejecutivo cree tiene "un gran potencial" sobre todo en el ámbito de los proyectos de la "economía real", que son los que tienen más dificultades para conseguir fondos. "El mayor riesgo promedio de dichas inversiones se verá compensado por el mayor potencial y por la posibilidad de diversificar en distintos proyectos", añade.

Según el proyecto de ley, las plataformas de crowdfunding podrán financiar un máximo de 2 millones de euros por proyecto a través de las aportaciones de inversores minoristas (máximo de 3.000 euros anuales por plataforma o 10.000 euros anuales en el conjunto de plataformas) e institucionales (sin límite). La propia plataforma también podrá aportar fondos, aunque sin exceder en ningún caso el 10% de sus necesidades ni llegar a controlar la empresa.

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