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El coste de denunciar la corrupción

El testigo clave de un fraude de 200 millones en Aragón asegura que sufre acoso

El PSOE, que rechazó estudiar su caso, lo considera un traidor

Enero de 2008. Oficina de la Unión Temporal de Empresas Acciona-Mariano López Navarro en la plataforma logística Plaza de Zaragoza. Chabier Mayayo elabora las facturas que su compañía pasará al cobro a la empresa pública que gestiona ese macropolígono industrial, proyecto estrella del Gobierno de Aragón durante el mandato de Marcelino Iglesias (PSOE). Mayayo mete los metros construidos, los saneamientos de tierras realizados, los materiales utilizados y aplica el precio. Pero su jefe no se muestra muy de acuerdo con el resultado.

—“Mete un 20% más de saneo”, le ordena.

—“Pero, ¿cómo voy a hacer eso? Ni siquiera hemos empezado a excavar”, responde Mayayo.

—“Te he dicho que lo metas”.

Mayayo obedece las órdenes de su jefe cada vez que se repite la escena. Mediante la inclusión de trabajos no realizados infla artificialmente las facturas que luego paga Plaza sin poner un solo pero. El empleado es consciente de la ilegalidad que le están obligando a cometer y se queja a los jefes. Pero en la construcción manda quien manda, así que acata las órdenes, aunque tomando una precaución. “No quería que después me echaran las culpas, así que hacía copia de cada factura inflada y al cajón”, explica el empleado.

El taco de papeles crece poco a poco. Nadie pide responsabilidades a Mayayo, que se da cuenta de que está presenciando en primera fila un fraude descomunal. Ni más ni menos que el saqueo de Plaza, de la que los responsables de su empresa y los gestores de la plataforma logística están sacando dinero público a espuertas. Millones de euros de los contribuyentes. En concreto, unos 200, según valorará años después la Fiscalía Anticorrupción. Y siempre con la misma dinámica.

Una extraña se cuela en casa

Se trata de uno de los episodios que más nerviosismo ha causado a Chabier Mayayo desde que se convirtió en testigo clave en el caso Plaza. El 20 de septiembre de 2013, solo un mes después de que estallara el escándalo y su nombre apareciera en los periódicos, una mujer se plantó en su domicilio identificándose como empleada de la Casa de la Mujer, el organismo del Ayuntamiento de Zaragoza que se encarga de la promoción de los derechos de las mujeres y de la prevención de la violencia de género en esa capital.

La esposa de Mayayo, que se encontraba sola en casa en ese momento, la dejó pasar y se entrevistó con ella. La mujer le preguntó por varios datos personales y se interesó por si se encontraba en España en situación irregular —tiene nacionalidad cubana— y si había sido víctima de malos tratos por parte de su marido.

La charla se interrumpió de manera brusca cuando Mayayo telefoneó a su esposa a casa. Esta le contó la conversación que estaba manteniendo. Extrañado por la visita y con el temor de que les estuvieran espiando, Mayayo le dijo a su esposa que no contara nada más a la señora y le pidiera de nuevo la identificación del Ayuntamiento. Al hacerlo, la mujer se puso muy nerviosa. Se levantó salió de la casa apresuradamente y se fue a la carrera en su coche.

Dos días después, Mayayo y su esposa acudieron a la Casa de la Mujer y contaron el incidente a su directora, Pilar Maldonado. Esta les dijo que el personal del organismo jamás hace visitas a domicilio por lo que les recomendó que denunciaran el incidente a la policía.

Con el tiempo Mayayo empieza a ser consciente de que el escándalo le puede salpicar. Sus jefes no le escuchan y se muestran molestos con sus reparos. La información que ha recopilado durante meses le quema en las manos. Tiene que denunciarlo antes de que sea demasiado tarde. El trabajador de Acciona es alcalde de Lobera de Onsella, un pequeño pueblo de 34 habitantes. No es militante del PSOE pero llegó al puesto en la lista de ese partido, así que decide dirigirse a sus responsables. Con ello pretende que hacer el menor daño posible a la formación. El PSOE, por entonces, gobierna todavía Aragón y el Ejecutivo regional es el que ha nombrado al director de Plaza, que parece estar en el ajo.

Javier Lambán, actual líder del PSOE de Aragón, parece la persona correcta. Por entonces es alcalde de un pueblo vecino, Ejea de los Caballeros, cargo que compatibiliza con el de presidente de la Diputación de Zaragoza. A mediados de 2011, según Mayayo, le explica las irregularidades que ha documentado. Lambán le dice que consultará con los gerentes de Plaza y queda para telefonearle más adelante. Pero no llama.

El trabajador de Acciona, según su testimonio, trata de reunirse dos veces más con Lambán. Acude a las Cortes de Aragón a verlo, tras ser elegido diputado, pero el mandatario se niega a hacer nada. Y lo mismo en diciembre de 2011, cuando se aparta con él en una comida de Navidad de cargos políticos de su comarca.

Lambán, sin embargo, asegura que de esos tres encuentros, solo recuerda uno. Y que Mayayo no acudió a él para denunciarle el caso sino para pedirle trabajo cuando el ahora líder del PSOE de Aragón era presidente de la Diputación de Zaragoza. El dirigente, no ahorra descalificaciones contra el trabajador. “Es un colgado que juraba los cargos ‘por imperativo legal’, como los de Batasuna”, dice Lambán. “Pactó con el PP para hacer daño al PSOE”, continúa. “Es vox populi que trató de coaccionar a Acciona”.

La angustia de Mayayo crece. No conoce a nadie del Gobierno de Aragón, ahora gobernado por el PP, pero a través de un miembro de Chunta Aragonesista consigue hablar con el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón. Este le pone en contacto con el nuevo director gerente de Plaza, Jesús Andreu, que estudia detenidamente las facturas falsas que le lleva el trabajador. En julio de 2013 ambos se plantan en Anticorrupción. El caso Plaza, el mayor caso de corrupción en Aragón de los últimos años, está a punto de estallar. El 14 de agosto de 2013 se lanza una macrooperación policial con la detención del anterior director de Plaza, Ricardo Becerril, nombrado por el Gobierno de Marcelino Iglesias, y dos empleados de Acciona, ambos jefes de Mayayo. Al primero le encuentran 410.000 euros en efectivo en su casa de Salou.

La denuncia da lugar a 25 imputaciones. Los investigadores descubren que, además de los sobrecostes, Becerril ha pagado con cargo a las obras de Plaza la reforma de su apartamento en Salou (Tarragona) y la de la casa de sus padres. Una decena de proyectos que Plaza había pagado, no se habían realizado: saneamientos, aparcamientos, cámaras de vídeovigilancia...

Mayayo, sin embargo, va a pagar un alto precio por denunciar a un cargo del PSOE y a dos compañeros de Acciona. 15 días después de las detenciones en septiembre de 2013 vuelve al trabajo tras las vacaciones. En la puerta, un guardia de seguridad le pide el DNI. Cuando llega a su mesa todos los papeles en los que trabajaba han desaparecido. Sus colegas no le hablan. Su jefe le interroga. “¿Qué es lo que has hecho? Vas a hundir la empresa”, le lanza, según Mayayo. “Los que la hunden son los que han robado”, le responde el empleado. El superior zanja la charla con una amenaza: “Lo que más nos apetece mí y a todos es partirte la cara”.

Los 34 habitantes de Lobera de Onsella también se han visto perjudicados, según su alcalde. El pueblo se financia básicamente de las subvenciones de la Diputación de Zaragoza, pero, según datos del Ayuntamiento, los 30.788 euros que recibió el primer semestre de 2013 se redujeron drásticamente cuando saltó el escándalo para quedarse en 13.648 euros en el segundo semestre. Mayayo culpa al grupo del PSOE en ese organismo de bloquear sus proyectos.

Ahora, el testigo clave del caso Plaza espera la resolución del caso de baja laboral. La presión le ha causado un trastorno de ansiedad para el que recibe tratamiento psiquiátrico. Vistas las consecuencias, si tuviera que hacerlo, ¿volvería a denunciar? “No”, responde Mayayo. ¿Por qué? “Por mi familia; lo está pasando verdaderamente mal”. Tras una pausa cambia de opinión. “Pero por la memoria de mis padres que me enseñaron la forma de actuar en la vida, sí volvería a denunciar. Sin dudarlo”.

investigacion@elpais.es

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