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Hacienda supo hasta 2007 de gastos de tarjetas pero no investigó

La Agencia Tributaria sancionó a Caja Madrid por las visas con cargos personales

A medida que se van conociendo más detalles sobre la utilización de las tarjetas de los consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia, se complica más el caso. Según fuentes conocedoras de la operativa, la Agencia Tributaria conocía una cuenta denominada “gastos de los órganos de representación”, donde se incluían los de los consejeros camufladas entre los cargos normales de la entidad.

El responsable de la inspección, Cipriano Muñoz (fallecido en 2007), realizaba un estudio aleatorio de las facturas presentadas y, “todos los años”, según fuentes conocedoras, encontraba gastos que no se correspondían a los de representación. Ante esta situación, la Agencia anulaba la deducción del 35% del impuesto de sociedades que se había hecho Caja Madrid por estos gastos y levantaba un acta de sanción, en conformidad con la entidad, por importe del 20% de los gastos que, aproximadamente, se habían deducido incorrectamente.

Con este sistema, como dicen directivos que estuvieron en la entidad, “se conseguía pagar el 55% por estos gastos, que es una cantidad aproximada a la que deberían tributar por el IRPF los consejeros”.

Pero el fisco no fue más allá. La Agencia Tributaria, bajo el control de Luis Pedroche y el ministro Pedro Solbes, no exigió que se desmantelara el sistema de tarjetas de consejeros ni pidió que los gastos personales de cada consejero se aplicara a sus correspondientes declaraciones de IRPF. No obstante, este sistema ya existía con anterioridad a la llegada del PSOE al poder y el PP tampoco tomó medidas.

Esta situación ayudó a que se creara un ambiente de aparente normalidad que hizo pensar a muchos consejeros que Hacienda conocía el sistema de tarjetas para gastos personales y no ponía reparos. Muchos consejeros han afirmado que preguntaban todos los años por su situación fiscal al secretario del consejo, Enrique de la Torre. Este respondía que no se preocuparan y que lo único que tenían que declarar a Hacienda era lo que figuraba en el informe de retenciones, donde no había ni rastro de los gastos personales.

Enrique de la Torre, secretario del consejo, describió esta situación en un correo electrónico cuando admitió que la caja asumía los gastos personales y que había tarjetas “black a efectos fiscales” de las que hablaron a Muñoz. Dijo tener dudas de que la nueva inspectora admitiera este sistema para 2008.

El acta de 2007 implica que no se puedan reclamar deudas fiscales a Bankia entre 2003 y ese año. A las personas físicas solo se les puede reclamar cuatro años pasados, así que este asunto no les afecta fiscalmente. Sin embargo, supone “un cierto rearme moral”, como declara alguno de los consejeros, ya que explica el ambiente de aparente legalidad en el que se movieron aquellos años.

Hacienda no firmó más actas desde el 2007 por lo que tiene abiertos los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 de Caja Madrid y Bankia.

Sin embargo, existía otra cuenta que jamás conoció Hacienda, que se denominaba “Tratamiento Administrativo Circular 50/99”. En ella se cargaban las tarjetas de los ejecutivos y esa sí estaban fuera de todos los circuitos legales y Hacienda la investigará con lupa.

En resumen, la situación podría suavizar una posible multa fiscal para Bankia porque ya no serán 10 ejercicios los que se le imputaran pero no alivia la presión sobre los consejeros porque nunca iban a pagar más allá de 2009 a 2012. Tampoco cierra el camino penal y no impide que el juez considere que Caja Madrid y Bankia han podido cometer malversación de fondos o administración desleal

Sin embargo, demuestra que se supo que había una mala actuación continuada que se saldaba con una sanción del 20%, pero no se desmantelaba el sistema.

Por otro lado, Bankia entregó este jueves al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu los correos corporativos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa que le reclamó para investigar si planificó la emisión de preferentes “con conocimiento del perjuicio” que podía ocasionar a sus clientes.

 

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