Los inversores internacionales se protegen ante la deriva catalana

Los fondos exigen cláusulas para blindarse frente a una posible salida del euro

Artur Mas en concurso Castells en Tarragona.

A mediados de julio, un importante directivo de un gran fondo de inversión estadounidense empezó a hacer una ronda de llamadas a sus contactos en España. Quería conocer de primera mano, y de distintas fuentes, qué deriva podía tomar la creciente tensión política en Cataluña y cuál era el riesgo real de que se celebrara un referéndum de independencia. Desde entonces, ese tipo de llamadas se ha disparado y los inversores internacionales han empezado a tomar medidas.

Es el caso de los grandes fondos inmobiliarios internacionales, que están aprovechando la bajada generalizada de precios en España para intentar hacerse con importantes activos a un considerable descuento. “En los contratos que se están firmando en Cataluña se están incluyendo cláusulas para protegerse en caso de independencia”, asegura desde Nueva York un gestor de fondos. “Es el mismo concepto que se utilizó en Grecia, cuando existía el riesgo de que el país saliera del euro”, remata.

Como consecuencia de la crisis económica y financiera, la banca española acumula una enorme cartera de inmuebles de los que se está deshaciendo gracias a los enormes descuentos aplicados. En el último año y medio los fondos extranjeros han realizado operaciones inmobiliarias por miles de millones de euros en España, algunas destacadas en Barcelona como la venta del Hotel W, y no quieren correr el riesgo de verse atrapados con un activo poco líquido en una región que puede, potencialmente, salir de la unión monetaria e, incluso, de la Unión Europea.

El referéndum de independencia en Escocia del pasado 18 de septiembre puso la cuestión catalana en el radar de los inversores internacionales. “El referéndum escocés abrió la puerta a la celebración de distintas consultas de secesión en Europa. Hace unos meses ese era un riesgo menor para los inversores y ahora ya ha dejado de ser un riesgo cero”, sostiene una fuente financiera internacional. “La mayoría de los inversores duda de que en Cataluña se vaya a producir la votación en la fecha anunciada y aún confía en que no se llegará a producir la ruptura sino algún tipo de negociación. Pero la inestabilidad política ha pasado a ser un factor determinante en el análisis de Cataluña y de España”, añade. No hay semana en la que un banco de inversión no publique su informe sobre las consecuencias y riesgos asociados a una posible independencia catalana, e incluso esta semana la agencia de riesgos Fitch advirtió de que la deuda catalana pasaría a ser considerada bono basura en caso de escisión.

Las multinacionales extranjeras también se están movilizando. “Los empresarios están muy preocupados, tienen mucho capital invertido aquí y se juegan mucho. De momento, han optado por postergar las inversiones”, asegura Andrés Gómez, presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, con sede en Barcelona y cuyo socio de honor, a día de hoy, todavía es el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. “Aunque lo vamos a evaluar en la próxima asamblea”, aclara.

Los riesgos de las inversiones en Cataluña también forman parte de la agenda de la reunión que cada miércoles celebran los empresarios japoneses de forma alterna en Madrid y en Barcelona, aunque prefieren no opinar en público. “Hay miedo, la mayoría de las empresas tienen negocios con la administración y no quieren poner en riesgo sus contratos”, admite Gómez, uno de los pocos que acepta hablar sin exigir anonimato. Las autoridades catalanas sostienen que la inversión extranjera no sólo no se ha frenado en seco, sino que ha aumentado. “Pero eso es por cómo se contabilizan estos registros”, replica el presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana. “Si una filial pide un préstamo a su matriz alemana porque aquí le resulta casi imposible conseguir crédito y destina ese dinero a pagar un ERE, en términos contables pasa a ser inversión, pero no lo es. Las cifras no reflejan la realidad”, asegura.

Tan llamativo es, salvo contadas excepciones, el silencio empresarial en Cataluña que los propios fondos de inversión están presionando a los bancos catalanes para que hagan público qué piensan hacer con la sede social si se produce la independencia. “Cuando hablamos con ellos les recordamos la necesidad de que se pronuncien y adviertan de las consecuencias que puede tener un voto a favor de la independencia. Pero nos contestan que en este momento todavía no pueden hacerlo porque tendrían piquetes delante de las oficinas desde ese día. Es cierto que en Escocia las entidades se pronunciaron una semana antes de la consulta”, asevera una gestora de fondos desde Londres. El análisis de esta gestora es que la tensión en el mercado irá aumentando conforme se acerque la fecha prevista para la consulta —el 9 de noviembre— y que entonces empezará a penalizar negativamente los activos catalanes y también del resto de España. El banco suizo UBS advertía esta misma semana de que el diferencial del bono español a 10 años frente al alemán se situará progresivamente entre los 120 y los 170 puntos en los próximos meses como consecuencia de la tensión política en Cataluña. El viernes la prima de riesgo española cerró en 116 puntos básicos.

“Los mercados tienen una capacidad de atención muy corta y pasan de la nada al todo. Pasó con Escocia y pasa con Cataluña. Los mercados aún no han reaccionado pero sin duda lo harán”, advierte el gestor del fondo estadounidense.

Más insiste en que se votará

MERCÉ PÉREZ

Artur Mas replicó ayer al llamamiento a la legalidad y el diálogo que hizo Mariano Rajoy el sábado y volvió a insistir en que los catalanes votarán el 9-N. “Lo haremos a nuestra manera, con consenso político”, dijo el presidente catalán. Y añadió: “Esperemos que, una vez que hayamos votado el 9 de noviembre, el Gobierno entienda de una vez cuál es el clamor en Cataluña y de una manera o de otra entienda que esto se ha de resolver por la vía del diálogo”.

Mas, quien participaba en un acto en Tarragona, señaló directamente al presidente del Gobierno, del que dijo que “no es que no pueda, es que no quiere” dejar votar a los catalanes. Y esgrimió los argumentos por el referéndum: el 95% de los Ayuntamientos catalanes a favor, una mayoría parlamentaria de más de dos tercios y manifestaciones multitudinarias cada año. “Cuando una sociedad tiene eso no se le puede parar; hay que dejarle votar”, sostuvo.

Por ello pidió a Rajoy que “de una vez por todas se dé cuenta de que con voluntad, esa que niega, se puede resolver el problema político”. En esa línea reclamó al Ejecutivo “menos utilizar la Constitución como muro de contención y más como canal para entenderse”, como sucedió en 1978, afirmó, “cuando entre los distintos pueblos de España” se consensuó el texto.