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El Gobierno indemniza con 1.350 millones a ACS por el almacén Castor

La instalación de gas está cerrada tras provocar 500 seísmos en Castellón

La compensación repercutirá en la factura de los consumidores

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Operarios trabajando en la plataforma de pozos del depósito submarino de gas del Proyecto Castor a 21 kilómetros de la playa de Vinaròs.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes indemnizar con 1.350 millones al propietario del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 2013. La instalación permanecerá “en hibernación”, según anunció la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. También se aprobó la extinción de la concesión de explotación del almacén, a la que su hasta ahora propietaria, Escal UGS (controlada en un 66,7% por ACS), había renunciado en julio pasado. Los 1.350 millones se repercutirán en el recibo del gas durante los próximos 30 años.

La infraestructura permanece cerrada desde que, en septiembre pasado, el Gobierno decidiera paralizar la inyección de gas al registrarse terremotos de magnitud superior a 4 en la escala de Richter. Nunca llegó a estar operativa como almacén. La concesionaria había empezado en junio a inyectar gas colchón para comprobar que funcionaba correctamente. Informes oficiales determinaron que esa actividad de inyección había afectado a una falla no cartografiada hasta entonces, que desencadenó los seísmos.

El Gobierno ha encargado a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, que administre la instalación. Deberá realizar el mantenimiento y pagar a Escal UGS los 1.350 millones en los que se ha valorado la inversión. Posteriormente, será el sistema gasista el que le devuelva esta cantidad a lo largo de 30 años. Es decir, que la compensación a la concesionaria de Castor se irá cargando al recibo del gas de los consumidores.

En última instancia serán los consumidores los que vayan pagando la compensación

El Ministerio de Industria aseguró ayer que esta solución es más barata que poner en funcionamiento el almacén como estaba previsto. “El ahorro a partir de 2017 se estima en más de 110 millones de euros al año”, aseguró Industria en un comunicado. Según el ministerio, poner en funcionamiento el depósito costaría 210 millones de euros anuales. Pagar la compensación costará 100 millones de euros al año. Enagás informó de que ya ha acordado con “varias entidades financieras” la cesión de los derechos de cobro, de forma que serán ellos los que adelanten el pago a Escal UGS de la inversión reconocida. Para Enagas, la operación “tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero” porque no computará como deuda.

El depósito 'despertó' una falla

Tras la crisis sísmica de Castor, en septiembre de 2013, el Gobierno encargó informes a dos organismos públicos, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ambos concluyeron que hubo relación entre la inyección de gas en este depósito submarino y los más de 500 terremotos que se registraron en la zona. Constataron además que la rotura de una falla no cartografiada hasta entonces —a la que los expertos bautizan falla Castor— fue la responsable de los temblores. Ambas instituciones recomendaron hacer más análisis, y evitaron pronunciarse sobre cómo respondería el terreno a una nueva inyección de gas. Tampoco dictaminaron si la empresa actuó diligentemente o no al evaluar los riesgos sísmicos, ni si calculó correctamente la presión de la inyección que podía aguantar la estructura geológica.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró tras conocerse el contenido de esos dos informes —que tardaron meses en hacerse públicos pese a haber sido solicitados por diputados en el Congreso—, que también había encargado estudios a “expertos internacionales”: la Universidad de Stanford y el MIT. Todavía no se conoce el resultado de esas consultas.

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) validó en 2007 los estudios técnicos que presentó al Ministerio de Industria la concesionaria de Castor. Dos años antes el Observatorio del Ebro, un instituto de investigación, había alertado de la actividad sísmica que podía generar un proyecto de la magnitud del Castor, el mayor almacenamiento subterráneo de gas de España.

La crisis del Castor comenzó a principios de septiembre de 2013, cuando empezaron a sucederse pequeños terremotos en la zona de Vinaròs. Con la instalación —situada a unos 21 kilómetros de la costa de Castellón y a dos kilómetros de profundidad bajo el mar— ya construida, la concesionaria estaba inyectando el gas colchón, un volumen mínimo de gas natural que permite que se pueda inyectar y posteriormente extraer el gas útil. El 5 de septiembre se registró el primer temblor. El 24, a las dos de la madrugada, se produjo el primero que notaron los habitantes de poblaciones cercanas. Dos días después el Gobierno ordenó el cese de actividad. El mayor seísmo fue uno de magnitud 4,2.

El Proyecto Castor se aprobó en mayo de 2008 como un depósito estratégico, capaz de almacenar una cantidad de gas natural equivalente al consumo total de España durante 17 días, con el objetivo de cubrir puntas de consumo o interrupciones del suministro. Una cláusula de aquel real decreto, en el que se autorizaba la concesión administrativa por 30 años, fue considerada abusiva y contraria al interés general por el Gobierno actual. Permitía que se indemnizara a Castor en caso de que mediara dolo o negligencia. El abogado del Estado pidió en mayo de 2012 su anulación. El Supremo rechazó la petición en octubre pasado.

El acuerdo del Consejo de Ministros de ayer especifica que se podrá poner fin a la hibernación “si los estudios técnicos lo aconsejan” o desmantelar el almacenamiento “en condiciones seguras”. Industria sigue pendiente de unos informes encargados hace meses a expertos de las instituciones estadounidenses MIT y Universidad de Stanford.

La diputada de IU Marina Albiol señaló en un comunicado que no deberían ser los ciudadanos los que pagaran, sino “Zapatero, Camps, Soria” y todos los que autorizaron un proyecto “sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer”.

 El proyecto se financió con una emisión de deuda (bonos) de 1.400 millones que además fue respaldada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una línea de tesorería de 200 millones de euros. Gracias a ese apoyo el proyecto consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores. La concesionaria, por tanto, tendrá que devolver la suma de la indemnización a los bonistas que financiaron el proyecto. ACS aseguraba en su informe de gestión de 2013, depositado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que Escal “tiene derecho a devolver la concesión en cualquier momento” y que por tanto “el valor de la inversión es totalmente recuperable”.

La nueva Ley de Evaluación Ambiental, aprobada en octubre pasado, obliga a incluir en los proyectos estudios de peligrosidad sísmica. Esta última obligación fue incluida a última hora, en forma de dos enmiendas presentadas por el PP después de que estallara la crisis del proyecto Castor, el almacén de gas que se relaciona con centenares de seísmos frente a las costas de Vinaròs (Castellón).