Cospedal contrata a una empresa para verificar si las listas de paro son ciertas

La firma está obligada a hacer 260.000 llamadas este año a los inscritos en el paro

La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal. EFE

"¿Cuál es su objetivo al inscribirse en la oficina de empleo?". La pregunta encabeza un cuestionario oficial redactado por la Junta de Castilla-La Mancha para los desempleados. El Gobierno presidido por Dolores de Cospedal quiere que los 224.993 parados de la Comunidad Autónoma lo contesten para "valorar su nivel de disposición" en el mercado laboral. Pero las opciones de respuesta que ofrece el cuestionario, aprobado en marzo de 2013 por la Consejería de Empleo, multiplican las posibilidades de que la persona entrevistada se autoexcluya del registro de parados.

La primera contestación posible es la siguiente: "Ahora mismo mi situación me impide buscar trabajo, pero necesito estar inscrito para...". La segunda opción que el orientador le propone al encuestado es: "No busco trabajo por cuenta ajena. Tengo un proyecto empresarial en mente y voy a solicitar la prestación en su modalidad de pago único". La siguiente es parecida: "No busco trabajo. Tengo un proyecto empresarial en mente y necesito formación". Otra de las alternativas de respuesta: "Necesito mejorar mi empleabilidad con formación para, más tarde, optar a un puesto de trabajo".

Elegir cualquiera de las alternativas anteriores significa directamente dejar de estar considerado como un demandante de empleo activo, según la norma estatal del año 1985 que regula quién debe figurar en la estadística de paro registrado que cada mes difunde el Ministerio de Empleo. Solo en la quinta respuesta se da la posibilidad de afirmar: "Busco trabajo por cuenta ajena".

Este documento, elaborado por la Consejería de Empleo de la Junta, se presentó como una herramienta para "alcanzar un mejor grado de eficiencia en la intermediación", y sustituyó, el 20 de marzo de 2013, a otro de 2008 que venían utilizando todas las oficinas públicas (Sepecam) de esa comunidad autónoma. En el documento se detalla que los orientadores laborales "deben poner especial cuidado en la detección de posibles demandantes" en ciertos colectivos formados por personas que "quieren estar inscritas simplemente para obtener beneficios sociales (bonos de la piscina, descuentos en alimentos, expedición de certificados para ayudas sociales) pero que no buscan empleo". También alerta de que otras personas solo quieren beneficiarse de servicios de formación, "pero en ningún caso están solicitando un empleo".

La instrucción, firmada por la directora general de Empleo de la Junta, Esther Baos, también establece como criterio general que, aunque un demandante de empleo no alcance los requisitos para "emitir la correspondiente comunicación de incumplimiento al SEPE (el servicio público estatal)" es decir, para que no se le cuente como un parado a efectos estadísticos, "también serán codificados con disposición baja para el empleo".

Encuestas telefónicas

El pasado mes de marzo, la Junta de Castilla-La Mancha adjudicó, por 948.035 euros, a la empresa Innovación y Desarrollo Local (IDEL) la realización de encuestas a todos los parados de la comunidad. Un paso más, según denuncias de Comisiones Obreras y el PSOE, para privatizar el servicio y, de paso, rastrear el registro del paro para "borrar inscritos". Esa empresa basa sus encuestas en el formulario descrito, pero la Junta no lo facilita, más allá de admitir que sus preguntas y respuestas son “similares”.

CC OO recuerda que la privatización del servicio que evalúa si un parado busca de verdad empleo llegó después de que el Gobierno de Cospedal despidiese, entre junio y diciembre de 2012, a 188 orientadores laborales de sus propias oficinas que se dedicaban a esa tarea. La Junta puntualiza que han sido 176 personas las que terminaron sus contratos, pero "no fueron despedidas", según Empleo.

La empresa está obligada a realizar cerca de 260.000 entrevistas online, telefónicas y presenciales para medir "la empleabilidad" de los demandantes y clasificarlos

En el pliego de condiciones del concurso que puso en manos privadas la evaluación de los parados en Castilla-La Mancha establece que durante este 2014 la empresa estará obligada a realizar cerca de 260.000 entrevistas online, telefónicas y presenciales (al menos un 20% de esta última modalidad) para medir "la empleabilidad", de los demandantes y clasificarlos "en función de su distancia al mercado de trabajo".

Innovación y Desarrollo ganó el concurso en el que otras cuatro firmas fueron excluidas (la UTE Alterna-Prescal, Adeco, Imagina-Sigma Dos-Quota y Élogos). Las tres primeras fracasaron porque su objeto social no guardaba "ningún tipo de relación con las prestaciones objeto del contrato". La última quedó fuera porque se equivocó al meter en uno de los sobres del concurso datos que no se solicitaban.

Innovación y Desarrollo Local ha comenzado por las encuestas telefónicas y online. Dedica al proyecto a cuatro personas (un coordinador y tres jefes), 15 "técnicos evaluadores telefónicos" y 17 "técnicos evaluadores presenciales" que reciben un curso de formación previo de 25 horas. Utilizan los registros de datos personales de la Junta (DNI, dirección, teléfono móvil, correo electrónico o nivel de estudios) bajo el acuerdo mantener "absoluta confidencialidad", sobre los mismos.

El Gobierno de Cospedal niega que las evaluaciones tengan como fin eliminar a los parados de las listas

"Me dijeron que llamaban del servicio de Empleo"

Antonio A. S. M. era comercial, hasta que un problema de salud cambió su vida. Tiene reconocida una discapacidad del 66%. A principios de octubre recibió la llamada de la empresa evaluadora contratada por la Junta. Al otro lado del teléfono alguien se identificó como trabajador "del servicio de empleo de Castilla-La Mancha". Antonio, que teme dar sus apellidos, explica que se negó a contestar. "Pedí que se identificara personalmente, algo que no hizo", al final su interlocutora acabó reconociendo que era de una empresa externa a la Junta. "Con voz de enfado me dijo que si me negaba a responder al cuestionario me llamarían para que me presentase personalmente en la oficina de empleo. ¿Cómo tenían mi móvil?", se pregunta.

El Gobierno de Dolores de Cospedal niega que las evaluaciones tengan como fin eliminar a los parados de las listas. Argumenta que lo que quiere es "conocer las características de los parados para mejorar sus posibilidades de conseguir un empleo", y niega rotundamente que quiera "borrar" a los demandantes. "No hacemos nada que no se haga en otras comunidades autónomas y que no esté regulado por la ley", asegura un portavoz de la Consejería de Empleo. Leandro Esteban, portavoz del Gobierno de Cospedal, llegó a asegurar que demandaría en los tribunales al sindicato CC OO por sus acusaciones. "Antes, el servicio que hace ahora esta empresa lo hacía el sindicato cobrando el doble", aseguró a los medios de comunicación. "Están más empeñados en la defensa de lo suyo que de los intereses de Castilla-La Mancha".

En las oficinas públicas no tienen la misma sensación. Una técnico de Ciudad Real que prefiere no dar su nombre por miedo a represalias relata que en las últimas semanas han comenzado a llegar personas a la oficina de empleo donde trabaja sorprendidas por la encuesta telefónica. "A una señora que necesitaba estar inscrita durante un año para acceder a una prestación la han borrado. Tiene que volver a empezar de cero todo el proceso. Otro señor vino muy molesto porque le preguntaron si tenía hipoteca".

Fuentes de la Consejería de Empleo confirman que la empresa hace ese tipo de preguntas "para conocer la situación económica de la persona desempleada", con el propósito de "establecer mejores políticas", para la reinserción laboral. Y defienden que el proceso de adjudicación "ha sido totalmente transparente".

Lola Santillana, responsable de Empleo de CC OO, ha llevado sus quejas sobre la privatización del servicio a la Comisión Europea. "Están maquillando los datos, es un escándalo", señala. Ha denunciado el caso ante el comisario de Asuntos Sociales, Lázlo Andor. Por su parte, Milagros Tolón, portavoz de Empleo del PSOE, insiste en que el Gobierno de Cospedal "es el único de España que dedica dinero de las políticas de empleo para que una empresa privada gestione la empleabilidad de los parados".

¿Quién está en el registro de paro?

En España hay, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo (correspondientes al mes de septiembre) 5.853.345 demandantes de empleo, aunque realmente se contabilizan dentro del paro registrado 4.447.650 personas. La diferencia, de 1,4 millones, corresponde a aquellos demandantes que, reúnen una serie de circunstancias particulares y a efectos informativos se les excluye del registro.

Una orden fechada el 11 de marzo de 1985, con el socialista Joaquín Almunia como ministro de Trabajo, establece los criterios estadísticos para la medición del paro registrado, que elimina, por ejemplo, a quienes quieran un trabajo durante menos de tres meses, busquen un empleo con una jornada semanal inferior a 20 horas o estén en cursos de formación ocupacional. Los pensionistas, estudiantes de enseñanza oficial reglada, trabajadores que estén en un ERE temporal o las personas que son beneficiarias del subsidio agrario tampoco figuran como parados y se les asigna una clave específica en el sistema informático de los servicios de empleo. Comunidades como Andalucía o Extremadura tienen un a proporción mayor de personas borradas de la estadística (alrededor del 30% de los inscritos).

La diferencia entre los demandantes de empleo en Castilla-La Mancha (275.792) y los registrados como parados (224.993) es de 50.799, según los datos del mes de septiembre. Dos de cada diez inscritos no se contabilizan como parados aunque demanden empleo. En el conjunto de España, el 25% de los inscritos 

El sindicato CC OO ha denunciado que el Gobierno de Cospedal "no se dedica a ayudar a los parados, sino a sacarlos de las cifras: quier cocinar los datos para sostener el discurso oficial". Pero lo cierto es que la Junta no es la única que se aplica para rastrear las circunstancias de sus desempleados con el fin de rebajar la estadística. El PSOE acusó en 2011 al Gobierno gallego, del PP, de un caso parecido. 

Fe de errores

En la información superior se reseñaba, por error, que la Junta aprobó el cuestionario para la evaluación de demandantes de empleo en marzo de 2014 y no en marzo de 2013. Esta última es la fecha correcta de la orden.

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