Hasta 20.000 euros por recuperar a tu hijo

Expertos exigen medidas de protección que prevengan el rapto de los menores de edad

Emiliano Antonio Medina Marín, de 45 años, sostiene en brazos a su hijo Hugo Medina Ferrer.

Este es uno de los tantos procesos judiciales de secuestro parental aún sin resolver en España. La pelea por la custodia del niño Hugo Medina Ferrer comenzó semanas después de que sus padres Emiliano Medina y Elena Fiorella Ferrer se divorciaran. Ella, según asegura Emiliano, secuestró al menor tres años atrás cuando se lo llevó consigo fuera de Madrid para comenzar otra vida en la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana. Desde aquel verano de septiembre de 2011, cuando ambos partieron en un avión para Sudamérica sin billete de regreso a España, las alegaciones en los juzgados han sido permanentes. Sentencias y posteriores apelaciones han hecho que la resolución de este caso de secuestro parental internacional se haya alargado más tiempo de lo que el Convenio de La Haya sugiere, seis semanas.  

Según datos del Ministerio de Justicia español, el Gobierno recibió 214 solicitudes de restitución en 2012 —estadísticas que se limitan a los casos relacionados con el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980—; en 133 de estas el país actúo como estado requirente, y en 81 como requerido. Al año siguiente, España recibió 243 peticiones de restitución de menores; en 95 de estas el Gobierno actuó como país requerido, y en los 148 restantes, fue requirente.

De momento, el padre de Hugo cuenta con una sentencia de custodia definitiva emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo (Madrid); mientras que la madre posee la anulación del fallo español expedido por la Segunda Sala de Familia de La Libertad en Perú. Ambos esperan el dictamen del fiscal de dicho país suramericano.

La madre, peruana y de 29 años de edad, reside con su hijo (nacido en España) en la localidad Trujillo desde septiembre de 2011; y el padre en Madrid. El Quinto Juzgado de Familia de Perú inició el proceso judicial de restitución el cinco de junio de 2012. En las alegaciones, la madre ha asegurado ante el juez que el Gobierno español nunca le pidió autorización de viaje del menor al momento de sacarlo.

El proceso de restitución de los niños españoles sustraídos depende del país donde se encuentren retenidos

Javier Forcada Miranda

Red Internacional de Jueces de La Haya en España

Medina sostuvo una relación sentimental con la peruana que fracasó después de seis años de convivir como pareja de hecho. En verano de 2010, Medina planteó a su mujer terminar con la relación sentimental. Ambos firmaron el divorcio 13 de mayo de 2011. Posteriormente, ella le denunció por malos tratos el 28 de mayo de 2010. Un juez terminó por darle la razón a Medina que quedó en libertad sin cargos el 31 de mayo de 2010. Un mes después estos firmaron un acuerdo extrajudicial a fin de establecer el tiempo que cada uno tendría cada uno en las vacaciones de verano. El 28 de enero de 2011, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Colmenar Viejo otorgó al padre de manera temporal la custodia del menor, que pasó a ser definitiva el 13 de junio de 2011.

Dicho fallo dictaminaba que el niño "quedaba en compañía y bajo el cuidado directo del padre, siendo la patria potestad compartida". Así, la madre "tendría derecho a estar con su hijo: fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 21.00 horas. La mitad del periodo vacacional escolar podría dividirse por quincenas de existir acuerdo entre ambos progenitores". Fue precisamente durante las vacaciones del verano de 2011 cuando la madre salió de España con Hugo rumbo a Perú, sin el permiso del padre de este.

La directora de la Fundación Anar de España, Leticia Mata, asegura que "la más reciente memoria de la Fiscalía del Estado publicada a finales de 2012 ya avisaba de un incremento del 67% respecto al año anterior de los procedimientos judiciales iniciados por este motivo. El aumento de los casos de secuestro parental ha sido muy grande. La sociedad está preocupada y exige respuestas porque consideran que no son suficientes las medidas para prevenir esto, ya que en el momento que el rapto se produce las posibilidades de restituir a tu hijo al país de residencia son mínimas".

El representante de España ante la Red Internacional de Jueces de La Haya, Javier Forcada Miranda, asegura que “el tiempo estimado que puede llevar el proceso de restitución de niños españoles víctimas de secuestro parental depende del país donde se encuentren estos. Reino Unido, Finlandia, Holanda, y otros estados del entorno europeo tienen buenos ratios pero, por ejemplo, en Estados Unidos la duración media de un proceso de estos supera los dos años, cuando el Convenio de 25 de octubre de 1980 marca seis semanas”.

Forcada Miranda, "el aumento de casos en los últimos años se debe a una multitud de factores a los que no son ajenos la globalización, la crisis económica y los fenómenos migratorios".

La Red Internacional de Jueces de La Haya, que está formada por 91 jueces correspondientes a 60 países de todo el mundo, "intervino de manera activa en 49 casos que afectan a 25 países en el periodo bianual 2011-2012. Y el año pasado lo hizo con 54 casos que afectaban a 25 países", según Forcada.

Mata, directora de la Fundación Anar, explica que "cuando se trata de dos padres españoles es raro que uno de ellos huya a otro país en compañía de los hijos. A nosotros cuando nos llaman y nos cuentan que los progenitores comienzan a tener problemas, y detectamos que uno es extranjero y que carece de vínculos con España y que además está sin trabajo, procedemos a prevenir el secuestro parental. Le decimos al progenitor que sí se quiere divorciar lo primero que tiene que hacer es pedir unas medidas cautelares para que el niño no salga del país, mientras que dura el procedimiento de la separación".

La forma más terrible de maltratar a un niño es secuestrándolo

Leticia Mata

Directora de la Fundación Anar

En las últimas estadísticas de la plataforma Missing Children de Europa informaban en junio en Bruselas que el 85% de los casos de desaparición de menores reportados en 2013 habían sido por fuga o secuestro parental. De estos, un 36% correspondía a secuestros parentales y un 50% a fugas. Respecto a España, el teléfono Anar atendió un total de 229 casos de niños desaparecidos —por fugas, secuestro parental o criminal, ser echado de casa, estar perdido o tratarse de un inmigrante no acompañado— durante el año pasado. "Los principales motivos de desaparición de niños y adolescentes en España recogidos por el 116 000 son las fugas, que representan el 50,2% % de los casos; los secuestros parentales, el 19,6%; y situaciones en las que los menores de edad han sido echados de casa, el 18,8%", según cifras recogidas en el último informe publicado por la Fundación Anar. Cualquier situación de emergencia puede ser denunciada al teléfono 116 000.

Existen tres convenios internacionales que cobijan a una gran parte de países respecto al tema de sustracción de menores. Se trata del Convenio de La Haya de 1980, el Convenio de Montevideo en Latinoamérica, y el Convenio de Bruselas II. Los tres convenios intentan proteger a los niños sustraídos y al mismo tiempo buscan agilizar el proceso de restitución.

Según el padre de Hugo, Emiliano Medina, que trabaja como vigilante de seguridad para la empresa Seguritas en Madrid, el proceso judicial de restitución de su hijo, con "honorarios pagados a los abogados en ambos países, además de los desplazamientos de un continente a otro y la papelería" le han costado "50.000 euros hasta la fecha". Este hombre que resalta que fue engañado por su primer abogado, detalla el dinero gastado desde el salón de su residencia en Alcobendas. "A lo mejor un informe psicosocial me ha podido valer unos 800 euros, y luego el envío de este que debe de estar certificado, pues también me ha podido valer ciento y algo de euros. Cada cosa me ha supuesto un dineral", explica este hombre, mientras sostiene un libro de al menos 400 páginas que reúne a varios documentos y fotocopias de sentencias, peticiones, presupuestos, fotos y declaraciones.

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Emiliano Antonio Medina Marín y su hijo Hugo Medina Ferrer.

El abogado de familia Ricardo Cañizares recalca que "no se puede generalizar en cuanto a las cifras porque cada procedimiento judicial es diferente. El precio depende de si este es complejo o no, de los convenios de restitución que España tenga con el país donde se encuentra el menor o de la facilidad de negociación entre las dos partes".

La abogada de familia Charo García Mariscal, que lleva el caso de Emiliano en España, explica que la Audiencia Provincial de Lima 'juega' con los conceptos de patria potestad y custodia al decir que si los dos tenían la patria potestad, la madre podía sacar al menor de España. La Audiencia Provincial ordena que el caso vuelva a primera instancia y que lo subsane. Todo se va dilatando y el tiempo opera en favor de la madre, porque el niño cada vez está más arraigado en Perú".

Para el abogado experto en secuestro internacional de menores, José Luis Ariego, desde que "España aprobó la ley de violencia de género 2011-2004 esta se ha convertido en un paraíso para las secuestradoras de niños”. Este asegura que “aquella mujer que en cualquier país del mundo quiere tener una facilidad para que no tenga que devolver al niño se lo trae a España y presenta una denuncia de malos tratos diciendo que está huyendo del otro progenitor. Sin una medida cautelar, cualquiera de las dos partes puede sacar el niño de España sin ningún problema, teniendo a la mano el pasaporte del menor”.

La extrabajadora social de Child Care Susana Pascual, opina que el hecho de salir del país es "independiente" de la sentencia por malos tratos. "Lo que sí que es verdad es que hay ocasiones en que las madres aprovechan este tipo de denuncias para que la custodia sea favorable para ellas, y así, les sea más fácil sacar al niño del país; o en otras ocasiones, lo hacen incluso en el momento en que la pareja está detenida en el calabozo por malos maltratos", señala.

El pasado 27 de junio entró en vigor el real decreto que requiere el consentimiento expreso de los dos progenitores —antes se requería solo de uno— para que la policía expida el pasaporte del menor (hasta que cumpla los 18 años). Pero según los expertos consultados, esta medida de prevención de secuestro parental no es suficiente para proteger a los niños.

Alberto Encinas sostiene en brazos a su hija Olivia Encinas Hlond.

"Esta medida no es suficiente. Imagínate que ambos padres, que tienen una excelente relación, expiden el pasaporte del menor conjuntamente, pero luego de tramitar el divorcio uno de los dos decide llevarse al niño fuera del país. El padre o la madre puede huir al extranjero con el menor si uno de los dos posee el pasaporte del menor", explica la directora de la Fundación Anar, Leticia Mata. Y agrega, que "varios países latinoamericanos —tales como Colombia, Venezuela o Chile— han solucionado el problema social a través del requerimiento de una autorización judicial firmada por ambos progenitores cada vez que el menor vaya a ser sacado del país donde reside".

Mata, asevera que "la forma más terrible de maltratar a un niño es secuestrándolo". "He interrogado varios niños que han sido raptados que aseguraban que uno de sus progenitores los había abandonado o había muerto. Imagínate el trauma de un niño, con doce años, que después de tres o cuatro de pleito sabe que su padre o madre está vivo", relata.

Otro caso es el de Alberto Encinas, de origen español y padre de la menor Olivia Encinas Hlond, de 11 años, que también ha sido víctima de secuestro parental. Estuvo casado con la polaca Katarzina Hlond, relación de la cual nació Olivia el 25 de abril de 2004. Luego de divorciarse de Hlond la Audiencia Territorial de Czestochowa (Polonia) otorgó la custodia compartida a ambos.

Katarcina Hlond y su hija, de 11 años, nunca regresaron a Palma de Mallorca —actual residencia de Alberto Encinas— de un viaje a Polonia a casa de los padres de Hlond en 2011.

Alberto Encinas cuelga un cartel con el texto se busca a nombre de su hija Olivia Encinas Hlond.

Según la abogada de Encinas en Polonia, Marta Świrgoń el "21 de febrero de 2013 el Juzgado de Primera Instancia de Polonia emitió una sentencia de custodia de la menor a favor del padre. Después, la madre puso un recurso, y entonces, el Juzgado de Segunda Instancia del distrito de Częstochowa Czestochowa (Polonia) pasó a revisar la decisión del juez de Primera Instancia. El 2 de julio 2013 el Juzgado de segunda instancia dedujo que la decisión del Juzgado de Primera Instancia era totalmente correcta, y entonces, desde esa fecha la sentencia pasó a ser firme". La abogada asegura también, que en el momento del procedimiento de restitución de la menor Katarzina Hlond desapareció junto con la niña. "Nosotros no sabemos dónde está. En este momento la policía la está buscando, pero hasta ahora no la han podido encontrar”, finaliza. La niña, desde febrero de este año, aparece en la lista oficial de desaparecidos en Polonia.

El Centro Experto Internacional de Secuestros de Menores con sede en Holanda (CEIS). De los 50 casos españoles que este Centro recibe al año solo aceptan como clientes reales entre cinco y diez padres a los que les cobran entre 9.000 y 35.000 euros en total por la recuperación del menor de edad. "Usamos cuatro categorías de países y de presupuestos. Las categorías se rigen por el estado donde fue secuestrado el menor. Hacia o dentro de Benelux 9.500 euros, más costes por viajes; hacia dentro o fuera de Europa y Estados Unidos 15.500 euros, más costes por viajes; fuera o desde Europa o Estados Unidos (hacia un estado no musulmán) 25.500 euros, más costes por viajes; fuera o desde Europa o Estados Unidos (hacia un estado musulmán) 35.500, más costes por viajes", explica por correo electrónico Anselmo Llobera, fundador del Centro Experto Internacional de Secuestros de Menores.

Él lo vivió en primera persona. Su mujer secuestró a los tres hijos de ambos en 1999. Recuperó a todos. "Hay muchos métodos que se pueden utilizar para una restitución legal y segura del menor secuestrado internacionalmente desde el país de origen al otro. Nosotros no trabajamos usando métodos ilegales, nosotros trabajamos de otra manera", agrega que asegura además que el porcentaje de éxito es más 90%, simplemente por usamos diferentes métodos —a la misma vez— poco ortodoxos, pero siempre legales", agrega Llobera.

"Mi hija en Polonia no puede escolarizarse, ni puede acudir a sanidad ni nada de esto sin ser rastreado por la policía, en principio. La orden internacional por Interpol la debería hacer España", agrega Encinas, que a la fecha "ha pagado a la fecha 20.000 euros por el procedimiento judicial".

El representante de España ante Red Internacional de Jueces de La Haya, Francisco Javier Forcada Miranda, precisa que "el único convenio bilateral con otro país que tenemos sobre esta materia es el de 30 de mayo de 1997 con Marruecos, país con el que desde el 1 de mayo de 2011 tenemos en vigor a la vez el de La Haya de 25 de octubre de 1980. Sería deseable contar con convenios o instrumentos bilaterales, especialmente con aquellos países con los que no nos vincula un convenio multilateral".

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