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Cinco militares españoles procesados por torturar a prisioneros en Irak

La juez castrense acusa a un capitán del CNI, tres guardias civiles y un legionario

Grabación en la que soldados golpean a detenidos en Diwaniya en 2004.

En un auto sin precedentes, cinco militares españoles han sido acusados de violar las leyes y usos de la guerra. La titular del Juzgado Militar Territorial número 12 ha procesado a cinco miembros o exmiembros de la Legión por un delito de torturas —que el Código Penal Militar castiga con 10 a 25 años de prisión— cometido en 2004 contra dos prisioneros en el centro de detención de Base España, en Irak. Los procesados son un capitán, ahora destinado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dos cabos (uno destinado en la Legión y otro en la Guardia Civil) y dos guardias civiles (legionarios en aquel momento).

Según el auto de procesamiento, los hechos tuvieron lugar “en fecha no determinada”, pero comprendida entre el 22 de enero y el 18 de febrero de 2004, cuando un grupo de militares, de los que se ha podido identificar a cinco, aprovechando el turno de descanso de la guardia nocturna, acudieron a la celda donde se encontraban detenidos dos iraquíes, “con el fin de humillarlos” en venganza por la tensión continua derivada de los ataques y atentados sufridos por el contingente español en Irak.

El procedimiento judicial se inició a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo que mostraba cómo varios militares españoles golpeaban con saña a dos detenidos. Tras año y medio de investigación, y aunque los rostros aparecían pixelados en la grabación, la juez ha podido determinar, gracias a las declaraciones de varios testigos, que los agresores pertenecían a la Primera Sección de la Compañía del Tercio Alejandro Farnesio de la Legión, con base en Ronda (Málaga).

El auto describe pormenorizadamente la secuencia de la agresión, que en total dura 25 segundos: tras imprecar para que se levante a uno de los dos detenidos, un cabo les propina un bofetón; a continuación, uno de los legionarios les da al menos 15 patadas sucesivas; tras hacer ademán de alejarse, regresa para propinarles dos patadas más y todavía vuelve una última vez para descargar otra. Un segundo legionario les da un mínimo de cinco patadas; y un tercero, al menos nueve. En total, 32 patadas, por lo menos.

“Se oyen las muestras de aflicción de los detenidos iraquíes, que reiteradamente emiten sonidos profundos, exponentes del sufrimiento que están padeciendo”, prosigue el auto. Y agrega: “Ninguno de los presentes actuó, pudiendo hacerlo, para impedir las agresiones que veían que los tres anteriores realizaban. Como tampoco ninguno de ellos mostró disconformidad ni recurrió a un superior, antes al contrario participaron en la humillación con su presencia solidaria y sus risas”.

Si la agresión se grabó, agrega la juez, no fue por voluntad de que saliera a la luz, “ni mucho menos de entregarla a la autoridad judicial, sino que se trataría de un vídeo de consumo interno o de un recuerdo de misión”. Su objetivo era “incrementar la humillación y cosificación de los iraquíes”. Fue ese vídeo el que, una década después, acabó haciendo público EL PAÍS.

La juez procesa al capitán ahora destinado en el servicio secreto —en el momento de los hechos, teniente de la Legión— porque, aunque no participó en la agresión, era el comandante de la guardia y, como tal, responsable de la custodia de los prisioneros. “Era necesaria su aprobación para llevar a cabo una actuación tan grave”, argumenta, “tanto más cuanto el grupo [...] parece actuar sin ningún miedo a ser descubierto”.

Por el contrario, exculpa al legionario que grabó la escena, argumentando que recibió la orden de acudir a la celda sin saber a lo que iba, al contrario que sus compañeros. Además, ha dado muestras de arrepentimiento y ha colaborado con la justicia. Podría acusársele de no denunciar los hechos en su día, pero la juez recuerda que varios de los implicados amenazaron a quien hablara y que ese delito (falta de denuncia) ya habría prescrito.

Pacto de silencio en la Legión

Si se ha tardado tanto tiempo en conocer lo sucedido en Irak ha sido porque ha funcionado un pacto de silencio, una especie de omertà, en el seno de la Legión. “Todo el mundo en Ronda sabía de lo sucedido en Irak en 2004”, pero se llegó a un acuerdo a fin de que “el vídeo y las personas implicadas no salieran a la luz”, declaró a la juez uno de los legionarios, quien reconoció que “se montó un gran revuelo en la Legión de Ronda” cuando EL PAÍS difundió la grabación.

El auto alude a “supuestas actuaciones de mandos [del Tercio destinado en esa localidad malagueña] tendentes a presionar al caballero legionario [que grabó el vídeo] para que no declarara ante la autoridad judicial”, lo que podría suponer un delito de obstrucción a la justicia. También se hace eco de una conversación telefónica entre dicho legionario y su capitán en la que al primero, tras prestar declaración ante la juez, “se le percibe que está avergonzado y con miedo porque considera que ha cometido traición al romper ese pacto de silencio”.

Pero el episodio más sorprendente se produjo el pasado 28 de junio, inmediatamente después de que el legionario que grabó el vídeo hubiera prestado declaración y antes de que ingresase durante una semana en prisión preventiva.

El secretario del juzgado dejó constancia de “la sorpresiva e inmotivada presentación de un capitán de la Legión”, alegando que un superior suyo le había mandado para que exigiera el teléfono del abogado de oficio que asistía al legionario que había prestado declaración. El capitán añadió que “no se le podía meter en prisión [al legionario] porque habían pasado más de diez años”. ¿Diez años de qué? Las diligencias estaban declaradas secretas y nadie había dicho hasta entonces que los agresores del vídeo fueran legionarios.

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