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Del Estatuto a la independencia sin pacto fiscal

Cataluña votó por aplastante mayoría la Constitución y convivió 34 años sin tensiones

Manifestantes en la Diagonal de la capital catalana el día de la Diada.
Manifestantes en la Diagonal de la capital catalana el día de la Diada. GIANLUCA BATTISTA (EL PAÍS)

El 6 de diciembre de 1978 Cataluña dio un “sí” aplastante (91% de los votos, tres puntos más que la media nacional) a la Constitución, que instauraba el Estado de las Autonomías y la indisoluble unidad de la nación española. 36 años después de aquella votación, el Gobierno de CiU impulsa el proceso para la independencia de Cataluña con instrumentos normativos que, según los expertos, son contrarios a la Constitución.

Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno entre 1982-1991 y uno de los políticos que participó más activamente en la elaboración de la Constitución, declaró hace solo unos meses a EL PAÍS: “Los nacionalistas dijeron en 1978 que tenían suficiente. Fuimos ingenuos”.

23 años de paz territorial. Durante los primeros 23 años de gobierno nacionalista en Cataluña no se registraron tensiones territoriales graves relacionadas con la reivindicación de independencia. Con Jordi Pujol al frente del Ejecutivo catalán (1980-2003) la única presión recurrente se llamaba financiación autonómica. Las peticiones de CiU, partido cuyos votos en el Congreso de los Diputados garantizaron la estabilidad de distintos gobiernos de PSOE o PP, provocaron en dos etapas distintas la reforma de la Ley de Financiación para mejorar los recursos de las comunidades, entre ellas Cataluña.

El Gobierno catalán fue, durante aquellos años, el motor de los cambios legislativos que tenían que ver con el dinero que repartía la administración central entre las autonomías.

2001. "El mejor modelo de financiación que hemos tenido nunca". En 2001, el Ejecutivo de José María Aznar (PP) pactó con CiU un nuevo modelo, con cesión de a las autonomías de un porcentaje de determinados impuestos estatales. El cambio fue bendecido por los nacionalistas catalanes: “Es sin duda un paso adelante, es el mejor modelo que hemos tenido nunca, con una mejora cualitativa y cuantitativa porque aporta más recursos al sistema de financiación autonómica en sentido global, y en el caso particular de mi grupo, en Cataluña”, afirmó en el pleno del Congreso el diputado de CiU Heribert Padrol i Munté.

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2009. "Estamos federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña". Ocho años después, con un Gobierno tripartito en Cataluña (PSC, ERC e ICV), se aprobó una nueva Ley de Financiación Autonómica que mejoraba en 11.000 millones de euros los recursos que llegaban a las comunidades. El PP votó en contra con el argumento de que aquel modelo era un traje a la medida de Cataluña.

ERC e ICV, dos de los partidos que defienden ahora la consulta en Cataluña, alabaron en el Congreso el cambio legislativo: “Lo que estamos haciendo con el nuevo modelo es federalizando el Estado con liderazgo desde Cataluña”, señaló entonces el portavoz de ICV, Joan Herrera.

La nueva Ley de Financiación llegó cuando Cataluña tenía ya un nuevo Estatuto de Autonomía (2006) impulsado por el Ejecutivo tripartito de izquierdas y pactado en última instancia por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Artur Mas, líder de CiU, que entonces estaba en la oposición.

El Estatuto de 2006 tuvo el 73,9% de los votos a favor, con una participación del 48,9%. El texto aprobado no establecía la independencia de Cataluña. Tan sólo recogía en su preámbulo que el Parlamento autónomo consideraba a Cataluña una nación y se remitía en muchos de sus artículos a la Constitución española.

2010. El Constitucional deroga 14 artículos del Estatuto catalán. El PP recurrió contra la mitad de los más de 200 artículos del Estatuto ante el Tribunal Constitucional, que tardó cuatro años en dictar sentencia. El 28 de junio de 2010, en plena agonía del Gobierno tripartito de Cataluña, se hizo pública una sentencia que estimaba parcialmente el recurso del Partido Popular al considerar inconstitucionales 14 artículos e imponer una interpretación determinada a otros 27. La sentencia declaraba que carecía de “eficacia jurídica interpretativa la referencia del preámbulo a Cataluña como nación”, que se mantuvo. “La Constitución”, señalaba el fallo, “no conoce otra que la nación española”.

El Tribunal consideró inconstitucional la parte del artículo 6 que señalaba que el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña. La palabra “preferente” fue eliminada del texto por la sentencia. Además, en uno de sus fundamentos jurídicos, establecían que el Estatuto no podía establecer el deber de conocimiento de la lengua catalana, y en otro recordaba que las lenguas reconocidas como vehiculares en la enseñanza eran el castellano y el catalán, y no solo el catalán.

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El Constitucional determinó también que el Defensor del Pueblo español podría actuar respecto a la administración catalana, algo que el Estatuto hacía inviable, y derogó el artículo 95 que establecía un Gobierno propio de los jueces en Cataluña.

La sentencia provocó una manifestación encabezada por el entonces presidente catalán, el socialista José Montilla, pero no desencadenó entonces la reivindicación de independencia. Unos meses después, en noviembre de 2010, el Gobierno tripartito pasó a mejor vida con unos malos resultados que les dejaron muy lejos de la mayoría absoluta necesaria para gobernar. CiU recuperó su hegemonía con 62 escaños y regresó al Ejecutivo de Cataluña que había perdido siete años antes.

Crisis, recortes sociales, y 44.000 millones de deuda. La crisis complicó el mandato de Artur Mas, que se vio obligado a aprobar, como ocurría en el resto de España, recortes muy dolorosos en servicios sociales básicos, lo que desencadenó fuertes protestas sociales. La situación financiera de Cataluña era, para entonces, desesperada (casi 44.000 millones de euros de deuda, el 22% de su PIB). En alguno de los ejercicios, el Gobierno convergente llegó a tener problemas para pagar las nóminas de los funcionarios.

2011. Diada sin independencia y contra las sentencias de la lengua. La Diada del primer año de Gobierno de Mas (11 de septiembre de 2011) no habló de independencia ni de consultas de autodeterminación sino de lengua, debido a una resolución judicial que defendía el uso del castellano en las aulas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aplicando una sentencia del Supremo de unos meses antes, había dado dos meses de plazo para implantar el castellano en la escuela pública como lengua vehicular.

El presidente catalán cerró el acto protocolario de la jornada festiva con un aviso: "La transición nacional catalana se está haciendo. En las mentes de la gente de Cataluña cala un sentimiento de mayor soberanía y libertad”. Una manifestación independentista con 10.000 personas recorrió algunas calles de Barcelona.

2012. No al pacto fiscal, primera manifestación independentista multitudinaria. Sólo un año después, con más recortes y más protestas, cientos de miles de personas tomaron las calles del centro de Barcelona bajo el lema Cataluña, un nuevo Estado de Europa, en la manifestación más multitudinaria jamás convocada por un grupo independentista, en este caso la Asamblea Nacional Catalana. Nueve de los 11 consejeros de la Generalitat asistieron a la marcha, que concluyó en el Parlamento autónomo, donde los convocantes reclamaron a Artur Mas que iniciara la secesión.

El presidente catalán apostó entonces todo a una carta para salir del atolladero de la crisis: el pacto fiscal. Se trataba de una reclamación al Gobierno central para recibir un trato financiero privilegiado respecto al resto de comunidades del régimen común, lo que implicaría menos dinero para las mismas y mucho más para Cataluña.

El 20 de septiembre de 2012 acudió al Palacio de la Moncloa con su ultimátum pero Rajoy se negó. Sin pacto fiscal y con el ánimo independentista más encendido que nunca, Artur Mas convocó unas elecciones envuelto en la bandera soberanista por el supuesto maltrato e incomprensión del Gobierno central.

Y fracasó.

CiU bajó de 62 a 50 escaños, y ERC, el partido más claramente independentista logró el mejor resultado de su historia con 21 escaños. Ambos partidos iniciaron entonces el camino hacia la independencia de Cataluña.

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