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El Gobierno encuentra respaldo para intentar sacar medidas anticorrupción

Izquierda Plural no participará en las negociaciones sobre regeneración

Anabel Díez

La ronda del Gobierno y del PP con los grupos de oposición para calibrar sí existen bases de acuerdo para sacar un bloque de medidas de regeneración democrática arroja un resultado "esperanzador" para los primeros y con posibilidades de fraguar para el resto. Todos menos Izquierda Plural. Este grupo no acudirá a ninguna otra reunión de esta naturaleza. Se verán las caras con luz y taquígrafos en el Parlamento cuando las propuestas del gobierno y del resto de los grupos que participen se hayan convertido en una proposición de ley, si es que llega a pasar. Entonces IU, ICV y CHA, como con cualquier otra norma, las examinará, enmendará y votará. Esta es la conclusión de José Luis Centella y Joan Coscubiela, portavoces de IU e ICV, después de la primera y última reunión mantenida ayer con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, y el secretario general del grupo parlamentario, José Antonio Bermúdez de Castro.

Antes estos interlocutores habían mantenido una reunión con UPyD y el PNV y el día culminó con la entrevista con CiU. Hoy culminará la primera ronda con el grupo mixto. El grupo socialista, representado por su portavoz, Antonio Hernando, y el diputado José Enrique Serrano, representante socialista en todas las negociaciones para asuntos de Estado de carácter constitucional, prepara su propio bloque de medidas de regeneración que se unirán a los dos proyectos del gobierno que servirán de bases para la negociación: Ley de financiación y control financiero de los partidos políticos y un Estatuto para el Alto Cargo. Las conversaciones no serán a humo de paja, con independencia de los apoyos que pueda tener, toda vez que el Gobierno está decidido a sacar adelante estas leyes antes del 31 de diciembre. Esta voluntad la comparte buena parte de la oposición, también el PSOE, pero el final no está escrito.

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Decir no a aprobar y debatir propuestas de regeneración democrática va a tener dificultades por lo que las expectativas de llegar a algún acuerdo son razonables, según reconocen en todos los grupos. Desde el PSOE, hasta UPyD, CiU y PNV, y hoy los representantes del grupo mixto, con la misma actitud, no tienen inconveniente en extremar el control sobre las finanzas de los partidos, reducir el número de aforados y articular una normativa estricta sobre el comportamiento de los altos cargos.

Hay mucho material ya recopilado, habida cuenta de que el Gobierno ha trabajado en esas normas desde hace un año y que el resto de los grupos han hecho lo mismo.

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Una vez terminada hoy la ronda con los partidos, la próxima semana continuarán los trabajos y las conversaciones ya sin publicidad para ir avanzando en la redacción de las propuestas. Al final, será el gobierno quien haga la compilación y la redacción y empezará la tramitación parlamentaria ordinaria. “La ventana de oportunidades se cierra en diciembre”, ha remachado el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso.

Al final de este período de sesiones una legislación anticorrupción habrá sido aprobada por el Congreso y saldrá de camino al Senado para que sean oficiales en el mes de febrero. Ya se verá cuántos grupos unen sus votos a estas primeras medidas de regeneración democrática.

La oposición presentará su propia batería de propuestas

Al tiempo, el líder del primer partido de la oposición, Pedro Sánchez, lleva su propia agenda y quiere presentarse y cambiar impresiones con todos los portavoces parlamentarios.

Hoy mismo ya tiene cita con la portavoz de UPyD, Rosa Díez. Aunque su primera reunión, al día siguiente de ser elegido secretario general, fue con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Presión para no tocar la ley electoral

A. D. / C. E. C., Madrid

No hay en este momento la menor posibilidad de acuerdo del Gobierno con ningún grupo para sacar adelante la reforma anunciada de la ley electoral con la que el PP pretende favorecer que en los ayuntamientos gobierne siempre el partido más votado. Ayer se lo volvieron a decir todos a través de una interpelación del diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán. Al Gobierno no le ha cogido de sorpresa. El rechazo de esa reforma llevó al Ejecutivo a dar pasos atrás el pasado lunes en una reunión con el PSOE: el PP aceptó entonces que la negociación sobre la ley electoral se sacara de las conversaciones sobre el bloque de regeneración democrática y se llevará a una mesa de partidos.

Los socialistas acudirán a esa primera reunión —que convocará María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, o Carlos Floriano, vicesecretario de organización, y estarán “un minuto”—. Lo justo para decir que cualquier conversación para cambiar la ley electoral tendrá que esperar a que se celebren las elecciones municipales del próximo mayo. “Que nos llamen a partir del 1 de junio”, señalan en fuentes socialistas. La misma tesis sostienen los demás grupos.

No hay lugar para entrar en detalles porque la oposición no quiere oír hablar de cambiar la ley electoral a pocos meses de que se celebren las elecciones municipales. Lo más suave que se dice es que el Gobierno quiere dar “un pucherazo electoral”.

Los populares entienden que van a favor de corriente al afirmar que los ciudadanos quieren que gobierne el alcalde más votado “y no una coalición de perdedores” con un programa electoral desconocido, según dijo ayer el diputado del PP Juan Carlos Vera. La presión para que la ley no salga va a continuar, toda vez que la oposición detecta que el Gobierno no va a dar esta batalla hasta el final.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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