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Anticorrupción duplica en un año sus querellas y denuncias

El Fiscal General del Estado hace publica la memoria anual y reclama reformas legislativas

María Fabra
Felipe recibió la memoria de la fiscalía de manos de Eduardo Torres-Dulce el pasado día 3.
Felipe recibió la memoria de la fiscalía de manos de Eduardo Torres-Dulce el pasado día 3.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada presentó, durante 2013, el doble de denuncias o querellas que en 2012. Así lo desvela la memoria de la Fiscalía General del Estado que esta mañana presenta Eduardo Torres-Dulce en el acto de apertura del año judicial. Respecto a los delitos que han perseguido los 110 fiscales que forman parte de esta sección, 131 de los procedimientos se siguieron por delitos contra la Administración Pública, 68 por fraudes, 101 por delitos contra la Hacienda Pública, 69 por delitos de blanqueo de capitales y 18 por delitos de asociación ilícita y organización criminal.

La memoria recoge datos generales que muestran cómo los fiscales presentaron 287.740 escritos de calificación provisional, asistieron a 171.455 juicios orales por delito, y alcanzado acuerdos con la defensa en el 34% de los mismos. Las diligencias previas incoadas en el año sumaron 4.036.984.

El Fiscal general del Estado ha aprovechado además la memoria para insistir en la necesidad de unas reformas legislativas que ya reclamó durante la presentación del libro blanco de la fiscalía. “Ante la incertidumbre de los cambios legislativos anunciados en relación con la reforma del proceso penal, la Fiscalía general ha identificado una serie de áreas de mejora cuya reforma puede abordarse sin necesidad de esperar a que se produzca el cambio de modelo”, señala la memoria de Torres-Dulce. El Fiscal General del Estado habla así de la “imperiosa necesidad de un redimensionamiento funcional del Ministerio Público”, para “suprimirse o restringirse determinados cometidos que le han sido asignados sin justificación, desconectados de su esencia y alejados de su función”.

En la memoria, recomienda también evitar la criminalización de conductas que sean consecuencia de situaciones desesperadas de personas que "siguen sufriendo en sus carnes las gravísimas consecuencias" de la crisis económica. En el lado opuesto, reclama "extremar el rigor" en la persecución de aquellas actividades defraudatorias que causen la pérdida de puestos de trabajo o perjuicios a pequeños ahorradores.

Cada una de las fiscalías especializadas ha presentado los resultados de su actividad. En ellas destaca una de las apreciaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que sostiene que la actividad de investigación del terrorismo “ha descendido respecto al terrorismo de ETA por razones de todos conocidas, pero se ha mantenido en cuanto al terrorismo yihadista, y se ha incrementado en lo que concierne al terrorismo vinculado con el independentismo radical gallego y con el anarcoinsurreccionalismo”.

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace referencia a grupos como Iraultzaileen Bilguneak (IBIL), constituidos como facción disidente de la organización terrorista ETA. Sobre estos, señala un incremento de su actividad aunque indica que "sin que hasta el momento hayan realizado otra actividad que la de proselitismo de la actividad terrorista de ETA", señala la Memoria.

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En el caso de la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer, destaca su observación final: “El escasísimo porcentaje de causas incoadas cada año por delito de acusación y denuncia falsa –120– en relación al número de denuncias por violencia sobre la mujer interpuestas –657.084–, que supone un 0,018% es suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de denuncias falsas en materia de violencia sobre la mujer”. Y añade: “Si hallamos la proporción en relación a los procedimientos en los que se ha dictado sentencia condenatoria –33– resulta que sólo el 0,005% se ha acreditado que eran falsas. Si a éstas sumamos las causas en tramitación, para el caso de que resultaran pronunciamientos condenatorios, el porcentaje final máximo será de 0,010%”.

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