Rajoy garantiza que tiene listas “todas las medidas” para frenar el referéndum

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso tranquilizar este lunes a todos los que le critican por no hacer nada ante el desafío catalán y lanzó un mensaje claro ante la cúpula del PP: "Siempre hemos dicho lo mismo. Vamos a defender la Constitución, la unidad de España y la ley. No va a haber referéndum. La ley se va a cumplir. El Gobierno tiene preparadas todas las medidas que hay que tomar si alguien pretende celebrar una consulta ilegal", dijo Rajoy, según varios de los presentes, ante el Comité Ejecutivo del partido, compuesto por los barones autonómicos —aunque hubo muchas ausencias—, alcaldes, ministros y dirigentes clave.

Rajoy, como es habitual en estas reuniones, habló a puerta cerrada y después no compareció para explicar a qué se refería al asegurar que tiene en marcha "todas las medidas" para frenar la consulta ciudadana en Cataluña. Según fuentes del PP, parte de su estrategia pasa por recordar a todos los funcionarios —estatales, autonómicos y locales— la obligación de cumplir la ley.

Carlos Floriano, portavoz del PP, fue el encargado de detallar que el presidente estaba hablando sobre todo del recurso al Tribunal Constitucional que el Gobierno ya tiene preparado para cuando el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de consultas y el president Artur Mas decida convocar el referéndum acogiéndose a esa ley. Se hará, casi con seguridad, con dos recursos: uno para le ley y otro para la convocatoria.

"Lo que decimos es que están preparadas ya todas las decisiones que haya que adoptar si se sigue en la decisión ya apuntada por el presidente de la Generalitat de que esa consulta se celebre", explicó Floriano. ¿Y qué medidas son esas?, le preguntaron. "El presidente se refiere a la hipotética convocatoria de la consulta, en cuyo caso hablamos de los recursos que ya están planteados". Ante la insistencia para saber cuáles serían las medidas del Gobierno si la Generalitat insistiera en sacar las urnas a la calle, Floriano contestó: "Nos hemos referido a esos dos recursos. A partir de ahí, creo que es bueno esperar a lo que venga y no hacer planteamientos a priori".

En realidad, el Gobierno lleva semanas trabajando en el día posterior a la aceptación a trámite del recurso contra la convocatoria del referéndum. Ese es el momento clave, a principios de octubre. Hasta ahí, todo el guión está ya escrito: el Parlament aprueba la ley de consultas; Mas convoca inmediatamente el referéndum sin que dé siquiera tiempo a recurrir la ley y mucho menos al Constitucional a pronunciarse; y el Gobierno presenta sendos recursos contra ambas decisiones pidiendo la suspensión automática.

En unos días, el Constitucional resolverá y en el Ejecutivo no hay ninguna duda de que admitirá a trámite los recursos, lo que implica la suspensión automática de le ley y de la consulta, según el artículo 161.2 de la Constitución, que señala: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

Las dudas surgen después. ¿Acatará Mas esa resolución o cederá a la presión de ERC y parte de Convergència para sacar las urnas a la calle? Los miembros del Gobierno consultados en los últimos días están convencidos de que el president acatará. Algunos incluso señalan que eso se pactó en la reunión que mantuvieron Rajoy y Mas en La Moncloa a finales de julio. Sin embargo, por si acaso no sucediera y Mas optara por la otra vía, el equipo del presidente tiene preparado el otro escenario.

Rajoy no se plantea ninguna medida drástica, como suspender la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución. Cuando se le ha preguntado sobre esto, siempre ha huido de esa salida extrema. En lo que sí trabaja el Ejecutivo es en poner en marcha toda la maquinaria del Estado para hacer cumplir una hipotética decisión del Tribunal Constitucional de suspender la convocatoria del referéndum. Eso incluye recordar a todos los funcionarios dependientes de la Administración central, autonómica y local, imprescindibles para organizar cualquier consulta o comicio, su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.

Esto es, no solo les recordará que no pueden colaborar de ninguna manera en la celebración de la consulta, ya sea abriendo colegios, colocando o vigilando urnas u organizando el recuento. También tienen la obligación de impedir que se celebre.

Rajoy, que tiene en esto el apoyo de sus socios europeos clave, como Angela Merkel, ya le ha trasladado a Mas que no se quedará quieto y hará que la consulta no se celebre, porque cree que el prestigio de España como "país serio" se juega en cosas así. Y cree que Mas no está dispuesto, como dijo él mismo, a "hacer el ridículo" con una consulta fallida. Pero, por si acaso, La Moncloa tiene los cálculos hechos.