Selecciona Edición
Iniciar sesión

El Gobierno da dos meses para negociar el paquete de regeneración

El Ejecutivo propone más transparencia en los indultos y menos gasto electoral

Rajoy durante su discurso en Pontevedra

El Gobierno ofreció ayer un gran pacto de regeneración democrática, al que le pone fecha: el acuerdo tiene que estar listo en dos meses. Ese es el plazo que da el Ejecutivo, que asegura que empezará inmediatamente a reunirse con todos los grupos. Lo hizo a través de un documento de 11 páginas, en el que reivindicó los proyectos que ha presentado hasta ahora como reformas contra la corrupción y en el que ofreció algunas otras novedades sin mucha concreción.

“Se abrirá un plazo de dos meses para el desarrollo de las negociaciones y la definición de propuestas, de forma que en el mes de noviembre pueda afrontarse la tramitación en comisión de las leyes y en diciembre sean aprobadas en el Congreso”, señala el texto, que en buena parte se dedica a desgranar las dos grandes reformas que ya ha presentado el Ejecutivo y que llevan meses bloqueadas en el Congreso: la ley de control de la actividad financiera de los partidos y la ley reguladora del ejercicio del alto cargo.

El Ejecutivo justifica el parón de estas normas en las elecciones europeas y el posterior proceso de sucesión dentro del PSOE. Pero ahora quiere acelerar su tramitación con un gran acuerdo, al menos con los socialistas.

Además de la limitación de los aforamientos, ya anunciado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista en EL PAÍS, el Ejecutivo acepta entrar en un asunto que hasta ahora no quería tocar: el control de los indultos. La Moncloa propone un debate para “aportar mayor transparencia a la concesión de indultos, de forma que, sin alterar su concepción como medida de gracia que atiende a las circunstancias de la persona y no al tipo de delito, se pueda ampliar la rendición de cuentas y, con ello, el control y la confianza sobre las decisiones de indulto. En este sentido, puede ampliarse la transparencia de estas decisiones, en particular desde el punto de vista parlamentario”.

También, de forma muy genérica, el Ejecutivo plantea “unificar los criterios sobre el momento del proceso penal en el que un responsable debe abandonar su cargo público o ser excluido de las candidaturas electorales”. Esto es, el habitual debate sobre si la imputación debe bastar o hay que esperar al auto de procesamiento o apertura del juicio oral.

Otra novedad que plantea el Ejecutivo del PP, que ha rechazado en varias ocasiones durante los últimos años propuestas similares cuando las planteaban en el Congreso los grupos de la oposición, sobre todo IU y UPyD, es la reforma de la iniciativa legislativa popular. “Planteamos la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y su papel activo en la presentación de iniciativas legislativas populares. Para ello, el PP respaldó la puesta en marcha de una ponencia sobre la Ley Orgánica reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular”.

También plantean reducir más los gastos de las campañas electorales, algo que ya se hizo al inicio de la legislatura. “Limitar los gastos derivados de las campañas electorales, en particular en lo que se refiere a publicidad exterior (como carteles y vallas electorales)”, señala.

El texto está lleno de elogios a lo realizado hasta ahora por el Gobierno, pero también admite que los ciudadanos reclaman ir más allá. “Hay que reforzar el sistema democrático y favorecer que los ciudadanos se sientan reconocidos y representados por aquellos a quienes han elegido”, explica. El Gobierno vuelve a defender en el texto la polémica reforma de la ley electoral, y la sigue planteando como una cuestión de “regeneración democrática”.

El Ejecutivo, además, promete que al fin va a empezar a aplicarse la Ley de Transparencia. “El próximo 10 de diciembre entran en vigor las obligaciones de transparencia para la Administración General del Estado. En los próximos dos meses, las unidades de información designadas en los ministerios, coordinadas por la Oficina de Transparencia que se acaba de constituir, volcarán los datos necesarios para cumplir las exigencias de publicidad activa, tras lo cual se iniciará un periodo de pruebas, en noviembre, para la puesta a punto del portal y su apertura al público a la mayor brevedad posible”, asegura.

 

Medidas en debate y otras nuevas

El Gobierno reivindica algunas medidas que ya ha presentado o aprobado:

- Reducción de la subvención estatal a los partidos. Se restringen las donaciones y se prohíbe la condonación de deudas bancarias por encima de 100.000 euros al año.

- Ley de Transparencia, incluyendo a partidos, organizaciones sindicales y empresariales, y entidades privadas con financiación pública mayoritaria, además de la Casa del Rey.

- Nuevo tipo del Código Penal que sanciona las conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. En esta norma, además, se recuperó la responsabilidad penal de los partidos políticos, que se había eliminado en 2010.

- Supresión de las cesantías que cobraban los ex altos cargos, para hacerlas incompatibles con la percepción de otra retribución, y limitación de los sueldos e indemnizaciones de responsables de empresas públicas y entidades bancarias intervenidas.

- Ley de Control de la Actividad Económica de los Partidos: prohibición de las donaciones de empresas o condonaciones de deudas. Nuevas exigencias de rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores y el Parlamento:

- Ley del alto cargo. Exigencia de no tener antecedentes penales por determinados delitos graves, como el terrorismo. Mayores controles sobre su situación patrimonial, para evitar enriquecimiento injustificado.

-  Obligación de aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación por parte de los partidos políticos.

- Publicación de información contable de los partidos, incluyendo balance y cuenta de resultados, créditos pendientes, así como las subvenciones recibidas y las donaciones de importe superior a 50.000 euros.