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Los datos contradicen las razones con que el PP defiende la reforma electoral

Los gobiernos locales de coalición no son más corruptos que los de mayorías

El Partido Popular ha lanzado su propuesta de reforma electoral para que gobierne el partido más votado en los Ayuntamientos con el argumento, entre otros, de que los Gobiernos de coalición son más corruptos que los formados por mayorías. De los 98 mayores Ayuntamientos de España, sólo 13 están dirigidos por Gobiernos de coalición y, entre estos, solo uno está afectado por un caso de corrupción. Es posible que, en caso de existir, las corruptelas de esta legislatura no se hayan desvelado todavía, pero lo cierto es que los grandes casos juzgados e investigados proceden de municipios dirigidos por gobiernos de mayorías, lo que contradice el argumento del PP.

Así lo señala además el investigador principal del Observatorio de los Gobiernos de Coalición de la Universidad de Barcelona, Josep Maria Reniu. “El compartir poder lleva a una mayor fiscalización y una menor arbitrariedad en la gestión de la cosa pública”, asegura Reniu, quien añade que otro de los motivos es la obligación de compartir información con los socios de gobierno mientras que en las mayorías, en ocasiones, se obstaculiza el acceso de la oposición a los datos. “El interés de los socios por tener unos buenos resultados les lleva a marcarse mutuamente”, asegura.

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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio del Interior

Los populares quieren imponer un cambio para que gobierne la lista más votada y evitar así pactos poselectorales locales e insisten en calificarlos de “golpes de Estado que se pactan en los despachos”, según las palabras del diputado Pedro Gómez de la Serna. La propuesta no se extiende a las comunidades autónomas.

Tránsfugas y democracia

La medida que mejor ha servido en los Ayuntamientos para evitar que se altere la voluntad de los ciudadanos en las urnas ha sido el pacto antitransfuguismo. Se firmó por primera vez en julio de 1998 y renovó en dos ocasiones (2000 y 2006) por las 16 principales fuerzas políticas del país, encabezadas por PP, PSOE, IU, CiU, ERC, PNV y BNG, para “fomentar y consolidar la conciencia social del carácter inadmisible y la naturaleza políticamente patológica de tales comportamientos, incompatibles con el sano funcionamiento de una democracia representativa en el nivel local”.

El acuerdo pretende evitar que intereses oportunistas cambien mayorías electorales y ha permitido la creación de la figura de los “concejales no adscritos”, de manera que los tránsfugas tienen vetada la integración en ningún otro grupo político y prohibidas las retribuciones que van a los partidos. Las dudas que surgen sobre qué miembros de una lista han incurrido en tales prácticas se dirimen en una comisión adscrita al Ministerio de Hacienda que no se ha reunido desde el 27 de diciembre de 2010 porque esas prácticas han ido desapareciendo de la vida municipal.

Sin embargo, el PP insiste en que es necesaria la reforma electoral para garantizar la gobernabilidad, y, como dijo el viernes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, “fortalecer la democracia”. La coordinadora del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, incluso ha ido más allá al decir que quien se opone a la elección directa “atenta contra la democracia”, argumentando que los partidos coaligados se “venden al mejor postor y negocian las alcaldías en los despachos”.

Sin embargo, los datos analizados muestran que la corrupción no está ligada en especial a las coaliciones. De hecho, uno de los pactos municipales alcanzado tras las elecciones de 2013, el de Lugo entre el PSOE y los nacionalistas del BNG, se dinamitó después de que se destapara el sumario de la Operación Pokémon, que investiga a una red de empresas por sobornos a cargos públicos. Donde no se ha roto el acuerdo es en el municipio canario de Telde (101.300 habitantes), donde la alcaldesa, del PP, está imputada por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, malversación de caudales públicos por favorecer a un constructor. Su partido gobierna junto a Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista. “El caso viene de atrás, de cuando el PP gobernaba con mayoría”, puntualiza el teniente alcalde, Pablo Rodríguez, de Coalición Canaria.

Numéricamente, el PP no tiene, atendiendo a los datos de los últimos comicios de 2011, argumentos para sostener que es necesaria una reforma urgente del sistema electoral por un problema de gobernabilidad, ya que el 80% de los municipios están en manos de mayorías absolutas. Aunque el PP niegue que la reforma que plantea tenga un objetivo electoral, se prevé una mayor fragmentación del voto para los próximos comicios de mayo de 2015.

El paradigma de la corrupción en España surgió en Marbella del gobierno mayoritario del fallecido Jesús Gil. La parte municipal del más destacado caso de entre los que se investigan actualmente, el caso Gürtel, surgió de municipios madrileños gobernados por mayorías, en este caso del PP, como Majadahonda, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte. También incluido en el caso Gürtel se investiga una presunta corrupción municipal por la que está imputado el exconcejal de Hacienda de Toledo, Lamberto García Pineda, extesorero del PP de Castilla-La Mancha, por una posible donación recibida por la firma de los contratos por la recogida de basura.

En Orihuela (Alicante), nueve de sus 25 concejales están imputados. El Ayuntamiento está regido por un gobierno de coalición formado por el PSOE y Los Verdes pero las imputaciones recaen en concejales del PP por una operación aprobada en la anterior legislatura, cuando los populares obtuvieron mayoría absoluta. Sobre ese mismo gobierno de mayoría se destapó otra de las grandes causas vivas hoy en los juzgados; el caso Brugal, también por concesiones. Otros casos menores han salpicado a gobiernos de mayorías, como el juicio que en 2010 llevó a varios concejales de Torrejón de Ardoz (Madrid) al banquillo, por un presunto delito de prevaricación, o el caso Quality Food, que investiga en Cádiz el desarrollo de una empresa para el saqueo de dinero público.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el exjuez Baltasar Garzón decretó en 2009 prisión para nueve ediles por la llamada Operación Pretoria, cuya investigación sigue abierta en la Audiencia Nacional con el exalcalde del PSC de la localidad como uno de los principales imputados. La propia Operación Pokémon afecta a localidades con mayorías absolutas, como Santiago —cuyos dos últimos alcaldes, del PP, han dimitido—, A Coruña, o Ferrol Boqueixón, O Carballiño, Cospeito en Galicia. También en gobiernos coaligados como el gallego de Ordes o el asturiano San Martín del Rey Aurelio.

Radiografía del mapa local

Un estudio de la Universidad de La Laguna (Tenerife) de 2013 cifró en 676 el total de los casos de corrupción urbanística que afectaban a otros tantos Ayuntamientos entre 2000 y 2010.

El informe desveló que el 44% de los casos afectaban a municipios gobernados por el PP, el 31,2% a los dirigidos por el PSOE, el 2,7% a gobiernos de IU y un 22,3% a partidos autonómicos, nacionalistas, regionalistas y locales que son, habitualmente, protagonistas de los gobiernos de coalición municipales.

 De las 17 comunidades autónomas, sólo cuatro no han registrado nunca un gobierno de coalición: Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Murcia. En todas las demás autonomías ha sido necesario, en alguna ocasión desde el inicio de la democracia, recurrir a pactos postelectorales que permitieran la gobernabilidad.Actualmente, cinco autonomías están gobernadas por coaliciones (Aragón, Andalucía, Cataluña, Canarias y Navarra). El PP participa en una de ellas (Aragón).

El 80% de los gobiernos de los 8.116 Ayuntamientos españoles tiene mayoría absoluta. De ellos, en 35 capitales de provincia los alcaldes gozan de mayoría absoluta. El PP fue el más votado en 40 de las 50 capitales y con 8,4 millones de votos en las últimas elecciones municipales, tiene 26.499 concejales. El PSOE tuvo 6,2 millones de votos, y 21.767 concejales.

En 32 diputaciones provinciales hay gobiernos de mayorías absolutas (25 del PP, seis del PSOE y dos de CiU).